AENA dice no a las comunidades: el modelo actual es «incompatible» con la cogestión
Maurici Lucena blinda el modelo centralizado para garantizar la eficiencia financiera de la compañía
Aeropuerto de Barajas.
El presidente y consejero delegado de AENA, Maurici Lucena, defendió con firmeza este jueves en la Junta General de Accionistas el modelo de gestión integrada y centralizada de la red aeroportuaria española, rechazando de plano cualquier fórmula de cesión, transferencia o cogestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas.
Lucena subrayó que las demandas de participación en la gestión procedentes de diversas autonomías (Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia o Navarra) son incompatibles con el marco constitucional y legal vigente. «El derecho de propiedad está consagrado nítidamente en la Constitución española, al igual que la competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos de interés general y la libertad de empresa», afirmó.
El directivo, que ha sido reelegido hoy como presidente de AENA, ha recordado que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución. El presidente recordó que el 49% del capital de AENA —y, por tanto, de sus infraestructuras— pertenece a accionistas privados, cuyo valor asciende a unos 20.000 millones de euros.
«Los aeropuertos de AENA funcionan muy bien y son propiedad exclusiva de AENA. Cualquier cesión o participación en la gestión que vulnere estos principios sería incompatible con la Ley 18/2014 y con el deber fiduciario de los administradores», añadió. Lucena insistió en que la gestión corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno de la sociedad mercantil y enfatizó: «La libertad de empresa no hay que entenderla en un sentido festivo, sino como el derecho inalienable de las empresas a gestionarse como mejor les parezca a sus accionistas».
Legalmente, ha añadido, «el Estado no podría imponer nunca en AENA el rodillo del 51% para aprobar decisiones que perjudiquen el interés de la compañía y dañen a los accionistas como la transferencia de aeropuertos o la gestión a terceros». Lucena ha advertido de que inversores privados han hecho saber al consejo que «harían valer sus derechos legales si hubiera cualquier duda sobre los riesgos, lo que provocaría reverberaciones económicas muy negativas».
Colaboración sí, cesión no
El directivo valoró positivamente la colaboración con las comunidades autónomas siempre que no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de AENA. «Colaboración sí, cesión no», resumió. En este sentido, se refirió al reciente acuerdo con el País Vasco para crear un órgano bilateral de carácter estrictamente consultivo y no vinculante.
Lucena transmitió un mensaje de tranquilidad a los accionistas asegurando que el sistema aeroportuario español es «admirado internacionalmente por su eficiencia y solidaridad interna». «El deber fiduciario de los administradores es claro y su incumplimiento podría acarrear consecuencias graves», concluyó Lucena, agradeciendo al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al secretario de Estado, José Antonio Santano, su defensa del modelo actual.
La posición de AENA choca con las peticiones de varios gobiernos autonómicos, pero Lucena reiteró que «cualquier cambio que suponga ejercicio de competencias autonómicas en aeropuertos de interés general, cesión de activos o interferencia en la gestión sería jurídicamente inviable». Esta defensa se produce en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico (321,6 millones de pasajeros en España en 2025) y ante la inminente aprobación del DORA III.