Denuncian trato de favor en la cárcel a un exconsejero del PP ceutí acusado de abusos

La dirección del Centro Penitenciario de Ceuta otorgó al exconsejero de Sanidad de la ciudad autónoma Javier Guerrero, detenido hace unas semanas por un supuesto delito de abuso de menores, un permiso extraordinario para recibir una visita de su familia antes de ser trasladado a otra prisión de la península. Una licencia que, según denuncian fuentes penitenciarias, supone un trato de favor hacia el exmilitante del Partido Popular, puesto que contraviene la normativa que regula este tipo de visitas. 

La Guardia Civil detuvo al exconsejero en su domicilio el pasado 11 de enero, después de investigarlo durante más de un año. Tres días más tarde, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, encargado del caso, decretó el ingreso en la prisión de la ciudad autónoma del también médico, acusado de abusar de menores tutelados por el Gobierno de Juan Vivas en 2021. Y el 16 de enero fue conducido a otra prisión del Estado, después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias así lo decidiese. 

En esas últimas horas de estancia en la prisión ceutí, antes de ser trasladado, Guerrero pudo ver a su familia en una «comunicación por cristal» autorizada por el director del centro. Esto, a juicio de las fuentes penitenciarias consultadas por THE OBJECTIVE, se traduce en «una práctica totalmente irregular y discriminatoria que, además de suponer un injustificable trato de favor impropio de un Estado de Derecho, puso en peligro la seguridad de la conducción». 

Para los supuestos de internos que van a ser trasladados a otra prisión, explican las mismas fuentes, el artículo 41.3 del Reglamento Penitenciario, así como los protocolos de seguridad adoptados para dichas conducciones, establecen la necesidad de bloquear todo tipo de contacto de los reclusos trasladados con el exterior para no poner en peligro la propia seguridad de los internos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargadas del traslado. Un punto que con el exconsejero ‘popular’ no se cumplió. 

Un «precedente temerario»

«Estamos ante una decisión irresponsable y completamente arbitraria, que pone en riesgo la seguridad de la fuerza conductora y sienta un precedente temerario de consecuencias imprevisibles, pues a él querrán acogerse el resto de internos, a los que la ley y las más básicas normas de seguridad les imposibilitan hasta una mera llamada telefónica a sus familiares hasta que no lleguen al centro de destino», critican fuentes penitenciarias.  

Decisiones administrativas del tal calado, prosiguen las mismas voces, «contribuyen al descrédito de nuestra institución, ya que vulneran el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley, que recoge el artículo 14 de la Constitución Española». «En la prisión de Ceuta no todos los internos son iguales, al menos es lo que invita a pensar la dirección del centro con estas actuaciones», advierten. 

Dimisión y detención

La carrera política de Javier Guerrero llegó a su final en junio de 2021, cuando se vio obligado a dimitir tras el escándalo que suscitó su vacunación contra la covid-19 fuera de los plazos previstos para personas de su edad. El entonces consejero aseguró que se le administró la dosis por ser profesional sanitario y estar en primera línea luchando contra el coronavirus, sin ser cierto. 

Pocos meses después, la Guardia Civil comenzó a seguirle la pista por su implicación en un supuesto caso abuso de menores, que culminó con su detención el pasado 11 de enero, tal como anunció él mismo en su perfil de Facebook. Los hechos que propiciaron las pesquisas se remontan a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de niños entraron solos a Ceuta y fueron acogidos y atendidos por los servicios sociales de la ciudad autónoma. 

Guerrero ofreció su colaboración como médico para atender a los menores que estaban alojados en distintos centros de acogida en la ciudad. Poco después, el Gobierno de Ceuta acudió a la Fiscalía de Menores al advertir indicios, tras escuchar testimonios de los propios niños, de que el comportamiento del consejero incumplía el protocolo con los menores. Algo que los responsables del área de menores advirtieron al ‘popular’ en varias ocasiones. Finalmente, decidieron restringirle la entrada a las dependencias.