El fiscal Luzón abrirá la puerta a que Aldama no entre en prisión, pese a no rebajar su pena
Fuentes jurídicas destacan la «colaboración importante» del comisionista, que ha permitido aflorar pruebas y delitos
Alejandro Luzón y Víctor de Aldama. | Imagen generada mediante IA
El juicio por el caso mascarillas se acerca a su fin con la duda de si el «nexo corruptor» de la trama, según la Unidad Central Operativa (UCO), Víctor de Aldama, se verá beneficiado por la aplicación de una atenuante muy cualificada. Esa fórmula supondría que el comisionista no volvería a ingresar en prisión. Tras la intervención de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió mantener la petición inicial de siete años (cuatro por pertenencia a organización criminal y otros tres por un delito continuado de cohecho) para cumplir con la superioridad jerárquica del Ministerio Público.
Fuentes jurídicas anticipan a THE OBJECTIVE un informe «contundente» del fiscal jefe Anticorrupción. Aunque no entrará en contradicción con su superior jerárquica, abrirá la puerta a que la Sala pueda rebajar en dos grados la condena de Aldama por su colaboración «determinante» en las investigaciones en cuanto a las diferentes causas sobre la corrupción en el seno del Gobierno y el PSOE. Si el tribunal asume el atenuante muy cualificado, el comisionista se libraría de entrar de nuevo en prisión. Quien sí rebajará su petición, de siete a 5,3 años (menos de dos años por delito), será la acusación popular, dirigida por el PP.
El informe de Luzón será el momento de mayor interés en la sesión final de este miércoles. Sus conclusiones serán determinantes de cara a lo que pueda acontecer en las próximas semanas, a la espera de sentencia. En el Tribunal Supremo se da por hecho que habría presiones por parte de Peramato y asumen la subordinación jerárquica a la que está obligada la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, las partes recuerdan también que «aquí cada uno hace su papel» y dejan constancia de su criterio.
El papel de Aldama
El de Luzón, desde hace semanas, viene a «poner en valoración una colaboración muy importante de Aldama» sin la cual no habrían podido probarse muchos de los indicios delictivos encausados, para aflorar pruebas que apuntalan los delitos de los que se acusa a José Luis Ábalos y Koldo García, para quienes el Ministerio Público solicita 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente. La acusación popular eleva su petición a 30 años para cada uno de ellos.
El fiscal jefe de Anticorrupción manifestó este lunes al tribunal que había introducido algunas modificaciones finales, entre las que se encontraba la consideración de que la confesión del empresario aportó «lo que era del todo desconocido para la investigación». Unos hechos que el Ministerio Público valora notablemente porque, según fuentes fiscales, sin su confesión «no habría podido demostrarse el modus operandi de la trama». La argumentación jurídica que prevé incluir Luzón en su informe final de conclusiones dejará entrever que era partidario de aplicar la atenuante muy cualificada para Aldama, tal y como sostiene su defensa, que ejerce el abogado José Antonio Choclán.
Peramato frenó las intenciones del fiscal jefe de Anticorrupción en una reunión que tuvo lugar hace unos días en la sede de la Fiscalía General del Estado. La jefa del Ministerio Público le transmitió que no consideraba procedente rebajar la pena de Aldama, especialmente tras los ataques del comisionista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó (sin pruebas) de saberlo todo y de ser «el uno» en el escalafón. Luzón asumió la indicación por el principio de dependencia jerárquica, como establece el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal (EOMF).
A pesar de eso, la asistencia letrada de Aldama confía en que el informe de Luzón sea lo suficientemente «contundente» como para llamar la atención de la Sala. Aunque no se trata de un informe «vinculante», abre un debate jurídico interesante y peliagudo sobre la figura del «arrepentido» y el «déficit normativo» existente sobre su colaboración en un entramado de corrupción, diferente del confidente de un caso de terrorismo y con diferentes implicaciones.
La tesis de la UCO
El tribunal empezará ahora a deliberar a propósito de una cuestión sobre la que ni siquiera el presidente, Andrés Martínez Arrieta, ha sondeado a sus miembros, y se desconocen sus posiciones. Al margen de las presiones gubernamentales y la acusación permanente del lawfare que sobrevuela en las manifestaciones gubernamentales y socialistas, existe también la duda de si «uno de los principales beneficiarios económicos de un delito de corrupción puede recibir ese beneficio por haber destapado un delito de cohecho».
Las defensas de Ábalos y Koldo García, en cambio, consideran que el papel que otorga la UCO a Aldama impide aplicarle la atenuante muy cualificada. Estas sostienen que Luzón se debe al principio de legalidad y que los testimonios (y los informes) de los agentes demuestran que el comisionista sería «el jefe real» de la trama y la persona que «paga y exige» al exministro y su antiguo asesor, por lo que debería modificar al alza su petición de penas de prisión.
En la jornada de este miércoles se leerán los informes de las partes y la petición de rebaja de penas de la acusación popular, que valora la contribución de Aldama con pruebas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. La última de ellas, la grabación de una conversación entre Koldo García y Ábalos sobre el reparto de una comisión de cinco millones de euros a cambio de mediar en una operación en la que el comisionista buscaba comprar uno de los edificios de la SEPI y que se paralizó por la supuesta intervención de Begoña Gómez. La abogada del asesor, Leticia de la Hoz, se quejó de que ese audio forma parte de una causa en la Audiencia Nacional.