El Gobierno ha gastado 32.000 millones extra en tres meses sin la autorización del Parlamento

En el primer trimestre de 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó partidas presupuestarias por valor de 31.863 millones de euros. No es un error tipográfico, es lo que señala la Intervención General del Estado: casi 32.000 millones de euros de gasto público alterados en apenas tres meses, sin que el Parlamento haya votado un solo nuevo presupuesto. Es un 107% más que en el mismo periodo de 2025, cuando Hacienda ya movió 15.375 millones al margen del marco oficial. Entre 2024 y 2025, el salto interanual fue de unos 5.000 millones; en 2026 supera los 16.000 millones. La tendencia no es accidental: es el sistema.

España lleva gobernando con los Presupuestos de 2023 desde enero de 2024. La Constitución prevé la prórroga automática para situaciones excepcionales, no para normalizar cuatro años de bloqueo parlamentario. Lo que empezó como un instrumento técnico de continuidad se ha convertido en el mecanismo favorito de un Gobierno que no tiene mayoría para aprobar nuevas cuentas, pero sí necesita expandir el gasto. La solución: retocar las existentes. Y retocarlas. Y seguir retocando.

Una modificación presupuestaria es, en teoría, una corrección puntual: un crédito extraordinario para una catástrofe, una transferencia entre partidas que la realidad hace necesaria. En la práctica, cuando las modificaciones suman más de lo que se ejecuta en muchos ministerios, la prórroga deja de ser un corsé y se convierte en una coartada. El Gobierno gasta lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, amparado en un presupuesto que ningún diputado de la legislatura actual ha votado a favor.

El techo de gasto no financiero aprobado en noviembre de 2025 alcanzó el récord histórico de 216.177 millones de euros, una cifra que el Congreso rechazó implícitamente al negar su aprobación. Pero los 32.000 millones en retoques del primer trimestre demuestran que el rechazo parlamentario tiene consecuencias menores de lo que debería. El dinero fluye igualmente, por otras vías.

La ausencia de presupuestos nuevos no es inocua. Impide la asignación eficiente de recursos hacia prioridades actualizadas. Consolida el gasto heredado, incluidas las ineficiencias. Y, sobre todo, dificulta el control ciudadano: es mucho más fácil seguir un presupuesto votado y publicado que rastrear miles de modificaciones dispersas en boletines oficiales. La transparencia fiscal no es un capricho tecnocrático; es la condición mínima para que los contribuyentes sepan a qué se destina su dinero.

El objetivo de deuda pública para 2026 se fijó en el 100,9% del PIB. BBVA Research estima que serán necesarios ajustes adicionales de 0,2 puntos del PIB este año y 0,4 en 2027 para cumplir las reglas fiscales europeas. España sigue debiendo más de lo que produjo en un año entero, y la respuesta del Ejecutivo es gastar más, más rápido y con menos supervisión parlamentaria que nunca.

El Gobierno presenta su política fiscal como responsable y social: inversión en bienestar, reducción del déficit, consolidación gradual. Pero gobernar cuatro años consecutivos con presupuestos prorrogados y compensar la falta de control parlamentario con un aluvión de modificaciones no es responsabilidad fiscal: es su opuesto. Es un gobierno que se ha acostumbrado a gastar sin rendir cuentas ante las Cortes, y que ha encontrado en la aritmética parlamentaria una excusa para hacer de la excepción norma.

El artículo 134 de la Constitución no diseñó la prórroga presupuestaria para esto. Cuando las modificaciones triplican el ritmo de años anteriores y los 32.000 millones en ajustes del primer trimestre superan los presupuestos completos de muchas comunidades autónomas, algo ha roto en el sistema de control del gasto. La pregunta que nadie en el Gobierno quiere responder es sencilla: ¿quién vota, en nombre de los ciudadanos, a qué se destina su dinero?