Portugal arregla sus cuentas con la receta del Banco de España que Sánchez desoye

Según el Consejo General de Economistas de España (CGE), que preside Valentí Pich, el Gobierno portugués, encabezado por el primer ministro socialista António Costa, está gestionado mejor que el de España la crisis energética e inflacionaria y la reconducción de las cuentas públicas para cumplir en el futuro con la Unión Europea (UE). Y gran parte del mérito es haber adoptado la receta del Banco de España que no ha calado en el Ejecutivo de Pedro Sánchez: un pacto de rentas que incluya a funcionarios y pensionistas.

Como explica Pich, «nuestros vecinos portugueses están blindándose de cara a un próximo endurecimiento de las reglas fiscales por parte de la UE» a través de la disminución de importantes partidas de gasto, a la vez que desde Lisboa se están activando medidas «valientes» para paliar los efectos de la inflación, incluyendo a los pensionistas en el pacto de rentas, y para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de las familias, deflactando las tarifas en el Impuesto sobre la Renta, en un entorno en el que se están implementando incentivos fiscales para atraer capital e inversiones.

Negativa del Gobierno español a deflactar IRPF

En nuestro país, prosigue el presidente de los economistas, el escenario es bien diferente: con una previsión de déficit y deuda elevados para 2023, un pacto de rentas que parece no llegar nunca -del que han quedado excluidas las pensiones, que subirán en el entorno del 8,5% el año próximo- y con una negativa del Gobierno a deflactar el IRPF.

A ello, prosigue, hay que añadir la creación de nuevos gravámenes -a la banca, a las eléctricas, a las grandes fortunas- que pueden desincentivar la inversión, manteniéndose -además- impuestos «obsoletos» como el de Patrimonio.

En este sentido se pronunció Valentí Pich en el IX Seminario Ibérico de Economistas, ante miembros del órgano homólogo del país luso, la Ordem dos Economistas de Portugal, en el que se dieron cita numerases profesionales y expertos de ambos países.

El seminario ha constituido un foro de reflexión sobre la coyuntura y la diferente gestión de dos Ejecutivos vecinos y ambos socialistas: el de António Costas en Portugal y el de Pedro Sánchez en España. Al hilo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado por parte de Madrid y Lisboa, se han establecido comparaciones entre ambos proyectos normativos.

Lisboa contiene sus cuentas para minorar deuda y déficit

Según los economistas españoles allí congregados -el propio Valentí Pich; el director de Relaciones Internacionales del CGE, José María Casado; y el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo– es relevante el esfuerzo realizado en los Presupuestos portugueses para mejorar sus cuentas públicas en intentar contener el déficit público -del 1,3% del PIB en 2022, a una previsión del 0,7% para 2023- frente al 5% proyectado en España para cerrar 2022 y el 3,9% para 2023 que recoge el cuadro macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

También aprecian los economistas el mayor esfuerzo que Portugal prevé, vía contención de gastos, para rebajar no sólo el déficit sino también la deuda pública del cierre previsto del 115% en 2022 al 110% para el año próximo, frente al 1152% y 112,4% del caso español.

Han destacado especialmente los expertos el hecho de que Portugal ha adoptado la receta que brindó el Banco de España el pasado junio, consistente en llegar a un pacto de rentas que reparta los costes de la crisis económica y energética derivada de la invasión rusa de Ucrania entre todos los agentes, de forma que no recaiga solamente sobre los asalariados, sino también sobre los pensionistas y funcionarios de modo que sea más equilibrado.

Sin noticias del pacto de rentas español

Así, en Portugal el pacto de rentas contempla alzas salariales del 5,1% anual y una subida de las pensiones del 4%. En España, el Gobierno, empresarios y sindicatos no han llegado a un acuerdo, y sólo están claras las subidas de las pensiones -en torno al 8,5%- y los funcionarios -de hasta un 3,5% en 2023, tras un abono de una compensación del 1,5% adicional para 2022, proyectándose -además- un incremento salarial fijo para el período comprendido entre 2022 y 2024 de un porcentaje fijo del 8%, que se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5%.

Los salarios en convenio españoles marcaron un alza muy lejana a la prevista para jubilados y empleados públicos, del 2,6% a septiembre, cuando la inflación anotó un 9%, y habida cuenta de que sólo en el entorno del 16% de los convenios cuentan con cláusula de revisión salarial.

Por otra parte, desde el CGE se destaca la consideración que el Gobierno portugués ha tenido con la pérdida de poder adquisitivo de los contribuyentes, al deflactar -ajustar en función de la inflación- todos los tramos de renta en el mismo porcentaje en que está previsto que aumenten los salarios (5,1%). El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha declinado adoptar una medida de deflactación vinculada al IPC, aunque algunas autonomías sí lo han hecho en el tramo que les compete.

Incentivos al capital y la inversión en Portugal

Por otra parte, los economistas asistentes al seminario han valorado positivamente algunos de los incentivos que se han establecido en Portugal para atraer capital e inversiones, con el programa de residencia no habitual (NHR), que ofrece exenciones de impuestos durante los primeros años de estancia en el país. Algo que contrasta notablemente con la creación de nuevos tributos en España, como los de las eléctricas y la banca, y -especialmente- el Impuesto de Solidaridad para las Grandes Fortunas (ISGF), del cual se desconocen muchos detalles y que, según los expertos, desincentiva la inversión el ahorro y ahuyenta de España capitales domésticos y extranjeros.

No obstante, los economistas españoles sí alabaron alguna medidas del Presupuesto español, como las partidas de apoyo al comercio, el turismo y las pymes, que incorporan un aumento del 5,5% respecto a 2022, así como el incremento el gasto en infraestructuras, que se triplica para 2023, visto como positivo por su incidencia en la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo español.