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España

Muface niega información sobre la familia Gómez por «falta de medios» para facilitarla

El organismo invoca la necesidad de reelaborar datos y la falta de medios técnicos para atender íntegramente la petición

Muface niega información sobre la familia Gómez por «falta de medios» para facilitarla

Fachada Muface. | Ricardo Rubio/ Europa Press

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) —el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos— deniega facilitar información sobre los inmuebles vinculados a la familia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Así lo ha podido saber THE OBJECTIVE en exclusiva mediante una resolución del Portal de Transparencia. La Administración justifica la inadmisión de la información en que la aportación de esta exigiría una reelaboración previa de datos dispersos en distintos registros.

Este periódico solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública documentación e información relativa a los inmuebles de titularidad de Muface situados en el edificio ubicado en la calle San Bernardo número 38 de Madrid. En concreto, se pidió el listado de todas las unidades inmobiliarias que han sido propiedad de la entidad o han estado en alquiler en dicho edificio, así como todos los contratos de arrendamiento de cualquier espacio del inmueble. También se requirió el historial completo de las rentas percibidas en cada contrato de cesión de uso y el registro de todas las operaciones de venta o transmisión de propiedades de la finca.

Asimismo, se solicitaron los criterios, protocolos, instrucciones internas y procedimientos utilizados por Muface para fijar los precios de alquiler y venta de su patrimonio inmobiliario, junto con cualquier informe, auditoría, control de legalidad o expediente de supervisión relacionado con la gestión, arrendamiento, mantenimiento o enajenación de los inmuebles del edificio. Por último, se pidió información sobre los contratos de alquiler vigentes, los ingresos totales obtenidos por la explotación del inmueble frente a los gastos de mantenimiento, conservación, tributos, seguros y otros costes asociados, así como la identificación de los cargos o funcionarios responsables de estas operaciones.

En respuesta, desde la cartera encabezada por Óscar López recuerdan que, según el criterio recogido en la Ley de Transparencia, aquellas solicitudes «relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración» pueden inadmitirse a trámite. En este sentido, explican que esto se aplica para aquellos casos en los que los datos deban elaborarse expresamente para dar respuesta o cuando la entidad correspondiente carezca de los medios técnicos necesarios para extraer o explotar la aclaración cuestionada. Por ello, rechazaron parcialmente la petición.

A pesar de ello, informan, en primer lugar, de que el edificio formaba parte del patrimonio de las antiguas mutualidades y asociaciones que se integraron en Muface, conforme a lo establecido en la Ley de 1975 de Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado. En segundo lugar, señalan que el régimen de arrendamiento de los inmuebles del organismo público se ajusta a la normativa vigente. Por último, en cuanto a la actualización de rentas, indican que estas se revisan anualmente utilizando como referencia la variación del índice de precios de alquiler de oficinas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No es la primera solicitud con respuesta incompleta

No es la primera vez que se solicita al Gobierno información sobre este asunto. Hace apenas unos meses, en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE, se reconocía oficialmente que el departamento del que depende Muface no conserva ningún informe, expediente ni actuación documentada sobre los inmuebles públicos alquilados durante décadas a la familia de la esposa del presidente y es que, según apuntaban, «no existe documento o contenido que se corresponda con lo requerido».

En la misma línea, a finales del pasado año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negó a facilitar al Grupo Popular del Senado los datos en relación con una batería de preguntas sobre este polémico edificio, con el objetivo de aclarar la situación de legalidad de los inmuebles donde el suegro del presidente tenía la sauna y la familia Gómez adquirió varias propiedades valoradas —a día de hoy— en más de 3,6 millones de euros. En este sentido, solo se contestó remitiendo a la ley, pero sin aclarar, entre otras cuestiones, si todos los activos inmobiliarios se encuentran correctamente inscritos en el Registro de la Propiedad.

Patrimonio de Muface

Muface cuenta con un amplio patrimonio inmobiliario compuesto de viviendas, locales comerciales y plazas de garaje distribuidos por todo el territorio nacional. Este conjunto de activos proviene en su mayoría de las antiguas mutualidades de funcionarios civiles que fueron absorbidas tras la creación de esta entidad en 1975. Desde entonces, estos bienes han estado adscritos al denominado Fondo Especial, un mecanismo económico que financia diversas prestaciones sociales y asistenciales dirigidas a los funcionarios del Estado. Estos inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad y sus arrendamientos se rigen por la legislación vigente en cada momento, incluida la normativa anterior a la reforma de 1985. Ese marco permite la prórroga prolongada de determinados contratos históricos bajo condiciones específicas de actualización de renta.

En relación con aquellos de uso residencial, tal y como contamos en este medio, el pasado año Muface contaba con un total de 91 viviendas de titularidad legal, es decir, registradas a su nombre. Estos domicilios están distribuidos en cinco localidades españolas: Barcelona, Bilbao, Jaén, León y Madrid, siendo la capital la ubicación con el mayor número de ellos, en concreto, 82 de estas viviendas. Por detrás se situaba Barcelona, con seis casas, y, en último lugar, están Bilbao, Jaén y León, con una propiedad habitacional por municipio.

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