Un juez procesa por primera vez a una concejal de Vox en ejercicio por delito de odio

La Justicia ha dado un paso inédito en la política española. El Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Cecilia Herrero, por un presunto delito de odio, convirtiéndose en la primera edil de la formación de Santiago Abascal en ejercicio que afrontará un proceso penal de estas características por publicaciones realizadas en redes sociales.

El auto, notificado este miércoles a las partes, acuerda continuar el procedimiento y remitir la causa a la Audiencia Provincial de Valencia, órgano que será el encargado de celebrar el juicio. El magistrado instructor considera que existen suficientes indicios racionales de criminalidad atribuibles a la concejal, una tesis respaldada además por la Fiscalía, que se opuso al recurso presentado por la defensa de Herrero.

La resolución llega apenas unas horas después de que la Audiencia Provincial rechazara precisamente ese recurso contra el procesamiento. Los magistrados entienden que la escasa difusión de algunos mensajes o incluso el borrado posterior de determinadas publicaciones no elimina la posible responsabilidad penal derivada de los hechos investigados.

La causa se centra en decenas de mensajes publicados entre 2020 y 2024 en la red social Twitter, actualmente denominada X. Según sostiene la Fiscalía Provincial de Valencia, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para «propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión» hacia distintos colectivos protegidos.

Entre los mensajes incluidos en el procedimiento aparecen publicaciones como «No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES», «Los moros nos invaden» o «Tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros». También figuran expresiones como «Basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles» o el mensaje «Ya le gustaría a Hitler ser la mitad de malvado que Echenique».

La Fiscalía considera que estas publicaciones podrían constituir un delito previsto en el artículo 510 del Código Penal, relativo a delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. El instructor dirige la causa por los apartados 510.1 y 510.2 del Código Penal, vinculados a la promoción pública de odio, hostilidad o discriminación mediante mensajes vejatorios o deshumanizadores.

El escrito del Ministerio Público sostiene que la edil gestionaba perfiles con miles de seguidores y sin restricciones de acceso, desde los que difundía de manera «masiva e indiscriminada» mensajes dirigidos especialmente contra personas migrantes de origen magrebí o musulmán. Además, la acusación también incluye publicaciones dirigidas contra personas LGTBI, personas racializadas y personas con discapacidad.

Según el relato de la Fiscalía, las publicaciones no fueron hechos aislados ni comentarios puntuales realizados en un contexto concreto. Los investigadores subrayan la reiteración de este tipo de mensajes durante al menos cuatro años, así como su carácter público y accesible para cualquier usuario de la plataforma.

El procedimiento judicial nació tras una denuncia presentada por Compromís en abril de 2024. Posteriormente, el PSPV se sumó a las actuaciones y aportó nuevos mensajes a la Fiscalía para ampliar la investigación. Con el avance de la instrucción, la causa fue adquiriendo una dimensión política creciente dentro del Ayuntamiento de Valencia.

La Fiscalía solicita inicialmente una pena de tres años de prisión y doce meses de multa con cuota diaria de 20 euros, además de la correspondiente inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo tiempo de condena. Subsidiariamente, plantea una petición alternativa de un año y dos meses de prisión y una multa de ocho meses.

La Audiencia Provincial también rechaza en sus resoluciones que las publicaciones puedan quedar automáticamente amparadas por la libertad de expresión. Los magistrados recuerdan que este derecho fundamental «no es absoluto» cuando entra en conflicto con la dignidad y los derechos de terceros, especialmente si las expresiones pueden fomentar hostilidad o discriminación hacia colectivos vulnerables.

La apertura de juicio oral coloca ahora a Vox Valencia ante uno de sus escenarios judiciales más delicados desde el inicio de la legislatura. Cecilia Herrero forma parte del grupo municipal integrado en el gobierno local de María José Catalá y su situación amenaza con elevar todavía más la tensión política en el consistorio valenciano.