Abelardo de la Espriella y el Estado de derecho: una reflexión sobre Colombia

Es de sobra conocido cómo en el ejercicio de la abogacía penal se aprende pronto una lección que rara vez se discute con serenidad en el debate público: el Estado de derecho no se sostiene —solo— sobre declaraciones de principios, sino sobre la capacidad real de las instituciones para hacer cumplir la ley y proteger a las víctimas.

Cuando esa capacidad se debilita, el sistema deja de percibirse como justo y la confianza ciudadana comienza a erosionarse. Quienes hemos ejercido esta profesión en contextos de especial tensión institucional sabemos que la defensa del Estado no es una abstracción teórica, sino una práctica diaria que exige rigor, valentía y una comprensión profunda de la función del Derecho penal.

La defensa de las víctimas, la actuación ante los tribunales y la afirmación constante de la primacía de la ley fueron entonces no solo tareas jurídicas, sino un compromiso con la idea de que no puede haber convivencia democrática sin autoridad estatal.
Desde esa experiencia profesional resulta inevitable observar con interés debates que hoy se desarrollan en otras democracias, con problemáticas distintas pero con elementos estructurales comparables.

En muchos de los países más importantes de Hispanoamérica, ha cobrado relevancia la discusión sobre la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y eficacia institucional. En ese contexto, la figura del candidato presidencial y abogado colombiano Abelardo de la Espriella ha sido identificada por diversos sectores como representante de una sensibilidad jurídica que nos resulta familiar: la convicción de que el Derecho Penal solo cumple su función cuando el Estado ejerce su autoridad sin ambigüedades y con plena eficacia frente a la criminalidad y la percepción de impunidad.

Más allá de etiquetas o simplificaciones, lo relevante desde una perspectiva estrictamente jurídica es el trasfondo común. La experiencia española demostró que la fortaleza institucional no es contraria a la democracia, sino condición para su supervivencia. La actuación coordinada de jueces, fiscales, fuerzas de seguridad del Estado y abogados comprometidos con las víctimas permitió sostener el sistema incluso en los momentos de mayor presión.

«Desde la óptica del penalista, la defensa de las víctimas y del orden jurídico no es una opción política, sino una obligación profesional»

Esa misma lógica explica por qué observamos con atención a juristas de otros países que han asumido, en sus respectivos contextos, la defensa de un Estado capaz de garantizar la efectividad del Derecho. La trayectoria del Dr. Abelardo de la Espriella en la abogacía penal colombiana se inscribe precisamente en esa línea: la afirmación de que la ley no puede ser meramente declarativa, sino un instrumento eficaz de protección ciudadana.

Desde la óptica del penalista, la defensa de las víctimas y del orden jurídico no es una opción política, sino una obligación profesional. La idea de que el Estado debe garantizar la efectividad del Derecho constituye el núcleo de cualquier sistema democrático serio. Por ello, cuando en distintos países emergen voces que ponen el acento en la autoridad estatal y en la necesidad de instituciones capaces de cumplir su función, el análisis jurídico no puede quedarse en la superficie del debate político.

No perdamos la perspectiva: todo candidato presidencial, abogado, funcionario, político o buen ciudadano debe atender a la cuestión esencial: si las instituciones están o no en condiciones de asegurar seguridad, justicia y protección efectiva de los ciudadanos. Con el Dr. Abelardo de la Espriella esa premisa la tenemos clara. Ahora solo queda seguir firmes por la patria y velar por el Estado de derecho.

Artículo de José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fuster-Fabra, socios de FF Abogados.