Un año a oscuras: la luz cuesta menos que mantenerla encendida

A fuerza de mirar la generación, hemos olvidado mirar la red. Hace exactamente un año, el 28 de abril de 2025, España y Portugal se apagaron durante horas: el mayor corte eléctrico de la historia reciente de la Península. Doce meses después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto veinte expedientes sancionadores (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, las nucleares de Ascó-Vandellós y, como única empresa con infracción «muy grave», Red Eléctrica) y ha recargado la factura del consumidor con 42 millones de euros adicionales para cubrir los costes derivados del incidente. Lo verdaderamente serio, sin embargo, no es lo que ya nos cobran, sino lo que el gráfico revela a quien quiera mirarlo: en febrero de 2026 el mercado mayorista pagó la electricidad a 16,41 euros/MWh, mientras que los servicios de ajuste (el coste de mantener el sistema funcionando) costaron 35,80 euros/MWh. Más del doble. La luz cuesta ya menos que mantenerla encendida.

La paradoja no es coyuntural. La línea roja del gráfico (el coste de los servicios de ajuste que Red Eléctrica activa para que la red no colapse) lleva años subiendo de forma silenciosa. La línea azul (el precio mayorista que vigila la prensa cada mañana) oscila al ritmo de los combustibles fósiles y desciende cada vez más por el efecto de la generación renovable barata. En 2023, los ajustes valían una quinta parte del precio mayorista, alrededor de quince euros por megavatio sobre los ochenta que se pagaban en el mercado. Hoy esa relación se ha invertido en los meses críticos. Y la factura no se ha aliviado, porque ambos costes recaen sobre el consumidor, sumados a peajes y cargos.

La explicación más cómoda, la que culpa a las eléctricas privadas, es también la menos rigurosa. La propia CNMC, en su nota del 21 de abril, reconoce que el día del apagón «existían mecanismos suficientes» para controlar la tensión del sistema. Es decir, la herramienta estaba, pero alguien decidió no usarla. La planificación regulatoria pidió a la red que asumiera, sin holgura suficiente, una transición tan rápida que dejó descolgada la inversión en flexibilidad (almacenamiento, hidráulica de bombeo, plantas de respaldo síncrono, estabilizadores de tensión) mientras se subvencionaba con generosidad la generación intermitente.

El resultado es un sistema que funciona como un coche deportivo sin frenos, con mucha potencia, pero donde cualquier pequeña anomalía obliga a maniobras costosas y, a veces, incompatibles con la integridad del vehículo. Los embalses operan ya como pilas gigantes para evacuar el exceso renovable en horas valle. El precio mayorista colapsa al mediodía cuando el sol aprieta y se recupera al anochecer, cuando alguien tiene que arrancar un ciclo combinado para que las luces no fallen. Cada uno de esos arranques se cobra en la línea roja del gráfico. Cada hora de embalse vaciado y rebombeado, también.

La tesis es incómoda para el gobierno de progreso, porque exige reconocer dos verdades simultáneas. La primera, que no falló el mercado. Este hizo lo que se esperaba de él, ofrecer la electricidad más barata posible con el mix que el regulador le permitió ofrecer. La segunda, que quien falló fue el regulador, es decir, el Estado. Diseñó incentivos para que la inversión fuera donde había prima, no donde hacía falta firmeza. Y ahora, cuando el sistema cruje, la respuesta política es dictar más reglas, repartir más sanciones y cargar al consumidor el coste del arreglo. La privatización de los costes y la socialización de los errores funciona en sentido inverso al que el discurso pretende.

Los procedimientos abiertos por la CNMC durarán entre nueve y 18 meses. Habrá multas, recursos y titulares. Pero la pregunta que merece respuesta no es quién pagará por el apagón del año pasado. Es esta: si en los meses críticos pagamos ya más por mantener el sistema que por la energía que produce, ¿qué clase de transición energética estamos pretendiendo financiar a este precio?