El PNV teme que el ala socialista de su gobierno frene la cogestión de los aeropuertos de AENA

Existe cierto temor en Sabin Etxea (sede del PNV) por la posibilidad de que el PSE (Partido Socialista de Euskadi) frene —a través de la consejería de Movilidad Sostenible— la cogestión de los aeropuertos del País Vasco, cuya explotación pertenece íntegramente a la empresa semipública AENA. Una inquietud que, señalan fuentes internas de los jeltzales a THE OBJECTIVE, llega después de que el lehendakari, Imanol Pradales, pactase con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la creación de un órgano bilateral para gestionar las infraestructuras vascas.

El CEO de AENA, Maurici Lucena, es exdiputado del PSC (Partido Socialista de Cataluña) y tiene una buena relación con el PSOE. Prueba de ello es que su estrategia de no compartir la gestión de sus aeropuertos la respalda el Ministerio de Transportes, por lo que la compañía semipública espera que se frustre el intento del partido jeltzale de administrar también unas infraestructuras que el pasado año le reportaron 2.136 millones de euros de beneficio, un 10,5% más que en 2024.

Según fuentes internas de Sabin Etxea, de momento los contactos sobre este asunto los está manteniendo el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el sector del PNV del Gobierno vasco. La consejera socialista de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Susana García, tendrá un papel clave sobre esta materia, porque es la que cuenta con la competencia de transportes en la comunidad vasca.

Prueba de que los socialistas no quieren el acuerdo y respaldarían la tesis de AENA es que precisamente en la comunidad vecina a la vasca, Navarra, está siendo la oposición —a través de Unión del Pueblo Navarro (UPN)— la que está pidiendo al Gobierno socialista de María Chivite, que se resiste, la cogestión del aeropuerto de Pamplona.

Otra de las razones por las que el Gobierno no quiere ceder la gestión de los aeropuertos es que apoya al propio Lucena, quien ha rechazado este movimiento por parte del País Vasco. El consejero delegado cuenta con la confianza del Gobierno porque el próximo jueves 16 de abril será propuesta su reelección como CEO en la junta general de accionistas del gestor. Si logra los apoyos, se ratificará como el consejero delegado que más tiempo ha estado al frente de la compañía semipública.

Lucena quiere defender los intereses de sus accionistas y todo eso pasa por mantener el modelo que tantos beneficios le ha generado a la empresa en los últimos años, cuando ha pulverizado récords de ingresos netos. Los accionistas minoritarios que más pendientes están son los fondos de inversión BlackRock (5% del capital), el gestor de fondos Christopher Hohn (6,2%) y la gestora de fondos The Children’s Investment Master Fund (3,4%).

El pasado viernes, el Gobierno de las Islas Canarias tuvo una reunión con el Gobierno central para participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago. Algo que el pasado año ya pidieron otros Gobiernos autonómicos, como el de las Islas Baleares y Andalucía. Este periódico ha podido constatar el malestar que existe entre las regiones con la gestión de Lucena, y no solo aquellas gobernadas por el Partido Popular (PP).

AENA aseguró hace unas semanas en un comunicado que debía subrayarse «que el artículo 149.1 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. En consecuencia, las competencias tanto normativas como de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general corresponden únicamente al Estado, desarrolladas principalmente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), así como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)».

Por otro lado, argumentan que «la nota oficial publicada por el Gobierno Vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas que regulan los referidos procedimientos, como las contenidas en la Ley 18/2014, y afectar el funcionamiento del modelo aeroportuario español en detrimento de los legítimos intereses de AENA y de sus accionistas públicos y privados. En consecuencia, la Sociedad encomendará a sus asesores jurídicos la valoración de las medidas que, en su caso, resulte procedente adoptar en defensa del interés de AENA y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas, que en última instancia son los propietarios de todos los activos de AENA».