Diferencias entre los terrorismos de Estado inglés y español

Tres miembros del IRA fueron asesinados en Gibraltar hace ahora 35 años, el 6 de marzo, en un acto reconocido como terrorismo de Estado. Cinco años antes, en octubre de 1983, actuaron por primera vez los GAL con el secuestro, tortura y asesinato de dos etarras, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. El desarrollo y desenlace de las acciones muestra dos formas bien distintas de actuar de los respectivos gobiernos y de sus servicios de inteligencia.

La operación inglesa bautizada como Flavius tuvo su origen en la vigilancia de varios miembros del IRA que pretendían cometer un acto terrorista fuera del Reino Unido, parecía que en España. Los responsables de controlarles eran el MI5 y el MI6, el servicio secreto interior y exterior británico. Para ejecutarla con garantías pidieron ayuda a sus colegas del espionaje en Francia y a la Policía española. Los espías ingleses mantenían buenas relaciones con los servicios de información de la Policía. Los ingleses ayudaban en el tema de ETA y los españoles en el del IRA.

A principios de 1988, los controles ingleses a los terroristas permitieron descubrir que el atentado que preparaban no era en suelo español, sino en Gibraltar. No sabían el objetivo concreto, pero sí que era contra el Peñón.

A principios de marzo, el delegado del MI6 en España alertó a su contacto en la Policía. Tres terroristas, Sean Savage, Danny McCann y Mairead Farrell, se dirigían hacia España. Al pasar por Francia fueron controlados por el servicio secreto local, a los que tomó relevo la Policía cuando traspasaron la frontera española.

En algún punto del camino, los miembros del IRA consiguieron el explosivo para el atentado. No eran tres terroristas del montón, eran muy peligrosos. Farrell había colocado varias bombas y McCann y Savage el año anterior habían asesinado supuestamente a dos policías de la Special Branch, la unidad antiterrorista.

No queda clara la razón por la que teniendo controlados a los terroristas no procedieron a detenerlos, aunque la hipótesis más probable es que quisieran reventar la amenaza de un atentado lejos del territorio británico. Hipótesis que podría incluir la drástica solución final que dieron al caso.

Los policías españoles controlaron sus movimientos y el 5 de marzo avisaron a los ingleses de que los dos coches que estaban siguiendo habían llegado hasta Marbella, allí se habían separado dejando uno de los coches aparcados en un garaje. Los tres sospechosos habían seguido conduciendo hacia Gibraltar. El matiz importante de la información, ocultado en todo momento, era que el coche en el que viajaban no llevaba explosivos encima. La lógica deducción era que en un primer momento iban a comprobar el terreno para posteriormente acercar el coche con las bombas, aunque la Policía española no tenía controlado su paradero. 

Al día siguiente, 6 de marzo, los terroristas se movieron con total libertad por Gibraltar y cuando atravesaban la pista de aterrizaje del Peñón, terreno con jurisdicción exclusiva de los militares ingleses y no de las autoridades del Peñón, perdieron la vida a manos de un comando del SAS enviado especialmente a Gibraltar. McCann recibió el impacto de cinco balas, Farrell de ocho y Savage… de 16.

Los responsables del tiroteo adujeron que no sabían si los terroristas iban armados y que percibieron gestos de que iban a utilizar pistolas. También creían que llevaban explosivos en el coche y que podían hacerlos estallar con un mando a distancia.

Nada más producirse los hechos, sonó el teléfono de los agentes españoles. Acuciados por las prisas y los nervios, los ingleses les pidieron que intentaran localizar el coche con los explosivos. Con tres terroristas descosidos a balazos, debían presentar ante su opinión pública la prueba definitiva de sus intenciones malévolas.

Con ayuda de la policía local malagueña descubrieron el segundo coche sin los explosivos. Por suerte, dieron con un tíquet de aparcamiento que los condujo a otro vehículo situado en un aparcamiento público. Allí estaban.

Seis meses después, un tribunal de Gibraltar hizo públicas las conclusiones del caso: los hechos estaban dentro de la legalidad. McCann, Savage y Farrell, según su veredicto, estaban planeando un atentado con explosivos en el Peñón y los soldados británicos actuaron en defensa propia y de las personas que estaban en el lugar.

Siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que la actuación policial fue ilegal, no encontraron justificación para que los miembros del IRA fueran asesinados.

La operación Flavius provocó una gran polémica en el Reino Unido. Se produjeron todo tipo de críticas al servicio de inteligencia, a la unidad antiterrorista, al Gobierno y a la primera ministra, Margaret Thatcher.

Una crítica similar a la que recibieron en España la Policía, la Guardia Civil, el entonces CESID, el Gobierno y el presidente Felipe González cuando se supo con pruebas que desde 1983 hasta 1987 estructuras del Estado habían organizado un grupo terrorista bautizado con las siglas GAL. Los jueces fueron mucho más independientes y su persistencia permitió que muchos de los responsables directos pagaran su participación con penas de cárcel, algo que no ocurrió en Reino Unido.

Por el contrario, lo que pasó en el caso Flavius y no en el caso GAL fue un comportamiento sorprendente y nada habitual por parte de los políticos, que en estos casos lo niegan todo. La primera ministra Margaret Thatcher acudió a la Cámara de los Comunes y asumió toda la responsabilidad con dos palabras que han pasado a la historia: «Yo disparé».