La directora del máster de Cifuentes admite que creó un acta falsa tras ser presionada

La directora del máster que cursó en 2012 Cristina Cifuentes ha reconocido en el juicio que creó un acta falsa, falsificando la firma de otras dos personas, para certificar que la expresidenta madrileña defendió su trabajo de final de máster (TFM) debido a las presiones de otros dos procesados.

En contexto: la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el juicio contra la expresidenta regional, quien se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y tres meses de cárcel por ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que acabó el máster y defendió su TFM; y contra dos trabajadoras de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Las otras dos procesadas son María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, y Cecilia Rosado, directora del Máster en Derecho Autonómico y Local impartido en el curso 2011-2012 por el Instituto de Derecho Público, asociado a esa universidad.

La Fiscalía imputaba a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, ser coautor indirecto del delito y le reclamaba por ello tres años y nueve meses de prisión, pero falleció en 2019.

Durante su declaración ante la Sección 15 de la audiencia madrileña, Cecilia Rosado ha reconocido que creó un acta «de un hecho que no había ocurrido», certificando que Cristina Cifuentes había hecho su TFM y había obtenido un notable, porque fue «presionada» por Álvarez Conde y Teresa Feito. Ha recalcado que el catedrático Álvarez Conde era «su jefe», su carrera dependía en parte de él, y «no se le podía decir que no sin que tuviera una consecuencia negativa».

Álvarez Conde la llamó 24 veces y le envió unos 15 mensajes de texto el día de la rueda de prensa en la que URJC dio su versión sobre el máster de Cifuentes (el 21 de marzo de 2018) tras saltar la polémica, y le dijo: «Cecilia, esto hay que arreglarlo, no se puede quedar así, porque si no va a tener consecuencias graves a nivel laboral». Le exigió -según su relato- «componer un tribunal» integrado por ella y otras dos trabajadoras de la universidad: Alicia López y Clara Souto.

Sobre Teresa Feito, ha explicado que Álvarez Conde le dijo que tenía que hablar con ella y lo hizo en varias ocasiones. Primero Feito le dice que el TFM «tenía que aparecer» y posteriormente que «había que hacer ese trabajo». Feito llegó a decirle: «Si no me la envías Cifuentes nos va a matar a hostias al rector y a nosotras, nos va a cortar la cabeza». Luego Álvarez Conde le propuso que le crease a él un correo de Gmail y desde el mismo enviase un correo al rector de la URJC y a otra persona, que le dijeron que era el responsable de comunicación de la universidad, con el acta creada. Una vez que reflexionó sobre lo ocurrido, Cecilia Rosado habló con sus abogados para «hacerse responsable de los actos» y «contar la verdad», y acudieron a la Fiscalía de Móstoles.

Previamente le pidió al catedrático Álvarez Conde, tras escucharle en los medios asegurar que ella «había llevado la voz cantante» en el caso máster, que le hiciera un documento en le que quedase claro que ella hizo el acta falta porque él la había presionado, y él accedió.

A preguntas del resto de defensas sobre otros casos que podrían ser similares al de Cifuentes, ya que los alumnos no fueron a clase ni supuestamente se evaluó su TFM, Rosado explicó que se trata de situaciones diferentes y que era el catedrático el que dijo que «los trabajos existían, que estaban bien y que firmara».

Al inicio del juicio el tribunal ha admitido una prueba solicitada por el letrado de Cifuentes, José Antonio Choclán, consistente en la aportación de un pendrive en el que se incluye una copia de seguridad de la agenda de Cristina Cifuentes en abril de 2012, cuando aún era delegada del Gobierno en Madrid. También ha aportado un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas y el TFM del máster.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se de traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial para que sea contrastado. Durante la mañana de este lunes continuarán declarando las tres procesadas.