La SEPI y su operación transgénero: 'O pagas o me descuelgo'

A finales de 2017 la dirección de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) puso en marcha la conmemoración del 75º Aniversario de la entidad, tomando como referencia la fecha de creación del ancestral Instituto Nacional de Industria (INI), fundado en 1941. La celebración llevaba ya un año de retraso y cuando todo estaba listo y dispuesto para la gran ocasión el Gobierno de Mariano Rajoy decidió que no era el momento de entregar una baza política a la oposición socialista festejando el pasado de una marca identificada claramente como uno de los éxitos económicos de la más oprobiosa etapa franquista. El complejo político de inferioridad que lastra al Partido Popular echó por tierra una efeméride que se presumía solemne, reducida finalmente a una exposición fotográfica de andar por casa en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y a un sello de tirada reducida a cargo de Correos.

El anecdótico episodio adquiere ahora una significación especial si se observa el interés de Pedro Sánchez y su Gobierno de la amnistía por resucitar la SEPI, o lo que es igual el antiguo INI, en su objetivo fundacional como hospital de empresas e instrumento de política industrial. El holding estatal, que fue desmantelado a raíz del programa de privatizaciones impulsado por José María Aznar, recuperó sus primeras constantes vitales hace un par de años con los rescates de empresas golpeadas por la pandemia y se prepara ahora para tomar nueva vida como mecanismo de intervención del PSOE y sus aliados nacionalistas en lo más granado del mundo corporativo. Falta por ver si los aires proteccionistas globales que justifican la iniciativa pública no serán desbordados por los vientos alisios que soplan de manera regular y perversa al servicio de intereses particulares e inconfesables. 

La Sepización de los llamados sectores estratégicos promovida desde Moncloa y aledaños tiene su antecedente en la renacionalización que llevó a cabo el propio Partido Popular en 2013 con Indra. Rajoy se dejó llevar por las ambiciones de los ‘Pedros de la Defensa’ como eran conocidos el entonces el ministro Pedro Morenés y su secretario de Estado, Pedro Argüelles. Ambos se las apañaron para imponer a Ramón Aguirre, a la sazón titular de la SEPI, la compra de la participación efectiva de control, un 20% del capital, que Bankia había ido adquiriendo en Indra desde la privatización de la compañía en la etapa de Josep Piqué como ministro de Industria, allá por el año 1999. La sociedad cotizada volvía así al redil estatal catorce años después de una salida a bolsa que fue bendecida como ejemplo de capitalismo popular y liberalización económica en la España de fin de siglo.

El fallido intento de fusionar Indra con Navantia

En el ínterin de estos casi tres lustros la SEPI fue sometida a un proceso de metamorfosis que se visibilizó públicamente en su traslado funcional del Ministerio de Industria al Ministerio de Hacienda. Una vez concluida la primera oleada de privatizaciones, cuando se vendieron las grandes joyas empresariales de la corona, el Gobierno del PP consideró que la misión del viejo holding industrial no tenía ningún sentido y decidió que la entidad se convirtiera en una mera sociedad de cartera sin mayor predicamento político y como un mero centro de coste fiscal que debía ser gestionado bajo un único criterio de ajuste y saneamiento. Cristóbal Montoro asumió la tutela de la SEPI como un trámite burocrático sin caer en la cuenta de los enormes intereses que todavía se concentraban en torno a las muchas empresas deficitarias que a día de hoy todavía forman parte del grupo estatal.

Fue así como Pedro & Pedro arrimaron el ascua a la sardina para levantar un conglomerado militar que, a partir de la pretendida y pretenciosa fusión de Indra con Navantia, debía convertirse en proveedor estructural de las Fuerzas Armadas en todos y cada uno de los grandes programas multinacionales de Defensa. El proyecto no llegó a materializarse nunca dada la negativa de Indra a hundirse con las pérdidas que acumulaban los astilleros del Estado, pero la pulsión intervencionista dejó abierto un resquicio para que el fondo activista Amber pudiera echar con el tiempo la caña sobre la empresa tecnológica en su calidad de aliado preferente del Gobierno Sánchez. El tercer Pedro es mucho más poderoso que sus dos tocayos y una vez renovado el alquiler de Moncloa no dudará en impulsar una involución del sector público empresarial que le ayude a blindar su residencia palaciega durante otros cuatro años.  

El jefe del Ejecutivo está especialmente necesitado ahora de vasallos incondicionales que le ayuden a reconstruir su relato independentista y contribuyan a mitigar el rechazo que ha provocado en la inmensa mayoría de colectivos sociales su atrabiliaria acción política. La democracia basada en el fundamento único de una exigua mayoría parlamentaria no garantiza la estabilidad de la legislatura, menos si cabe cuando el Gobierno va a ser conducido del ronzal por fuerzas desleales deseosas de quebrar la integridad del Estado. Sánchez tiene que nutrir su guardia pretoriana de fornidos colaboradores en primer tiempo de saludo y para ello nada mejor que llamar a filas a todas esas compañías bajo control de la SEPI que acumulan una fuerza laboral de casi 75.000 personas y que incluyen sociedades cotizadas, industrias de cabecera supervivientes de la reconversión industrial y entes subsidiados de servicio público como Correos o la mismísima RTVE.

Bajo el síndrome del rescate de Plus Ultra

La operación transgénero de la SEPI para volver por donde solía como un nuevo y renacido INI implicará una reestructuración de su base de capital con importantes dotaciones presupuestarias ya que su capacidad de endeudamiento depende casi exclusivamente de los dividendos que puedan aportarle Enagás y Red Eléctrica. La entidad está actualmente paralizada por el síndrome que provocó el polémico rescate en 2021 de la aerolínea Plus Ultra y sus conexiones con el régimen venezolano de Maduro, lo que induce a pensar en un cambio profundo de su organigrama directivo aprovechando el cambio de Gobierno. No se descarta que la SEPI salga del ámbito de Hacienda para integrarse como protagonista de excepción en la estructura del Ministerio de Economía e incluso del Ministerio de la Presidencia. En cualquier caso, su cuartel general reportará directamente a Moncloa con todo lo que ello implica.

Pedro Sánchez quiere disponer de un brazo armado financiero que pueda tutear a los grandes del Ibex y seducirles con ofertas de esas que no se puedan rechazar. Lo de entrar en el capital de Telefónica es solo un primer globo sonda para tantear el terreno aprovechando las circunstancias de una empresa estratégica que, faltaría más, no debe quedar a la intemperie del mercado. Pero el aviso a navegantes va en serio y ha sido propagado de forma extensiva para que cualquiera puede darse por aludido. La SEPI reconstituida sobre los despojos del denostado INI está llamada a actuar como la antigua delegación del Gobierno en las empresas del Estado con una misión semejante a la de esos bastones gigantes colocados en algunos bares de carretera y bajo los cuales aparece un rótulo donde, entre veras y bromas, rezauna sentencia cuando menos lapidaria: ‘O pagas o me descuelgo’. O estás conmigo o estás contra mí.