El alcalde de Almusafes puso a nombre de su mujer el alquiler de la sede del PSOE

La crisis que ha terminado dinamitando al PSOE de la población valenciana de Almusafes sigue dejando episodios cada vez más incómodos para el alcalde expulsado del partido, Toni González. THE OBJECTIVE ha tenido acceso en exclusiva al contrato de alquiler de la sede socialista firmado tras las elecciones municipales de 2023, documento que revela que el arrendamiento del local quedó formalizado a nombre de la esposa del regidor, María Teresa Pérez Corral.

La documentación permite reconstruir ahora con precisión cronológica una operación inmobiliaria ejecutada hace tres años, en plena campaña electoral, y que terminó convirtiendo al PSOE local en inquilino de manera automática de un inmueble adquirido por el propio alcalde y su mujer.

El local fue comprado el 16 de mayo de 2023, apenas 12 días antes de las elecciones municipales del 28-M, mediante escritura pública formalizada ante notario. La adquisición se realizó en régimen de gananciales por Toni González y María Teresa Pérez Corral, figurando ambos como propietarios al 50% del inmueble. La operación, escriturada por 95.000 euros, fue financiada además mediante una hipoteca de 55.000 euros con Cajamar a devolver en 15 años, de acuerdo a la documentación con la que cuenta este periódico.

Pero el elemento más llamativo llegó inmediatamente después. El contrato de alquiler de la sede socialista se firmó el 1 de junio de 2023, apenas tres días después de la victoria electoral del PSOE en la población. Es decir, el alcalde cerró la compra del local en plena campaña y, prácticamente de forma inmediata, su propio partido pasó a convertirse en inquilino del inmueble.

La documentación municipal relativa a la liquidación de la plusvalía, a la que ha tenido también acceso TO, revela que el consistorio tramitó formalmente el expediente derivado de la adquisición del local. En ese procedimiento, Toni González se abstuvo de intervenir personalmente en aplicación de la ley sobre conflicto de intereses, delegando la firma de la resolución en la primera teniente de alcalde, Davinia Calatayud.

El detalle no es menor porque la propia Davinia Calatayud es una de las concejales socialistas investigadas actualmente por la Agencia Valenciana Antifraude dentro del expediente abierto por las presuntas represalias contra la trabajadora de EMSPA, presunta víctima también de acoso sexual y laboral por parte del alcalde. La secuencia refuerza la imagen de fuerte interdependencia entre Ayuntamiento, partido y entorno político de Toni González, que ha acompañado toda la crisis socialista de Almusafes en los últimos meses.

El PSOE firmó el alquiler con la esposa

El documento al que ha tenido acceso este periódico sitúa como arrendadora únicamente a María Teresa Pérez Corral, esposa del alcalde. El contrato fue firmado por el entonces secretario de Organización socialista local, Francisco Abarca Magraner, en representación del PSOE.

La circunstancia resulta especialmente llamativa porque en España, cuando un inmueble pertenece en régimen de gananciales a dos propietarios, lo habitual en los contratos de alquiler es que aparezcan ambos titulares como arrendadores. Sin embargo, en este caso el alcalde se escapó, apareciendo solo su pareja.

El contrato especifica además que el inmueble se destinaría expresamente a «sede local» del PSOE de Almusafes y fijaba una duración inicial de cinco años, hasta mayo de 2028, con prórrogas posteriores automáticas.

La renta inicial quedó establecida en 433,37 euros mensuales más IVA y con actualizaciones ligadas al IPC. Un recibo correspondiente a abril de 2024, también en poder de THE OBJECTIVE, demuestra que el PSOE ya abonaba entonces 442,04 euros mensuales por el alquiler del local.

Una operación con caballo ganador

La cronología política de la operación resulta especialmente significativa. Toni González llevaba años gobernando Almusafes con mayoría absoluta y controlando una de las agrupaciones socialistas más potentes de la provincia de Valencia. Eso significa que el alcalde compró el local prácticamente con la certeza de contar desde el primer día con un inquilino garantizado: su propio partido.

La secuencia temporal evidencia además la rapidez con la que se ejecutó toda la operación: Compra el 16 de mayo. Victoria electoral el 28. Firma del alquiler el 1 de junio. Es decir, el PSOE empezó a pagar el alquiler apenas tres días después de las elecciones municipales.

Fuentes conocedoras de la situación interna consideran que el caso refleja hasta qué punto la agrupación socialista local había desarrollado una fuerte dependencia política, económica y material respecto de Toni González, que durante años concentró un enorme poder orgánico dentro del partido en la provincia de Valencia y donde su amistad con el exministro hoy en prisión por acusaciones de corrupción, José Luis Ábalos, le llevó a ser consejero de RENFE Mercancías.

Alquiler con subvenciones públicas

La situación adquirió todavía mayor carga política porque el alquiler del local se financiaba indirectamente con las subvenciones municipales que reciben los grupos políticos del Ayuntamiento y que el propio González impulsó meses antes de ganar las elecciones en 2023.

Es decir, el PSOE de Almusafes utilizaba fondos públicos destinados al funcionamiento ordinario del grupo municipal para pagar mensualmente el alquiler de un inmueble privado propiedad del propio alcalde y de su esposa.

La paradoja ha terminado alcanzando niveles políticamente insostenibles cuando González fue expulsado del PSOE en marzo tras el estallido del escándalo político y judicial derivado de las denuncias por acoso sexual y laboral y de la investigación abierta por la Agencia Valenciana Antifraude.

Durante semanas el PSOE valenciano siguió pagando el alquiler de una sede propiedad del alcalde al que acababa de expulsar del partido. La reacción de la dirección socialista fue finalmente inmediata tras conocerse la exclusiva publicada por este periódico. Apenas un día después, operarios comenzaron a retirar la cartelería del PSOE de la fachada del local en Almusafes.

Una guerra total con Diana Morant

Todo ello se produce en pleno hundimiento político del PSOE de Almusafes. La agrupación ha perdido más de un centenar de militantes en las últimas semanas, según el entorno del alcalde, y varios concejales socialistas han sido expedientados y han mostrado predisposición para alinearse con el nuevo proyecto político que pretende lanzar Toni González tras su expulsión.

Mientras tanto, la Agencia Valenciana Antifraude mantiene abierto un expediente sancionador contra el alcalde y varios dirigentes vinculados a la empresa pública EMSPA por un supuesto «patrón de represalias» contra la trabajadora que denunció irregularidades internas y presunto acoso sexual y laboral. La resolución de Antifraude calificó los hechos como una posible «escalada de hostigamiento» contra la víctima y ordenó además la readmisión inmediata de la trabajadora despedida.

Ahora, el contrato de alquiler de la sede socialista añade un nuevo frente a una crisis que amenaza con convertirse en uno de los mayores quebraderos de cabeza políticos para Diana Morant a un año de las próximas elecciones autonómicas y municipales.