Antifraude investiga ocho contratos del PSOE de Almusafes antes de las elecciones de 2023
Los trabajadores cobraron durante más de dos meses antes de aprobarse la encomienda que justificaba sus puestos
Toni González es alcalde de Almusafes desde 2015 . | X (@ToniPSPVAlmssfs)
La Agencia Valenciana Antifraude investiga ocho contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento socialista de Almusafes justo antes de las elecciones municipales de 2023, al considerar que varios trabajadores se incorporaron a la empresa pública municipal antes de que existiera la cobertura administrativa necesaria para justificar sus puestos. Según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por THE OBJECTIVE, los empleados habrían permanecido durante cerca de dos meses cobrando con cargo a fondos públicos antes de que la encomienda que debía amparar esas contrataciones recibiera la aprobación definitiva.
Las mismas fuentes sostienen que los hechos analizados por Antifraude podrían encajar, en función de las conclusiones de la investigación, en posibles figuras como prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos u otras infracciones relacionadas con la gestión de recursos públicos. El organismo autonómico estudia actualmente la documentación recopilada y no se descarta que las actuaciones puedan acabar siendo remitidas a la Fiscalía si aprecia indicios suficientes.
Uno de los casos que figura entre la documentación examinada es el de Joan R. M., contratado por la empresa pública municipal EMPSA el 20 de marzo de 2023, más de dos meses antes de las elecciones del 28 de mayo. Se da la circunstancia de que Joan R. M. es hermano de Alicia de Miguel, actual secretaria de Organización del PSOE en la Ribera Baja y dirigente socialista que esta semana ha obtenido una plaza fija como funcionaria en el consistorio de Almusafes. No obstante, los contratos se fueron sucediendo en numerosas fechas a lo largo de dicho mes de marzo y, según fuentes consultadas, se trata de personas que mantienen vínculos personales con el alcalde.
THE OBJECTIVE ha tenido acceso al contrato laboral y a la primera nómina percibida por Joan R. M. durante aquel periodo. Su contratación se produjo semanas antes de que el Ayuntamiento lograra sacar adelante la encomienda de mantenimiento de vías públicas que, según las fuentes consultadas, debía servir para justificar parte de las incorporaciones realizadas por la empresa pública municipal.
La encomienda que no llegó a tiempo
La cronología de los hechos constituye uno de los elementos que más interés ha despertado entre las personas que siguen la investigación. La contratación de estos trabajadores se produjo durante la primavera de 2023. Sin embargo, la encomienda de gestión destinada a atribuir a EMPSA los servicios de mantenimiento de vías públicas y edificios municipales no estaba plenamente aprobada cuando varias de esas incorporaciones ya se habían realizado.
El asunto llegó al pleno extraordinario celebrado el 26 de mayo de 2023, apenas dos días antes de las elecciones municipales. En el orden del día figuraba precisamente la aprobación del encargo de los servicios de mantenimiento de vías públicas y edificios a la empresa pública municipal. Sin embargo, el propio alcalde, Toni González, retiró el punto antes de que se debatiera.
Aquella retirada provocó sorpresa entre los grupos de la oposición. Según diversas fuentes consultadas por este periódico, la decisión estuvo relacionada con la falta de determinados informes y problemas en la tramitación administrativa del expediente. Lo relevante para Antifraude es que, mientras la encomienda seguía sin aprobarse, varios trabajadores ya se habían incorporado a la empresa pública.
Sin cobertura administrativa
La investigación trata de determinar qué funciones concretas desempeñaron esas personas durante las semanas previas a la aprobación definitiva del encargo. Fuentes conocedoras del expediente sostienen que los trabajadores fueron contratados para desarrollar unas tareas vinculadas a una encomienda que todavía no había completado todo su recorrido administrativo. Esa circunstancia es la que ha llevado a Antifraude a analizar si existió una utilización irregular de recursos públicos.
Las mismas fuentes afirman que algunas de esas contrataciones permanecieron activas durante casi dos meses y medio antes de que la encomienda obtuviera el respaldo definitivo de los órganos municipales competentes. En este contexto, el caso de Joan R. M. adquiere una especial relevancia por su relación familiar con una de las dirigentes socialistas más importantes de la provincia de Valencia.
Su hermana, Alicia de Miguel, ocupa actualmente la Secretaría de Organización del PSOE en la Ribera Baja, uno de los cargos de mayor peso dentro de la estructura territorial socialista. Además, forma parte del núcleo político de Almusafes desde hace años. Como publicó ayer este periódico, Alicia de Miguel acaba de convertirse en funcionaria de carrera del Ayuntamiento tras superar un proceso selectivo que también ha generado controversia política por la composición del tribunal evaluador.
Ahora, el nombre de su hermano aparece vinculado a una de las contrataciones examinadas por Antifraude. Las fuentes consultadas consideran especialmente llamativa la coincidencia temporal entre las contrataciones realizadas por la empresa pública municipal, la tramitación de la encomienda y el contexto electoral en el que se produjeron los hechos.
La sombra de Toni González
La investigación llega además en un momento especialmente delicado para Toni González, histórico alcalde de Almusafes y, durante años, uno de los dirigentes con más influencia dentro del PSOE valenciano. González fue expulsado del partido el pasado mes de marzo tras las denuncias por presunto acoso laboral y sexual que provocaron una profunda crisis interna en la agrupación socialista local. Pese a ello, continúa gobernando el municipio gracias a la mayoría que mantiene en el consistorio bajo una nueva marca política.
La investigación de Antifraude añade ahora un nuevo frente para el regidor. Aunque el organismo todavía no ha emitido conclusiones definitivas, la documentación examinada apunta a una cuestión central: si las contrataciones realizadas por la empresa pública municipal contaban realmente con el respaldo suficiente en el momento en que fueron formalizadas.
La respuesta será determinante para aclarar si se trató de una simple irregularidad administrativa o si, por el contrario, los hechos pueden tener consecuencias jurídicas más graves. Por el momento, la Agencia Valenciana Antifraude continúa recopilando documentación y analizando los expedientes relacionados con aquellas incorporaciones de personal.