Consulte aquí las 80 medidas del pacto entre PP y Vox para gobernar Aragón

El pacto de PP y Vox en Aragón que han firmado sus portavoces parlamentarios, Ana Alós y Alejandro Nolasco, respectivamente, recoge 80 medidas para llevar a cabo lo que consideran un «cambio político» en la comunidad con un «Gobierno estable» que dispondrá de mayoría absoluta en las Cortes regionales.

En el documento de acuerdo subrayan que ambos partidos suman la mayoría absoluta del Parlamento, con 35 diputados de 67, y se comprometen a poner en marcha un Ejecutivo «estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y tenga como ejes estratégicos la libertad, el desarrollo socio-económico, una fiscalidad justa, el impulso a las administraciones locales, la cohesión territorial y la igualdad de todos los aragoneses, vivan donde vivan».

El resto de ejes son la mejora de los servicios sociales, la educación y la sanidad pública, la protección de la mujer y la familia, la seguridad de los ciudadanos «y la potenciación de nuestra cultura y tradiciones». Asimismo, PP y Vox consideran que el Gobierno regional debe ser «un baluarte» de la Constitución, la unidad de España y la igualdad de los españoles frente a «cualquier intento de las fuerzas separatistas por atacar estos principios básicos que sustentan nuestro sistema democrático».

El acuerdo recoge que Jorge Azcón (PP) presidirá el Gobierno y que Vox tendrá la vicepresidencia primera, con las competencias de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, también la Consejería de Agricultura y Ganadería. Ambos partidos votarán a favor del candidato del PP a senador por designación autonómica y constituirán antes del 30 de septiembre una comisión de seguimiento del pacto.

Sanidad y educación

En el acuerdo programático indican que la sanidad aragonesa está «gravemente deteriorada y en retroceso por la mala gestión del Gobierno saliente» y apuestan por mejorar las retribuciones del personal; auditar la capacidad operativa real de los hospitales; promover la colaboración público-privada; mejorar el transporte sanitario urgente en todo el territorio; agilizar la construcción de los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel y elaborar un plan de choque de geriatría.

En materia de educación, abogan por un modelo en el que primen la libertad, la excelencia y la equidad, también que dé las mismas oportunidades al medio rural; garantizar la libre elección de centro; crear el ‘cheque escolar’; que los padres autoricen las actividades extracurriculares; «sacar la ideología de las aulas»; que la enseñanza infantil de cero a tres años sea gratuita; implantar el bachillerato concertado; crear nuevos grados universitarios en Huesca y Teruel; reducir la interinidad del profesorado y dignificar la labor docente.

Bienestar social y familia

«Es fundamental situar a la familia en el centro de todas las políticas públicas», continúa el documento, para lo que impulsarán medidas como el ‘cheque bebé’, crear la Consejería de Bienestar Social y Familia; crear la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad; ampliar las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos; garantizar que las ayudas públicas lleguen a las familias que más lo necesitan.

Otras actuaciones son reformar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación; incluir la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes; garantizar toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres; erradicar los discursos machistas «que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer».

Asimismo, asistir a las víctimas de la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres, niños y ancianos, así como la filio-parental; promover que el Gobierno de España identifique a los violadores que han salido en libertad en aplicación de la Ley del solo sí es sí; combatir con más eficacia las agresiones sexuales, en especial las violaciones grupales; tomar medidas más duras contra agresores y asesinos.

Respecto a la política fiscal, el acuerdo contempla rebajar medio punto los cinco primeros tramos del IRPF; bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones; elevar el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio a los 700.000 euros; bajar el impuesto de actos jurídicos documentados al 0,75 por ciento.

Por otra parte, se fija como objetivo fomentar la recualificación de trabajadores; crear una bolsa de empleo joven; reducir las cotizaciones sociales en los contratos a mayores de 50 años o parados de larga duración; cuidar a las pymes, el comercio local y artesano y reducir la burocracia de la administración.

Además, plantea racionalizar las subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo; desarrollar un modelo de radio y televisión pública «acorde con la coyuntura económica y con unos contenidos que reconozcan la pluralidad y favorezcan la cohesión territorial y los valores constitucionales».

Sectores y vivienda

El PP y Vox se han comprometido a impulsar el sector primario «como eje estratégico» y han apostado por defender a los agricultores «en todas las instancias»; confeccionar de inmediato un plan contra la sequía; reducir el IRPF a los jóvenes agricultores; elaborar un pacto contra la despoblación; elevar al 20 por ciento las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel; impulsar un Plan para el Pirineo dotado con 250 millones y un plan de inversiones para el medio rural; reordenar las renovables en el territorio y una fiscalidad específica para el territorio.

Asimismo, la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc y desarrollar la Travesía Central del Pirineo; mejorar el servicio del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza; garantizar la reserva hídrica estatutaria; ampliar los regadíos y limpiar las riberas de los ríos.

En el ámbito de la vivienda, quieren luchar contra la ocupación ilegal; apoyar la rehabilitación de viviendas; facilitar el acceso, especialmente en el caso de los jóvenes y el medio rural; exigir en todas las convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas la acreditación de residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento.

También abogan por derogar la Ley de Memoria Democrática; suprimir la Dirección General de Política Lingüística; eliminar las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística; revisar la Ley de lenguas y modalidades propias; preservar el patrimonio arquitectónico, histórico y religioso; velar por la historia y la cultura aragonesas «frente a las manipulaciones interesadas del nacionalismo catalán excluyente y expansionista»; y elaborar un plan de la nieve.