El portavoz de Vox en Valencia, señalado por ocultar el contrato de su actividad privada
El Defensor del Pueblo valenciano exige a Gosálbez el contrato con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
Jose Gosálbez es el portavoz de Vox Valencia. | THE OBJECTIVE
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, vuelve a situarse en el centro de la polémica política. El Defensor del Pueblo valenciano (Síndic de Greuges), órgano fiscalizador de las administraciones públicas en el territorio, ha puesto en cuestión la transparencia sobre su actividad privada como abogado y advierte en una resolución que la compatibilidad concedida a un cargo público «no constituye un cheque en blanco», exigiendo además acceso al contrato que mantiene con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia para comprobar si dicha labor sigue siendo «marginal y residual».
La resolución, a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, considera «fundamental» acceder al contrato suscrito por Gosálbez para verificar el alcance real de su actividad privada y reprocha al Ayuntamiento que no haya acreditado «de forma suficiente» que dicha ocupación externa resulta compatible con su dedicación exclusiva como concejal. El órgano fiscalizador concluye además que la documentación aportada por el portavoz de Vox resultó «insuficiente» para comprobar el volumen real de trabajo desarrollado fuera del Ayuntamiento.
El caso afecta directamente a uno de los principales dirigentes de Vox en Valencia en un momento especialmente delicado para la formación de Santiago Abascal en la capital del Turia, tras la polémica abierta por la adjudicación reciente de más de un millón de euros a Imedes, empresa vinculada al marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
El contrato que el Ayuntamiento nunca aportó
La resolución pone el foco en un elemento concreto: el contrato suscrito entre Gosálbez y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia.
El órgano fiscalizador considera que dicho documento resulta «fundamental» para comprobar el alcance real de la actividad privada desarrollada por el portavoz de Vox y determinar si se mantiene dentro de los límites permitidos para un cargo público con dedicación exclusiva y un salario cercano a los 90.000 euros anuales.
Sin embargo, según recoge la resolución, ni Gosálbez ni el Ayuntamiento facilitaron finalmente el contrato requerido durante el procedimiento. El dirigente de Vox alegó que el documento estaba protegido por el secreto profesional y por cláusulas de confidencialidad. No obstante, el órgano valenciano rechaza de facto ese argumento y recuerda que la compatibilidad concedida a un cargo público no constituye «un cheque en blanco», especialmente cuando existen dudas sobre el volumen, alcance y características de la actividad privada desarrollada.
La resolución subraya además que el contrato debía haber formado parte de la documentación incorporada a la declaración de actividades presentada por Gosálbez.
Si la actividad es «marginal»
El núcleo de la controversia gira alrededor de un aspecto jurídico esencial: determinar si el trabajo desarrollado por Gosálbez como abogado externo mantiene efectivamente un carácter «marginal» respecto a sus funciones públicas.
La legislación permite determinadas actividades privadas compatibles con cargos públicos siempre que no interfieran con el desempeño institucional ni comprometan la dedicación exclusiva exigida al cargo.
Sin embargo, el órgano fiscalizador advierte de que el Ayuntamiento no ha acreditado suficientemente ese extremo y considera imprescindible acceder al contrato para comprobar las condiciones económicas, el alcance profesional y el volumen real de trabajo desarrollado por el portavoz de Vox fuera del consistorio.
La resolución también pone en cuestión el control ejercido por el propio Ayuntamiento sobre el régimen de compatibilidades de sus altos cargos, al entender que no basta con una autorización genérica inicial sin posteriores mecanismos de supervisión efectivos.
Un nuevo frente para Vox Valencia
La polémica llega además en un contexto especialmente incómodo para Vox en Valencia. José Gosálbez asumió el liderazgo municipal del partido en abril de 2025 tras la caída de Juanma Badenas, apartado de la primera línea política después de las investigaciones abiertas por Fiscalía Anticorrupción a raíz de las exclusivas publicadas por TO sobre contratos adjudicados a empresas vinculadas al entorno del PSOE valenciano.
Precisamente hace dos semanas, este periódico reveló que el área municipal dirigida por Gosálbez concedió un contrato de más de un millón de euros a favor de Imedes, empresa donde ocupa un puesto directivo Javier Cebrián, marido de Pilar Bernabé.
La adjudicación convirtió al Ayuntamiento de Valencia en el mayor adjudicador individual de la historia de la empresa y provocó nuevas tensiones internas dentro de Vox por reproducir el mismo patrón político que acabó costándole el puesto a Badenas.
El contrato de la Albufera quedó además rodeado de controversia por los criterios utilizados en la licitación. Tal y como reveló THE OBJECTIVE, la experiencia y el conocimiento de idiomas —especialmente el valenciano— pesaban más conjuntamente que la propia oferta económica. Precisamente fue en esos apartados donde Imedes logró imponerse a sus competidores pese a no presentar la propuesta más barata.
El silencio de Gosálbez
Hasta el momento, Gosálbez no ha ofrecido explicaciones públicas detalladas sobre el contenido de la resolución ni sobre el contrato que mantiene con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. En las pocas declaraciones al respecto, el portavoz de Vox siempre ha defendido que su actividad privada se ajusta plenamente a la legalidad y que cuenta con autorización formal de compatibilidad.
No obstante, la resolución deja abierta precisamente la duda sobre si esa autorización fue concedida con toda la información necesaria y si el Ayuntamiento realizó posteriormente un seguimiento efectivo del cumplimiento de las condiciones exigidas.
El caso amenaza además con reabrir el debate político sobre las compatibilidades en el gobierno municipal valenciano, especialmente entre cargos con dedicación exclusiva y salarios elevados financiados con fondos públicos.