Guerra de relatos: la UCO apunta a Aldama mientras Ábalos arremete contra los agentes

El juicio de las mascarillas entra en su fase decisiva. Las partes desarrollarán este miércoles una guerra de relatos con la lectura de sus conclusiones. José Luis Ábalos y Koldo García defienden que no obtuvieron mordidas por adjudicar la compra de mascarillas a una empresa representada por Víctor de Aldama y que tampoco facilitaron la contratación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas. Las pruebas recabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan en otra dirección. Los investigadores señalan al comisionista por corromper al exministro, mientras que este arremete contra los agentes. Una operación que inició incluso antes de que fuese imputado en la causa.

Los agentes de la UCO relataron el pasado 27 de abril en el Tribunal Supremo que Ábalos era «el jefe instrumental» de la trama porque llevó al comisionista y a sus socios a lugares donde por sí mismos no hubiesen llegado. No obstante, señalaron que el «jefe real» era Aldama, que tenía «a sueldo» a todo un ministro, cuya voluntad habría comprado gracias a una serie de prebendas. «Dentro de la presunta organización criminal hay personas con mayor peso, pero el que paga y exige es Aldama», insistió el teniente coronel Antonio Balas.

Las defensas de Ábalos y Koldo García consideran que el papel que otorga la UCO a Aldama impide aplicarle la atenuante muy cualificada que han avanzado las acusaciones populares. Estas solicitaron inicialmente la pena de siete años de prisión para el comisionista por su colaboración con la Justicia, pero la rebajarán a cinco años y tres meses en las conclusiones definitivas. Menos de dos años por cada delito, lo que evitaría que ingresara en un centro penitenciario.

Rebaja de pena para Aldama

El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, hará un alegato sobre la contribución de Aldama a la causa. Sin embargo, no modificará sus conclusiones, aunque sus intenciones también eran rebajar la petición de pena y aplicar la atenuante muy cualificada. Se lo impidió la fiscal general, Teresa Peramato, que no considera procedente rebajarla, especialmente tras los ataques del comisionista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó (sin pruebas) de saberlo todo y de ser «el uno» en el escalafón.

Luzón asume la indicación de Peramato por el principio de dependencia jerárquica, como establece el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal (EOMF). Las defensas, en cambio, consideran que el fiscal jefe de Anticorrupción debería modificar sus conclusiones sobre Aldama al alza porque se debe al principio de legalidad. Los abogados de Ábalos y Koldo García sostienen que los testimonios (y los informes) de los agentes de la UCO demuestran que el «jefe real» de la trama era el comisionista que «exige de manera contundente» al exministro y su asesor.

Los investigadores explicaron que Aldama consiguió penetrar en el Gobierno captando a Ábalos. En el juicio trataron de explicar su ascendencia con el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020, a pesar de que la entonces vicepresidenta de Venezuela tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen. Los agentes señalaron que a quien le interesaba esa visita era al comisionista, que elaboró la carta de invitación a la dirigente chavista y, tras enviarle el borrador a Koldo García, consiguió que el entonces ministro informara a Sánchez.

«El acceso a altas instancias es total», concluyeron los agentes. La UCO subrayó que el exministro y su asesor «en ningún momento han sido reacios» a los mandamientos de Aldama y califican de «fundamental» el papel de Ábalos, ya que sin él «no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones». Por eso le consideran el «jefe instrumental». Las defensas sostienen que, en todo caso, solo pueden ser los cohechados, ya que fue el comisionista quien acudió a ellos para corromperles.

Ábalos y la «contradicción» de la UCO

Aldama no confrontó las conclusiones de los agentes durante su intervención. Una actitud que contrasta con la de Ábalos, para quien el fiscal pide 24 años de prisión (19 y medio para Koldo García), cantidad que las acusaciones populares elevan a 30 años. El exministro comenzó su intervención reprochando a los investigadores que situaran mal el momento en el que conoció al comisionista, el 31 de agosto de 2018.

«No tengo una fecha precisa ni nada que celebrar; por tanto, es difícil que me acuerde. Tengo la impresión de que fue en el último trimestre de 2018 (…) Releyendo los informes de la UCO, es la propia UCO la que dice que yo estaba en Londres en esa fecha, así que me sorprende esa contradicción, que por un lado la UCO me sitúe en un vuelo, que tampoco sé por qué es de interés mi vida privada (…) en un momento que yo no estaba ni remotamente investigado (…) Me acompañaba como escolta el hermano de Aldama», explicó Ábalos.

La declaración del exministro estuvo cargada de ataques a la UCO, a la que reprochó no haber tenido en cuenta las nóminas de su exmujer Carolina Perles, rentas de alquiler y otros conceptos para atribuirle ingresos de origen desconocido por valor de 95.000 euros. Ábalos acusó a los agentes de tener «un sesgo permanente». La disputa viene de atrás, incluso desde antes de que fuese imputado, cuando solicitó a la Fiscalía que investigara a los responsables de una supuesta revelación de secretos sobre él y personas de su entorno.

Meses más tarde, Ábalos acusó a la UCO de «interceptar correspondencia privada» y vulnerar sus derechos al escuchar una llamada telefónica con su antiguo asesor sin que estuviese investigado, ya que entonces era diputado y para ello se necesitaba el suplicatorio del Congreso. La realidad es que los agentes tenían pinchado el teléfono de Koldo García, lo que les permitió captar una conversación clave en la que el asesor se comprometía a enviarle documentación.

Ábalos recrudeció su guerra con la UCO tras el informe que desveló una propiedad en Colombia cifrada en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros). Un día después, los agentes matizaron que, en realidad, se trataba de 2,5 millones de pesos colombianos, unos 751 euros. Un asunto que recordó la semana pasada en el juicio. Días antes de su intervención, volvió a acusar a los agentes de filtrar a este diario el pendrive del cónclave que defenestró a Sánchez como secretario general del PSOE en octubre de 2016.