El sector público sube el gasto en consultoras un 80% en pleno 'boom' de contratación

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) acaba de publicar un informe en el que se destaca el incremento exponencial en la demanda de servicios de consultoría externa pública por parte de las Administraciones, con un aumento del gasto del 80% desde la pandemia del coronavirus. La Administración se consolida, solo por detrás del sector financiero, como el segundo contratante de servicios de consultoría tecnológica en España.

AEC destaca que «entre 2020 y 2024 los ingresos de las consultoras procedentes del sector público pasaron de 2.093 a 3.781 millones de euros, un 80,6% más. En 2024, el sector de la consultoría alcanzó unos ingresos totales de 21.982 millones de euros, de los que la Administración representó el 17,2%, frente al 14,4% de 2020. Para 2025, se espera que este porcentaje se sitúe en torno al 20%».

Son datos que contrastan con el aumento de los empleados públicos y funcionarios para potenciar al Estado y sus administraciones públicas. En 2023, el Consejo de Ministros aprobó el mayor número de plazas ofertadas para trabajar en la Administración del Estado de la historia: 39.574 (un 15,8 % más que en la OEP de 2022). Solo un año después superaba esta barrera, con 40.146 plazas, mientras en 2025 descendió a 36.588 plazas. A día de hoy, la afiliación en la Administración Pública ha crecido un 2,26% durante el último año.

Miedo al fin de fiesta de los fondos europeos

El documento de la AEC desgrana que las comunidades autónomas concentraron en 2024 el 55,1% de las licitaciones relacionadas con consultoría tecnológica, seguidas de la Administración General del Estado con el 36,6% y los ayuntamientos, con el 10,3%.

Gran parte de este aumento en el gasto se ha realizado a través de los fondos europeos Next Generation. De hecho, AEC ha expresado su preocupación por el fin de estas partidas, ante el riesgo que sea la puerta de entrada de un freno a la digitalización en España.

Esta asociación ha incidido en que existen retos para conseguir este fin, que se encuentran sobre todo por el marco normativo, que es considerado por la AEC un freno para la adopción de las nuevas tecnologías. Una barrera que desde este organismo confían en superar modificando las leyes para flexibilizar su utilización.

«Es necesario reformar la Ley de Contratos del Sector Público para que sea más ágil y flexible, ya que está frenando el desarrollo tecnológico de España», ha advertido José María Beneyto, presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

El sector, a través de esta asociación, asegura que se trata de una ley diseñada para adquirir suministros tradicionales que no se adapta a los servicios tecnológicos complejos y cambiantes como el big data, la inteligencia artificial, el cloud computing o la ciberseguridad. Este marco normativo emana sobre todo de la justicia europea, muy garante respecto a los derechos de los ciudadanos del viejo continente.

Al acto de presentación del informe acudió Luis Fernández Hernando, director general de Minsait, que afirmó que «en un contexto de incertidumbre creciente, la tecnología es la palanca que permite garantizar la continuidad de infraestructuras críticas, proteger servicios públicos esenciales, aprovechar mejor cada euro público y evolucionar hacia administraciones más proactivas, que se anticipan a las necesidades de los ciudadanos».

Al encuentro también se desplazaron representantes de consultoras privadas como Accenture. Chus Paniagua, Managing Director de Sector Público de la compañía, explicó que, según su última encuesta, «el 44% de los ciudadanos valora positivamente su experiencia con los servicios públicos digitales; a pesar de ello, queda camino por recorrer. La digitalización de estos servicios pasa por su reinvención, con la IA como aliado, para que sean más comprensibles, cercanos y eficiente».