El caso de la dircom que Vox Valencia quería «quitar» acaba en condena al Ayuntamiento
La sentencia considera que el despido no se ajustó a derecho tras los audios internos revelados por THE OBJECTIVE
El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Juanma Badenas. | Jorge Gil / EP
El Juzgado de lo Social número 6 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad por el despido de la ex directora de Comunicación de Valencia Activa, cuya salida en noviembre de 2024 quedó vinculada a la purga interna impulsada por el entonces segundo teniente de alcalde y líder municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, según ha podido saber THE OBJECTIVE. La sentencia declara improcedente el cese y obliga al consistorio a elegir entre readmitir a la trabajadora o abonarle una indemnización junto a los salarios de tramitación acumulados desde su salida.
Fuentes conocedoras de la decisión municipal han confirmado a este periódico que el ayuntamiento ha optado finalmente por indemnizar a la trabajadora, descartando así su reincorporación al organismo municipal de empleo, actualmente en fase de liquidación.
La resolución supone un nuevo revés para la gestión desarrollada por Vox en Valencia, donde gobierna en coalición con el PP, apenas un año después de que TO revelara los audios internos en los que Badenas reclamaba a sus colaboradores apartar a perfiles considerados incómodos o desleales dentro de la fundación pública. Entre ellos figuraba precisamente la responsable de Comunicación.
En aquellas grabaciones, publicadas en febrero del pasado año, Badenas instaba a sus subordinados a «zurrar fuerte» al PP, PSOE y Compromís mediante la recopilación de expedientes e información sensible. En medio de aquellas conversaciones, el dirigente de Vox también ordenaba movimientos internos dentro del organismo para sustituir a determinados trabajadores por personas de su máxima confianza. «Hay que quitarla porque es una persona que está pasando información a los otros», llegó a afirmar sobre la entonces directora de Comunicación.
La sentencia no declara la nulidad del despido —la fórmula más gravosa jurídicamente para una Administración—, pero sí concluye que el cese no se ajustó a derecho. Durante el procedimiento judicial, según las fuentes consultadas, la defensa de la trabajadora aportó precisamente las noticias publicadas por este periódico para acreditar a través de los audios la existencia de una animadversión previa y de un interés político en apartarla del cargo.
Además, el fallo cuestiona los argumentos utilizados para justificar la salida de la directiva. La versión oficial sostenía que el despido respondía a una supuesta reorganización interna dentro de Valencia Activa. Sin embargo, varios testimonios y documentación incorporada al procedimiento habrían puesto en duda que dicha reestructuración llegara realmente a ejecutarse en los términos defendidos por el equipo político de Vox.
La lenta liquidación de Valencia Activa
El revés judicial llega además en un momento especialmente delicado para la antigua fundación municipal de empleo. Valencia Activa encara actualmente la fase final de su disolución, un proceso que PP y Vox aceleraron tras estallar el escándalo que también investiga la Fiscalía Anticorrupción por el presunto amaño de contratos durante la etapa de Badenas al frente del área de Empleo.
Aunque públicamente el Gobierno municipal justificó el cierre por criterios de «eficiencia» y eliminación de duplicidades administrativas, la decisión se produjo apenas semanas después de las revelaciones de TO sobre adjudicaciones bajo sospecha dentro de la fundación, nacida en 2005 y que había funcionado de manera ininterrumpida durante dos décadas bajo distintos gobiernos municipales.
A raíz de aquello, el gobierno municipal acordó la subrogación de los trabajadores como personal laboral fijo a extinguir dentro de los servicios municipales de Empleo y Emprendimiento, las áreas que han asumido las funciones que hasta hace unos meses desempeñaba Valencia Activa.
Un nuevo frente político
La sentencia conocida ahora añade más presión sobre Vox en Valencia en un contexto de creciente desgaste político y judicial. La caída de Badenas no cerró las polémicas alrededor del partido en el consistorio. Su sucesor como portavoz municipal, José Gosálbez, se encuentra actualmente bajo el foco del Síndic de Greuges por su actividad privada como abogado mientras ejerce como concejal con dedicación exclusiva.
Tal y como reveló este periódico, el Defensor del Pueblo valenciano ha exigido al Ayuntamiento acceso al contrato que Gosálbez mantiene con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia para comprobar si dicha actividad profesional sigue teniendo un carácter «marginal y residual», tal y como exige la legislación sobre incompatibilidades.
La resolución del órgano fiscalizador considera «fundamental» acceder a ese contrato y reprocha tanto al dirigente de Vox como al propio ayuntamiento no haber acreditado «de forma suficiente» que el trabajo privado resulta plenamente compatible con sus funciones públicas y con un salario cercano a los 90.000 euros anuales.
El caso afecta además a uno de los principales dirigentes de Vox en la ciudad en pleno escándalo por las adjudicaciones a Imedes, empresa vinculada al marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. THE OBJECTIVE reveló recientemente que el área municipal dirigida por Gosálbez adjudicó a esa firma un contrato superior al millón de euros en un procedimiento rodeado de controversia por los criterios utilizados en la licitación.
Precisamente fueron las investigaciones sobre contratos y adjudicaciones las que acabaron precipitando la caída política de Badenas y acelerando la decisión de liquidar Valencia Activa. Ahora, la condena por el despido de la exdirectora de Comunicación añade un nuevo coste económico y político a una fundación que se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para el gobierno municipal de María José Catalá.
La noticia llega también un día después de conocerse que otra concejal de Vox en Valencia, Cecilia Herrero, será procesada judicialmente por presunto delito de odio a partir de unas manifestaciones realizadas por ella en sus redes sociales contra el colectivo de inmigrantes y musulmanes. Así las cosas, la formación de Santiago Abascal en el principal Ayuntamiento de España donde gobierna en coalición con el PP afronta su mayor crisis desde la firma del acuerdo de Gobierno con los populares en octubre de 2023.