Inmigración e impuestos: qué dicen los datos más allá de mantras y tópicos

Todos hemos escuchado el argumento de que «los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones». En sentido contrario, también se repite el mantra de que «los inmigrantes se quedan con todas las ayudas sociales» que deberían corresponder a los españoles. Como ocurre con casi todo asunto complejo, ambas afirmaciones simplifican en exceso una realidad que tiene mucho de matices y de gris.

Los movimientos migratorios tienen ventajas e inconvenientes. Y la realidad de la que debemos partir es clara: el mundo entero envejece, pero España lo hace a mayor velocidad que la mayoría de los países de nuestro entorno. Ese envejecimiento constituye un lastre tanto para la economía como, muy especialmente, para las arcas públicas. Desde esa perspectiva —que no es, ni mucho menos, la única que debe tenerse en cuenta— conviene plantearse una pregunta incómoda, pero necesaria: desde un punto de vista estrictamente fiscal, ¿la inmigración sale a cuenta?

La respuesta, como casi siempre en economía, es: depende.

Depende, naturalmente, del tipo de inmigración que recibamos. El saldo fiscal puede variar enormemente según la cualificación, la edad, el nivel salarial o la integración laboral de quienes llegan. Hay voces muy autorizadas, como la de mi coautor y amigo, el profesor Jesús Fernández-Villaverde, que sostienen que únicamente la inmigración más cualificada resulta «fiscalmente rentable a lo largo de su ciclo vital».

Conviene aclarar que considero a Jesús una voz especialmente cualificada no por haber escrito conmigo La factura del cupo catalán, ni mucho menos por nuestra amistad. Lo es porque fue el primer economista, al menos que yo conozca, en advertir con claridad que la natalidad se ha desplomado en prácticamente todo el mundo y que la población mundial alcanzará su máximo en pocos años, para comenzar después a disminuir.

En principio, los inmigrantes, como cualquier residente en España, pagan los mismos impuestos que correspondan según sus circunstancias. Ahora bien, nuestro sistema fiscal es marcadamente progresivo.

Eso significa, por un lado, que quienes más renta tienen consumen más y, en consecuencia, soportan una mayor carga por imposición indirecta. Pero además, España presenta uno de los mayores porcentajes de bienes y servicios sujetos a tipos reducidos de IVA dentro de la Unión Europea. En esa cesta encontramos de todo: desde productos básicos hasta entradas de ópera o conciertos.

Predominan, eso sí, los bienes de primera necesidad, lo que reduce la carga fiscal sobre el consumo esencial. Esta configuración es bastante ineficiente, porque supone subvencionar fiscalmente el pan o el queso para todos los consumidores, incluidos los más ricos. Sin embargo, tiene una consecuencia evidente: nuestra imposición indirecta —IVA e impuestos especiales— recauda menos y resulta menos regresiva que la de otros países.

Donde la progresividad española alcanza niveles especialmente intensos es en el IRPF, que además representa cerca de la mitad de la recaudación tributaria total.

Aquí conviene recordar algunas características del impuesto que suelen pasarse por alto. Las rentas laborales más bajas, en la práctica, no tributan. Y cuando hablamos de rentas bajas, nos referimos, aproximadamente, al entorno del salario mínimo.

En 2026, un contribuyente soltero y sin hijos que perciba 17.094 euros anuales no pagará IRPF. Se le practicarán retenciones, sí, pero al presentar la declaración le serán devueltas por aplicación de la deducción correspondiente, siempre que el primer tramo autonómico no supere al estatal. Esto significa que, si buena parte de los inmigrantes acceden a empleos poco cualificados, su aportación al IRPF será muy reducida.

El problema es que, al superar determinados umbrales de renta, la tributación se dispara. Así, si ese mismo contribuyente pasa de 17.094 a 19.000 euros anuales, terminaría pagando 1.343,32 euros de IRPF, un 7,07% de su renta. Esto implica que sobre esos 1.906 euros adicionales soportaría un tipo marginal efectivo cercano al 74%. Si añadimos además la correspondiente cotización a la Seguridad Social, calculada, en consecuencia, sobre una base superior, el resultado es llamativo: de ese incremento salarial cercano a los 2.000 euros brutos, al trabajador apenas le quedarían algo más de 438 euros netos. Estamos ante una auténtica trampa de la pobreza.

Como señalaba Milton Friedman, no merece la pena esforzarse por salir de determinados niveles de renta si una parte desproporcionada del aumento salarial se pierde entre impuestos y prestaciones sociales que desaparecen. Y si ese incremento salarial apenas compensa la inflación, entonces el aumento de la tributación efectiva empobrece directamente a quienes menos ganan.

Resulta dudoso que Friedman llegara a imaginar tipos marginales superiores al 70% para rentas bajas. Suena increíble, y desde luego no parece algo de lo que un Gobierno pueda sentirse especialmente orgulloso. Por eso, cuando Jon Echeverría, utilizando datos del ingeniero Jon González, expuso esta realidad en La Sexta, la reacción consistió en descalificar los datos antes que discutirlos. Victoria Carvajal lo relató con precisión en THE OBJECTIVE.

Con este marco fiscal, cabría esperar que la aportación de los inmigrantes al IRPF no fuese especialmente elevada. Y así sucede:

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al IRPF de 2023, aunque los extranjeros representan el 13,2% de la población residente en España, su aportación mediante cuotas resultantes de autoliquidación apenas alcanza el 5,5% de la recaudación total del impuesto. No se trata, obviamente, de ningún privilegio fiscal. Sencillamente, como sus rentas medias son inferiores, también lo son sus contribuciones.

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué cabe esperar de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Si estas personas ya residían en España, los impuestos indirectos que soportaban no variarán sustancialmente. Ya consumían y, por tanto, ya tributaban vía IVA e impuestos especiales. Cabe incluso la posibilidad de que algunos procedan de otros países europeos y se trasladen aprovechando el proceso de regularización.

En cuanto al IRPF, si afloran desde la economía sumergida y acceden al empleo formal, podrían empezar a tributar. Sin embargo, parece poco probable que lo hagan, al menos inicialmente, por encima del salario mínimo. Su aportación al impuesto sería previsiblemente incluso inferior a la media de los extranjeros que ya residen legalmente.

Es cierto que, al regularizarse, comenzarían a cotizar a la Seguridad Social. Aunque técnicamente las cotizaciones no son un impuesto, sí constituyen ingresos públicos vinculados a prestaciones futuras: desempleo, incapacidad temporal y, sobre todo, pensiones. Eso significa que a corto plazo aumentan los ingresos, pero también se generan derechos que implicarán mayor gasto público en el futuro.

Y a ello hay que añadir dos factores inevitables. El primero es la reagrupación familiar, que incrementará la demanda de servicios públicos como sanidad o educación. El segundo es el posible efecto llamada, particularmente en un contexto en el que España parece adoptar una política migratoria distinta de la de muchos de sus socios europeos, y no digamos nada de Estados Unidos, hasta hace poco uno de los países que más inmigración recibía del mundo.

Aun así, a corto plazo, el aumento de cotizaciones y la cobertura de vacantes laborales —que además genera actividad económica adicional y, por tanto, más recaudación— puede compensar otros costes. A medio y largo plazo, sin embargo, que esa operación resulte fiscalmente rentable con nuestro actual sistema de bienestar dista mucho de estar claro.

Tomando simplemente un dato: según la AIReF, cada pensionista recibe, de media, 1,6 euros en prestaciones por cada euro cotizado por él o por sus empleadores. Ese 60% adicional es real, incluso descontando la inflación. Y, además, el porcentaje es aún mayor en las pensiones más bajas.

Por tanto, si bien a corto plazo disponer de más cotizantes mejora la caja de la Seguridad Social, a largo plazo implica asumir mayores compromisos de gasto en pensiones, sanidad y dependencia. Es lo que hay.

Sigo creyendo que la inmigración es necesaria, especialmente en un país que envejece como España. Además, tenemos la fortuna de que una parte importante de ella, particularmente la procedente de Hispanoamérica, comparte idioma y presenta, en general, una integración comparativamente sencilla. Pero conviene abordar este debate con datos, no con mitos. Ni la inmigración ha disparado el gasto en «paguitas», ni va a resolver por sí sola nuestros desequilibrios fiscales.

Y, como ocurre con tantas cuestiones de enorme trascendencia nacional, este debate debería producirse donde corresponde: en las Cortes Generales, sede de la soberanía nacional, y no resolverse por decreto. España necesita un modelo migratorio. Hoy no lo tiene. Y creo, además, que los españoles tenemos derecho a participar en la definición de las condiciones para venir, residir y prosperar en nuestro país.

Estamos, probablemente, ante uno de los debates más importantes que tenemos por delante.