La Guardia Civil consigue que empresarios de Baleares ofrezcan a sus agentes pisos baratos
La solución resuelve el problema al que se enfrentaba el Cuerpo debido a la carestía de la vivienda en las islas
Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. | EP
La Guardia Civil pone coto a los problemas de vivienda de los agentes en Baleares. Frente a los obstáculos con los que han contado en veranos anteriores, entre ellos, los altos precios o la falta de pisos por la demanda turística, la Comandancia del Instituto Armado en la comunidad autónoma ha implementado una serie de medidas para facilitar viviendas más asequibles a los guardias que son destinados a las islas durante la época estival, según relatan a THE OBJECTIVE fuentes de la Benemérita.
La Comandancia balear se puso en contacto con todos los agentes antes de su llegada para asegurarse de si tenían un sitio en el que pernoctar o no. Si se daba esto último, indican las mismas fuentes, la Guardia Civil «se reunía con empresarios y distintos alojamientos para buscarles habitaciones o la opción más óptima». Una acción positiva puesto que, admiten fuentes sindicales, «no se ha tenido ningún tipo de notificación respecto a quejas o problemas de los agentes con la vivienda».
El Instituto Armado ha cedido así ante la demanda de algunas asociaciones profesionales, como la AUGC, quienes pedían medidas urgentes para atajar el problema de los agentes con la vivienda en Baleares, donde la turistificación, la poca oferta y los altos precios han convertido las islas en una región española en la que resulta prácticamente imposible vivir. Tanto es así que ha habido casos de agentes que, ante la imposibilidad de pagar un piso, han acabado viviendo en una caravana o furgoneta.
Desde la AUGC, no obstante, advierten de que los precios de la vivienda siguen «estando por las nubes» y que esta no puede ser una solución a corto plazo. «La mayoría de los que son destinados allí vuelve en cuanto puede, al final es todo caro. No se potencia la presencia de guardias y por ende sufre la seguridad ciudadana», critica Pedro Carmona, portavoz de la asociación de guardias civiles.
Infraestructuras del Estado
En su visita a Mallorca el pasado mes de abril, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció una serie de medidas también para atajar la cuestión de la vivienda que, sin embargo, cuatro meses después, no se han puesto en marcha. Habló de «estudios destinados a ver qué infraestructuras dispone la Administración General del Estado para garantizar el derecho a la vivienda de los policías y guardias». Fuentes de este departamento señalaron a este medio en mayo, no obstante, que el «plan se anunciaría en su momento».
En el caso de la Policía Nacional, los problemas han sido idénticos. Tanto es así que el sindicato policial Jupol inició la pasada primavera una campaña para solicitar el apoyo de los ciudadanos propietarios de viviendas de alquiler en Mallorca, Menorca e Ibiza, y de este modo poder llegar acuerdos en el alquiler de las mismas a precios más accesibles y acordes a los ingresos de los funcionarios policiales.
Pisos para ocho meses
El principal problema al que se enfrentan no solo los policías y guardias, sino también otros funcionarios como profesores, enfermeros o médicos en las islas es la limitación temporal del alquiler. Esto es, que, de por sí, hay pocas, y que la mayoría de contratos que se ofrecen son de octubre a mayo, eliminando el verano, cuando la comunidad autónoma se llena de turistas.
«Existen verdaderos problemas para encontrar piso. El caso más flagrante fue el de tres policías que buscaban piso en Ibiza. El propietario les pedía un pago por adelantado de 36.000 euros. Es decir, el alquiler eran 3.000 euros al mes, pero cada uno debía soltar 12.000 de golpe. No lo cogieron, pero si la situación sigue así, a muchos nos les quedará otro remedio… Todo ello sin contar que los agentes tienen que destinar más del 50% de su salario a la vivienda», denunciaba el secretario general de Jupol Baleares, Chechu Enrique, a este diario.
Los precios que exige el alquiler en Baleares, al mismo tiempo, desencadenan que los agentes no tengan arraigo en la zona, y el problema se perpetúe. «La mayoría vienen aquí obligados, nadie quiere este destino. Pero ha habido casos de policías, con sus familias, que no han podido venir. Viene uno y se mete con otros dos compañeros, generalmente, para compartir piso y pagando 1.000 euros», prosigue.
«Llevamos meses haciendo manifestaciones y denunciando que el caso de Ibiza solo es la punta del iceberg, el comienzo de un problema mucho más grande. Nadie nos ha recibido y esto ya ha explotado. Lo que reclamamos es que la Administración ponga a disposición de los funcionarios una indemnización por residencia», concluyen desde Jupol.
