España ante el maná europeo

Tiene Juan Jesús González, en su último y completo libro sobre cambio social, una tesis sobre la relación de España con Europa que me parece atendible y de especial relevancia: casi todo lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 50 años, para bien o para mal, está relacionado con el proceso de integración. La crisis política de la década de 1970 se resolvió con un consenso partidista en torno a la necesidad de una Constitución que permitiera homologarnos con Europa. España no solo no es miembro del club fundador (seis países), sino que, como otras naciones, dependió de las Comunidades para estabilizar el tiempo posterior a la Transición y aliviar la crisis socioeconómica derivada de la desindustrialización y el endeudamiento necesario para extender el Estado del bienestar. Permítanme que, a partir de aquí, simplifique el relato en exceso.

El consenso político estalló el 11 de marzo de 2004 y la burbuja inmobiliaria, producida por erróneas políticas públicas y el crédito fácil europeo, se pinchó en 2008. Aquí la Unión emergería sin embargo como factor de desestabilización: el control del endeudamiento y la austeridad afectaron profundamente a un sistema institucional y político que se fue fragmentando y polarizando al volverse inoperante la alternancia y el pluralismo. En otras palabras: no había otra opción a la devaluación social interna. Con la pandemia[contexto id=»460724″] la Unión ha reaccionado de una manera totalmente distinta: no solo ha puesto en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que ha vivido su «momento Hamilton» al poner en marcha un gran programa de mutualización de deuda y de inversión pública para recuperar la economía.

A España le tocan 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Ese dinero tendrá que recibirse a través de un doble programa interno: el dirigido a la transformación económica mediante Proyectos Estratégicos para la Recuperación y el pensado para modernizar las pensiones, el mercado laboral y la propia administración. Parece que hay una relación de condicionalidad entre ambos planes, veremos con qué intensidad. A tal fin, se ha convalidado en el Congreso el Decreto–Ley que establece algunos parámetros claves para recibir ordenadamente el maná europeo: cofinanciación público–privada, subvenciones directas y licitación pública parecen las principales patas del sistema, para lo cual se han creado algunos órganos de «gobernanza» institucional y se han suspendido temporalmente controles de derecho administrativo. Cuidado, el peligro de una nueva corrupción que reparta prebendas entre viejos poderes económicos y territoriales acecha.

Durante el siglo XIX la modernización del Estado pasó por un proceso fallido de desamortización que no solo no creó una burguesía que liderara el liberalismo político y económico, sino que estableció las bases de un modelo caciquil, oligárquico y sin élites comprometidas que tardó casi un siglo y medio en corregirse. Los abundantes dineros que vienen de la Unión son ahora otra oportunidad para modernizar una sociedad asustada y en algunos casos desconfiada de la política. Estamos ante un nuevo ciclo de nuestra relación con la Unión que nos ofrece quizá la última posibilidad histórica de salir del capitalismo extractivo y de amiguetes que ha impedido un crecimiento sólido y una redistribución equilibrada de la riqueza. Pero la coyuntura nos pilla, como casi siempre, con el pie cambiado: hoy no se trata tanto de desamortizar los espacios improductivos, como de amortizar el país y el Estado que dan sentido a cualquier proyecto individual y colectivo. ¡Brillante idea!