Ribera acusa al PP de querer deslegitimar a la Unión Europea con su postura sobre Doñana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que no se sentará a hablar con la Junta de Andalucía sobre «una ilegalidad» que se pretende cometer en el entorno de Doñana y ha pedido «cordura» al PP, al calificar de «absolutamente inadmisible» el intento de este grupo de deslegitimar a las instituciones europeas, tras las declaraciones de este miércoles del presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, sobre el comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginius Sinkevicius.

En una rueda de prensa en la sede del Ministerio, Ribera ha defendido que las declaraciones del comisario Europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, están «cien por cien» alineadas con lo que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a España por el mal estado del Parque Nacional de Doñana y por tanto es en eso en lo que Gobierno y Junta de Andalucía deben trabajar «juntos», en la ejecución del fallo.

A su juicio es «absolutamente inadmisible» que se ponga en cuestión a las instituciones europeas, pero ha añadido que «desgraciadamente» en esta legislatura se ha pretendido «deslegitimar al Gobierno de España» y ahora los populares dan «un paso más» haciendo lo mismo con las instituciones europeas.

«¿Alguien es consciente de lo que significa eso? No solamente para este caso concreto, con carácter general para España. Así que pido cordura al Partido Popular a este respecto. Creo que nos corresponde ser responsables en el ejercicio de nuestras obligaciones y evidentemente en el cumplimiento del derecho comunitario y de las sentencias del Tribunal de Justicia», ha instado.

Ribera ha manifestado su «disconformidad» respecto al cuestionamiento que se hace de las instituciones europeas y ha añadido que «honestamente» le parece un hecho «muy grave» que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo haga declaraciones «tan agresivas» para con la Comisión Europea.

«Nunca he visto a nadie atacar a un comisario así, pero me parece muy grave que aquí se haga ahínco de ello también, porque esto es un problema de desafío, de falta de confianza, de cuestionamiento de la legitimidad de la comisión actual que no pasa desapercibido en Bruselas ni en ningún sitio», ha puntualizado.

En ese sentido, ha agregado que la situación en Doñana no pasa desapercibido en un momento en que las tensiones se pueden reproducir en los episodios de sequía como los que vive una muy buena parte de Europa.

El Gobierno no negociará sobre Doñana

Ribera ha añadido que no hay duda con respecto a la obligación de cumplir una sentencia que condena al Reino de España y por ello no ve «aceptable» ni está dispuesta a ceder a la propuesta de diálogo «sobre una ilegalidad» que va en sentido contrario a tal sentencia.

Si bien ha apostillado que «sobre eso no hay posibilidad de diálogo», ha asegurado que «nunca» se ha denegado el diálogo con la Junta de Andalucía sino «todo lo contrario», pero no aceptará negociar «algo que es innegociable».

Muy seria, ha añadido que ante los «problemas muy serios» abiertos por el cambio climático, que desafía a la gestión del agua, no se puede incrementar «la pila de problemas» yendo en una dirección que «no tiene salida» ni recorrido.

Ribera ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno con quien hace un año habló, que le dijera una cosa y haya hecho la contraria en el marco de la situación de Doñana y respecto a la posibilidad de permutar terrenos de regadío para alejarlos del entorno de este enclave protegido, la vicepresidenta dice que no entiende de qué está hablando ahora la Junta de Andalucía si de una «operación especulativa» para que «haya señores que oferten su suelo recalificado como regadío a un mayor precio para que el Estado asuma esa compra».

En todo caso, ha reiterado que es preciso concentrarse en resolver los problemas y ejecutar la sentencia, en vez de desviar la atención con nuevos problemas al hilo de la proposición de ley que se debate en el parlamento andaluz.

Respecto a sentarse con la Junta de Andalucía, ha criticado que esta administración autonómica haya «despreciado» los cauces formales; al Consejo de Participación de Doñana, cuyo informe ha infravalorado; las competencias del agua así como a otros actores, organizaciones y ha quebrado la legislación vigente establecida en el plan hidrológico del Guadalquivir y «la confianza y la relación» con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

«Es muy difícil, no se puede aceptar a hablar de lo que no tiene margen de negociación ninguna. De todo lo demás estamos encantados de hablar, porque de hecho, necesitamos hablar», ha sentenciado.

La ministra ha recordado que el Marco de Actuaciones de Doñana presentado a finales del año pasado no ha recibido ninguna propuesta adicional por parte de la Junta de Andalucía, algo que cree que sería «buenísimo» para acelerar la ejecución de la sentencia europea, tal y como pide la Comisión y cuyo contenido es «indubitado» y no tiene margen de interpretación.

Por tanto, ha reiterado en que «obviamente» no admitirá enmiendas ni discusión política sobre lo que es ilegal y llevaría a una condena y una complicación adicional con la Unión Europea, con la UNESCO, con las exportaciones de los agricultores y con la reputación de España.