Jueces y magistrados opinan sobre el referéndum catalán

La convocatoria del referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre por la Generalitat catalana y la aprobación de las llamadas leyes de desconexión por el Parlament, han abierto aún más la brecha existente desde hace tiempo entre los gobiernos central y autonómico. La decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad para el establecimiento de una república no ha impedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, seguir adelante con la consulta en lo que, desde el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido calificado de claro desafío a la legalidad. Todo esto ha generado una situación hasta ahora inédita en el país, y el conflicto político ha dado paso a intervenciones judiciales, para unos necesarias y acertadas, para otros totalmente fuera de lugar o desproporcionadas.

Conocemos lo que opinan los partidos políticos, el gobierno central y la Generalitat sobre lo que está ocurriendo en torno a la referéndum del 1-O; conocemos, incluso lo que opinan los Mossos d’Esquadra sobre cómo deben actuar el domingo y el rechazo que para su ‘mayor’, Josep Lluís Trapero, supone la figura de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil designado por el Ministerio del Interior para coordinar a los cuerpos policiales el día 1, en medio de un despliegue de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña cuanto menos llamativo; y todo en medio de manifestaciones en las calles y esporádicos actos de violencia que, según la Fiscalía catalana y la Audiencia Nacional, podrían constituir delitos de sedición, en el marco de una creciente tensión que ha provocado una clara ruptura en la sociedad española, una división entre quienes están a favor de permitir el referéndum y quienes se oponen.

¿Y qué opinan de todo lo que está ocurriendo en Cataluña jueces y magistrados? Hemos hablado con varias de las asociaciones – Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Francisco de Vitoria (AFV) – que han aportado su punto de vista sobre las actuaciones de la Fiscalía catalana, sobre declaraciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, o el escenario que se abre después del 1 de octubre si, finalmente, se celebra el referéndum. Si la sociedad está dividida, también entre las asociaciones de jueces y magistrados hay opiniones diferentes.

¿Se ha judicializado un problema político?

Para Jueces por la Democracia (JpD), sí. «Entendemos que estamos ante un problema de naturaleza político y que, por tanto, el problema es la cohesión territorial de Cataluña en el Estado español; si esta integración de Cataluña se ajusta al modelo de 1978, si ese modelo ha quedado obsoleto y, por tanto, hay que reformarlo o no. Esta es un poco la división que se produce entre esos dos polos que son, por un lado, el encarnado por el Gobierno y por otro el capitaneado por el Govern de la Generalitat. El problema político exige, lógicamente, una solución política y además, es un problema en el que hay muchas cuestiones sentimentales y que, probablemente el 2 de octubre haya que sentarse a negociar entre los responsables políticos en el tema de competencias, de poderes o de recursos económicos», comienza diciendo su portavoz, Ignacio González.

«El protagonismo que no tienen los políticos porque no se han sentado a negociar, lo asumen involuntariamente otros agentes como son jueces, fiscales, policías. En el momento en el que el problema se judicializa, y desde la asociación creemos que indebidamente aquí hay una judicialización de la política, eso es tan criticable como la politización de la justicia». «Se trata de endosar al poder judicial la resolución de un problema tan complejo como es este, de naturaleza política y que, probablemente, exija una revisión constitucional».

 

 

Preguntamos al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, si considera que se ha podido judicializar el conflicto catalán. Su respuesta es contundente: “No, en absoluto”. Y a continuación puntualiza: “otro caso es que todo esto hubiera merecido un desarrollo de diálogo, de proceso político, de conversaciones, pero desde hace ya muchos años, porque la evolución de esta situación no se entiende si no nos fijamos de manera retrospectiva en lo que ha ocurrido años atrás y la evolución, en particular, de las transferencias a las Comunidades Autónomas, el hecho diferencial catalán que tanto tiempo atrás viene siendo objeto de debate…todo esto tenía que haber sido objeto de un cauce político hace años entre el Gobierno central y el autonómico, los grupos parlamentarios, los partidos; todo eso es verdad». «Pero si ahora nos encontramos, y lo hemos visto, con que una muchedumbre rompe cristales de los coches de la Guardia Civil, rodea el palacio de justicia, intenta coaccionar a los jueces, desobedece expresamente – y además lo lleva a gala – las resoluciones del Tribunal Constitucional, niega el orden constitucional, si todos estos hechos encajan en el Código Penal, no podemos estar hablando de judicialización de la política. No se está juzgando a nadie por sus ideas políticas».

«El propio TC reconoció que es legítimo defender como idea un proyecto y perseguir la independencia de Cataluña, pero esto tiene unos cauces legales y lo que se salga de esos cauces legales carece de validez normativa, no hay más legalidad que la que dimana de la CE; cuando tantas veces se nos ha dicho desde distintos foros que acudimos a un choque de legalidades, es mentira» y  «si todo esto se traduce en hechos ya más concretos que tengan encaje en el Código Penal, estaremos ante hechos delictivos donde el Poder Judicial no puede cerrar los ojos, no puede mirar para otro lado, y las fuerzas y cuerpos de seguridad tampoco, autonómica y del estado», puntualiza el portavoz de la APM.

 

«Si una muchedumbre rompe cristales de los coches de la Guardia Civil, intenta coaccionar a los jueces, no podemos estar hablando de judicialización de la política» – Celso Rodríguez (APM)

 

El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, el magistrado Raimundo Prado, con absoluta prudencia declara que “nuestra asociación siempre se ha caracterizado por no emitir opiniones políticas. Lo que nuestra asociación siempre ha tenido bien claro es que respetamos los valores constitucionales y dentro de estos, el Poder Judicial se encardina como uno de los esenciales, como un núcleo determinante en un Estado de Derecho. A partir de ahí, no voy a entrar en temas políticos”.

¿Ha acaparado la Fiscalía un protagonismo indebido?

Para JpD, una cosa debe quedar clara respecto al Poder Judicial, antes que nada. «Nosotros los jueces, desde el primer momento, hemos afirmado nuestro compromiso leal y firme con la Constitución Española y con el resto del ordenamiento jurídico; nos parece que el Parlament de Cataluña aprobó unas leyes que previamente sus órganos jurídicos habían advertido de su inconstitucionalidad y que, de hecho, esas leyes – tanto la de Transitoriedad como la del Referéndum – están suspendidas por el TC porque así lo establece la propia Constitución, que en los casos de impugnación por el Gobierno, se suspenden automáticamente las leyes de las Comunidades Autónomas; en este caso, ambas leyes están suspendidas en su vigencia y eficacia, con lo cual no se pueden tener como existentes en el ordenamiento jurídico», explica González que insiste en en que Jueces para la Democracia no pone «ninguna objeción» a la actuación del TC.

En cuanto al Poder Judicial propiamente dicho, a JpD no le cabe ninguna duda de que «los jueces van a actuar en todos los actos a los que se les sometan conforme a derecho, como no puede ser de otro modo». «¿Qué es lo que nosotros criticamos? Lo que criticamos es la actuación de la Fiscalía. Primero, en el tema de la citación de los alcaldes – que expresaron desde el primer momento su apoyo al referéndum – estamos ante unos hechos que es cuestionable que puedan resultar delictivos«. Aquí es cuando Ignacio González hace un inciso para explicar que el referéndum en sí, «que no tiene ningún amparo, ninguna cobertura jurídica, no es una cuestión penal» porque «la convocatoria de un referéndum unilateral era un delito, pero hoy ya no lo es».

Sobre la citación de la Fiscalía catalana a los alcaldes, «con el apercibimiento de ser detenidos, a nosotros nos plantea serias dudas». Así, González explica que el fiscal debería haber cedido las competencia al juez una vez que hay unos procedimientos judiciales, ya que es éste quien «debería realizar las citaciones para evitar, precisamente, instrucciones paralelas, lo cual puede ser, queda la duda, de si no es una actuación fraudulenta. Evidentemente, no es lo mismo que sea el juez, que tiene el principio de independencia, que a quien desde la Fiscalía General del Estado de Madrid se cursen esas citaciones».

Preguntamos también sobre la fiscalía y las órdenes dadas a los Mossos, que tantas críticas ha desatado por parte del propio cuerpo policial y del conseller de Interior, Joaquím Forn. «A la hora de la coordinación de los mandos policiales, con un fiscal actuando como un delegado de orden público, resulta cuando menos llamativo. Creemos que la actuación de la Fiscalía está siendo totalmente criticable y que está entrando como un elefante en una cacharrería en el tema catalán», critica González.

 

«El fiscal de Cataluña ha actuado como un delegado de orden público, está entrando como un elefante en una cacharrería» – Ignacio González (JpD)  

¿El hecho de que la Fiscalía haya acaparado tanto protagonismo, tiene que ver con lo excepcional de la situación o es a instancias del Gobierno?, preguntamos al juez de la APM. Celso Rodríguez responde sin titubear: “A instancias del gobierno, lo desconozco; que haya sido por la importancia de la situación tampoco sería nada extraño con las competencias del Ministerio Fiscal en la mano». Nos asegura que la actuación del fiscal es la prevista y nos muestra un montón de papeles sobre su mesa: «le puedo garantizar que muchos de los asuntos que ve aquí son a impulso del Ministerio Fiscal. Todos los delitos que se persiguen en España nacen con una querella del Ministerio Fiscal que se nutre de datos de la Agencia Tributaria y de muchas otras instancias».

En parecidos términos se expresa el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. Al igual que el juez de la APM, Prado nos habla del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), para justificar al fiscal de Cataluña. “La Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga una serie de facultades al Ministerio Fiscal previa a las actuaciones judiciales, y en ese sentido, no es una actuación extraña. La Fiscalía ha tenido conocimiento de unos hechos que en apariencia pudieran ser delictivos y ha actuado de acuerdo a la ley”. Sobre las críticas al fiscal por citar a los alcaldes que apoyan el referéndum, el portavoz de la AFV insiste en que “le faculta la ley y, por tanto, ha actuado conforme a la ley». Sobre  la tensión entre los Mossos y la Fiscalía catalana, contesta: «No sé dónde está el problema”, y añade riéndose a continuación: “sí puedo intuir dónde está el problema, pero los Mossos d’Esquadra, en principio, son como la Guardia Civil, como la Policía Nacional, tienen que actuar acatando las órdenes de quien tiene competencias para ello”.

Para Prado, lo que está pasando en Cataluña “es una situación desagradable para los jueces que están ejerciendo su trabajo en Cataluña. Los jueces prometemos o juramos cumplir la Constitución cuando tomamos posesión del cargo; ya sea en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona o en Cáceres, un juez tiene que cumplir con lo que ha prometido o ha jurado, que es cumplir la Constitución y ésta establece un sistema normativo, unas normas que hay que acatar, y esas leyes que están creando esa problemática – la ley de transitoriedad y la ley de referéndum – están suspendidas por el Constitucional y, por tanto, no son aplicables; y como no son aplicables no hay que cumplirlas. Eso crea problemas pero los jueces, y estoy seguro de que lo están haciendo bien, de manera serena, de manera responsable y sensata, están haciendo lo que tienen que hacer.

El fiscal general y la detención de Puigdemont

«La posibilidad de que se pida prisión para Puigdemont por malversación está abierta». Esta frase es del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una entrevista concedida al programa de Onda Cero, Más de uno, a comienzos de semana.

La frase puede sonar a amenaza, al menos para Jueces para la Democracia. «Para nosotros, esas declaraciones resultan amenazantes, resultan inoportunas e improcedentes», dice Ignacio González. Sobre todo si «es por un delito de malversación de caudales públicos, donde es más que suficiente una citación para acudir a declarar». En definitiva, JpD considera que las declaraciones de Maza son «desafortunadas y en eso hemos sido muy críticos porque creemos que no hay una proporcionalidad y, además, hay que pensar que las detenciones son estigmatizantes o humillantes en algunos casos y proceder a la detención del presidente de la Generalitat sería, desde el punto de vista político, un desastre«.

 

 

Si bien la APM no tiene nada que comentar sobre el fiscal general del Estado, su portavoz puntualiza que no entiende tales declaraciones como amenazantes. «Todo lo que está sucediendo en estos momentos en Cataluña con el comportamiento de las personas que llevan a gala esa ruptura radical con la legalidad constitucional, nos suena tan extraño, que soluciones que de ordinario resultan en el Código Penal lejanas pero que existen, cuando ahora salen a la luz, naturalmente pueden sonarnos también como extrañas; no creo que pueda entenderse en términos de amenaza esas palabras del fiscal general». «Quien se sienta amenazado, que se pregunte a sí mismo por qué», añade Celso Rodríguez.

El magistrado de la Asociación Francisco de Vitoria pasa de puntillas sobre el tema del fiscal general y reitera lo que dice la ley sobre las actuaciones judiciales. “Una vez que las diligencias las asume el juez, quien puede ordenar las detenciones es el juez. Estas declaraciones, supongo que se hicieron cuando la Fiscalía catalana llevaba el caso; ahora que lo lleva la autoridad judicial, será el juez quien decida». En todo caso, añade Raimundo Prado que «los presidentes de las Comunidades Autónomas están aforados, entonces sólo se les puede detener, al igual que a los jueces, cuando cometen determinados delitos…eso no lo he oído…que el señor Maza dijera que no descartaba detener al presidente catalán, yo no lo he oído”.

¿Qué escenario judicial se abre a partir del 1-O?

“La verdad es que estamos ante una situación inédita en la historia reciente de la democracia. Es una situación que yo calificaría cuando menos de grave y creemos que debe abordarse con prudencia, con serenidad, evitando echar más leña al fuego, y nosotros creemos que la actuación de la Fiscalía es precisamente lo contrario. La Fiscalía está teniendo un papel muy relevante en esta crisis, una papel que creemos que no le corresponde. El papel deberían tenerlo los políticos», dice Ignacio González, quien no se atreve a hacer una valoración sobre qué puede pasar después del domingo. «No sé» qué pasará. «Soy pesimista y creo que el 1 de octubre no va a ser el punto final; creo que esta situación se va a prolongar en el tiempo, que el referéndum es un punto más en esta escalada de confrontación entre el gobierno central y el gobierno autonómico; soy pesimista pero no sé cuál es el escenario judicial que se puede abrir el 2 de octubre».

Más claro parece tenerlo el portavoz de la APM. Si bien, admite que “es muy aventurado suponer que se van a cometer uno o varios delitos y cuáles», añade que»hasta ahora, lo único que podemos manejar son los hechos que han sucedido en estos días por parte de personas particulares, de responsables públicos también que están siendo ya investigados». «Confío en que impere de una vez por todas la sensatez y, por supuesto, también la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómica y del Estado, que puedan contener cualquier conato de disturbio que se produzca en el orden público», añade el juez Celso Rodríguez.

Por lo tanto, para el juez de la APM, «sin saber qué puede suceder en el futuro, lo que podemos es garantizar que los hechos que hasta ahora han dado lugar al inicio de actuaciones judiciales, si revisten los caracteres de delito, serán juzgados y, por lo tanto, quienes los haya cometido y puedan ser acusados a título de autor, tendrán que someterse por elemental exigencia del principio de igualdad ante la ley a un juicio, con todas las garantías, la primera de ellas, es el derecho constitucional a la presunción de inocencia». En definitiva, concluye, «esto es lo que va a suceder a partir del día 2, las causas judiciales continuarán su curso y aquellos hechos que hayan sido suficientemente constitutivos de delito, sin duda alguna serán juzgados. No estamos en la órbita política, los tiempos de la justicia, es verdad que se nos dice que son lentos, pero al final llegan».

«Si hay que intervenir, se cumple la ley, no hay ningún problema, no nos va a temblar el pulso»- Raimundo Prado (AFV)

 

Por último, preguntamos a Raimundo Prado por el escenario judicial que puede abrirse a partir del día 1. “Ni los analistas políticos, ni los periodistas se ponen de acuerdo en qué pueda ocurrir. Evidentemente, hay unas pautas que pueden darse el 1 de octubre, que se ha celebrado una referéndum, que se diga que ha ganado una mayoría del sí…¿eso qué puede conllevar socialmente? Socialmente, de hecho, existe ya cierta fractura en la sociedad catalana pero a nivel judicial, los jueces harán lo que tengan que hacer y cuando se cometan hecho delictivos tendrán que actuar junto con la policía y con la Fiscalía, y ojalá no se cometan. Ojalá transcurra todo en ámbito pacífico y todo esto quede en nada – judicialmente – y no haya que actuar, porque para los jueces no es agradable utilizar el Derecho Penal. El principio de intervención mínima nos obliga a que el ámbito penal sea excepcional. Los jueces, lo que queremos es intervenir lo menos posible, pero si hay que intervenir, se cumple la ley, no hay ningún problema, no nos va a temblar el pulso, como suele decirse”.