Un general de la Guardia Civil pidió por orden de la directora datos de investigadores de la UCO
El sumario sostiene que el Cuerpo abrió expedientes a los agentes para presionarles y frenar las pesquisas al PSOE
La directora de la Guardia Civil. | GC
La investigación interna que inició la cúpula de la Guardia Civil contra la Unidad Central Operativa (UCO) llegó a requerir a este departamento, por orden de la directora, Mercedes González, un organigrama para poder «encuadrar» a los investigadores de las causas que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. También solicitó una «relación nominal» de aquellos agentes que tuviesen el rango de oficial, es decir, que estuviesen al mando de las pesquisas. La UCO enmarca estas actuaciones en la trama de Leire Díez. El sumario del caso sostiene que se reunió al menos tres veces con González entre 2024 y 2025 en las inmediaciones de la sede de la Dirección General que instó a la mandamás del Cuerpo a perseguir a los miembros de la unidad de élite por supuestas filtraciones a la prensa. Unos encuentros que a última hora del pasado jueves González admitió tras negarlos en el pasado.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, cree que esas acciones iban dirigidas en realidad a presionar a los agentes y torpedear los casos de corrupción próximos al PSOE. Tal como reveló hace una semana THE OBJECTIVE, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ordenó la apertura de tres informaciones reservadas contra la UCO y contra su entonces responsable, el coronel Rafael Yuste. Todas ellas por distintos artículos en la prensa y que en ningún caso prosperaron; de ahí que los investigadores sostengan que, en realidad, los procesos se utilizaban como un arma de presión.
La UCO acudió el pasado 27 de mayo a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid para recabar testimonios de distintos agentes implicados en esas investigaciones. Entre ellos, el ahora general de brigada Rafael Yuste y el coronel jefe de la Policía Judicial, el general Alfonso López Malo. Durante sus declaraciones, en calidad de testigos, ambos revelaron que, durante la última información reservada que se abrió a la unidad de élite, el 5 de septiembre de 2025, su instructor, el general jefe de Estado Mayor Leonardo Sánchez, les requirió conocer la estructura del departamento que «tuviese relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno».
Tres altos mandos de la UCO
La incoación de este proceso sancionador se producía, según refería verbalmente Sánchez, por una noticia en un medio de comunicación relacionada con la tensión que había en el departamento por la constante intromisión de «un peón de Marlaska», es decir, por el DAO de la Guardia Civil. En el marco de esas pesquisas internas, además, por orden de este último y de la directora del Cuerpo, Mercedes González, el jefe del Estado Mayor solicitó la declaración del general Alfonso Malo, del coronel jefe de la UCO Rafael Yuste y de un subordinado de este último, el jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, el teniente coronel Antonio Balas, por la supuesta filtración de esa supuesta noticia.
Desde la Jefatura de Policía Judicial, los citados mandos dieron respuesta a todos los requerimientos. En primer lugar, el 10 de septiembre, la UCO facilitó un organigrama de la unidad de Balas que daba cuenta «de los grupos que [la] conformaban y los números de identificación profesional de los agentes que [la] integraban con el empleo de oficial». Posteriormente, la semana siguiente, estos mismos responsables prestaron testimonio sobre la presunta filtración. Y todo ello pese a que, según declaró la semana pasada López Malo, la presunta filtración señalaba a otras unidades de la Guardia Civil, y el instructor jamás abrió una investigación contra estas.
El alto mando dejó entrever así ante los investigadores del caso Leire Díez que la instrucción de esa información reservada iba únicamente contra la UCO, pese a las referencias a otros departamentos policiales. Un mes después, el encargado de las pesquisas contra los oficiales les comunicó que se habían cerrado sin ningún tipo de responsabilidad.
Cabe destacar que todos estos procesos contra la unidad de élite se desencadenaron en pleno estallido de la trama Koldo, el caso de presunto fraude en adjudicaciones de obras públicas que sitúa como cabecilla a Santos Cerdán, y el del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez.
El aviso a González sobre la trama
Entre los mandos que prestaron declaración a la UCO también estuvo el jefe de Armas, Explosivos y Seguridad, el general Antonio Cortés, al que el DAO, Manuel Llamas, encargó las primeras pesquisas, en diciembre de 2024, contra los responsables de la unidad de élite por supuestas filtraciones de informaciones sobre el caso mascarillas, que apenas tuvieron recorrido. El encargado de esa investigación pidió permiso para iniciar las acciones al juez Leopoldo Puente, que rechazó autorizarle, dando protección a los investigadores de la causa. El magistrado incluso le advirtió de que abriría diligencias contra él y su superior —Llamas— en caso de que lo hiciera. Ante semejante escenario, tras comunicárselo al DAO, le ordenó cerrar la información reservada.
Este caso contrasta con las reticencias de la directora del Cuerpo a investigar a la trama Leire pese a los avisos de dos unidades: la UCO y la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Las declaraciones de Yuste y López Malo también apuntan a que González no dio traslado a la Fiscalía de las informaciones que tenía en su poder sobre los ataques que la fontanera del PSOE estaba orquestando contra las investigaciones de la UCO.
Las presiones contra los investigadores no solo se materializaron a través de las informaciones reservadas, sino también a través de órdenes directas. El DAO llegó a exigir al jefe de la UCO en julio de 2024 que, en las investigaciones que tuvieran afectación política, en relación con las que seguían contra dirigentes del PSOE y personas del entorno del presidente del Gobierno.
En concreto, con el caso de su hermano, David Sánchez, los agentes no debían ser proactivos en las mismas, sino que «debían ponerse de perfil», a la espera de que la autoridad judicial tomase la iniciativa. En un episodio similar, el exdirector del Cuerpo Leonardo Marcos llegó a exigir a Yuste y López Malo que aceleraran un informe sobre el caso y concluyeran que «no había nada». Nunca lo hicieron.