El PP presiona a Correos para que aclare si solucionará las deficiencias en la regularización

El Grupo Parlamentario Popular presiona al Gobierno para que explique las deficiencias que se están detectando en Correos durante el proceso de regularización de inmigrantes. En una amplia batería de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los populares se centran en la infrautilización de esta sociedad estatal, la improvisación y falta de información, la ampliación y refuerzo de la plantilla, la formación de personal, las deficiencias en los medios técnicos, los problemas en la cita previa y las medidas que va a adoptar el Gobierno.

En la exposición de motivos de las preguntas de los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano, que justifican estas petición de explicaciones, los populares recuerdan que «el 15 de abril de 2026 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. (Correos) informó en su web que ‘colaborará en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 316/20226 de 14 de abril, aprobado por el Gobierno, que modifica el Reglamento de Extranjería y que está dirigido a todas las personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida’». Además, añade la sociedad estatal que «desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, 371 oficinas de Correos repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional, permitirán presentar la solicitud de regularización de inmigrantes de manera presencial».

Correos declara que «el proceso de regularización de inmigrantes se enmarca dentro de la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignada a Correos en la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio de 2025, que reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía».

Por ello, la primera de las cuestiones se refiere a lo que los populares consideran «infrautilización evidente del potencial de la red pública postal». Correos, dice el PP, «cuenta con una red de más de 2.300 oficinas, presencia en cerca de 8.000 municipios y una estructura de miles de empleados públicos —en torno a 3.000 mandos intermedios en esas oficinas y aproximadamente 7.000 trabajadores de atención al cliente (ATC)— con experiencia directa en la gestión de servicios administrativos complejos». Sin embargo, «esta capacidad estructural ha sido claramente infrautilizada en el diseño del citado despliegue del proceso de regularización»

La decisión de limitar la participación efectiva a un número reducido de oficinas, 371, supone, en la práctica, una infrautilización evidente del potencial de la red pública postal, indica el Grupo Popular. En lugar de acercar la Administración a la ciudadanía mediante el aprovechamiento de la capilaridad de Correos, se ha optado por un modelo restrictivo que concentra la atención, incrementa la presión sobre determinados centros y dificulta el acceso al servicio.

Tomando como base estos antecedentes preguntan «cuáles son las razones que han llevado a la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Saura a la cabeza, a limitar la participación efectiva de Correos a 371 oficinas en el proceso de regularización de inmigrantes, pese a la capacidad de su red pública, y qué criterios se han seguido para adoptar esta decisión».

La segunda pregunta se refiere a «la improvisación y falta de información». Según sus informaciones, «la actuación de Correos en relación al desarrollo del citado proceso de regularización lejos de responder a una planificación anticipada ha estado caracterizada por el retraso, la falta de información y una gestión improvisada hasta el último momento», Aunque el proceso de regularización era conocido desde al menos un par de meses antes de su aprobación formal, dicen los populares, «Correos no trasladó información alguna ni a la representación sindical ni a la plantilla y esa situación de opacidad se prolongó durante semanas, generando incertidumbre en la organización y obligando a los trabajadores a conocer los detalles del proceso a través de los medios de comunicación, en lugar de mediante los canales internos de la empresa».

No fue hasta el 14 de abril, en la víspera de la aprobación del Real Decreto, «cuando Correos convocó a las organizaciones sindicales a una reunión informativa, pero sin la documentación necesaria para evaluar adecuadamente el impacto del proceso», señalan en su pregunta. En paralelo, «la formación del personal, la habilitación de sistemas y la organización del trabajo se han abordado en plazos extremadamente reducidos, en ocasiones coincidiendo con el propio inicio del servicio, lo que ha incrementado la sensación de falta de planificación y ha trasladado a la estructura operativa la responsabilidad de resolver, en tiempo real, los problemas derivados de la implementación».

En definitiva, «la cronología del proceso evidencia que Correos no ha estado a la altura de una actuación de esta envergadura» y que «la ausencia de previsión, el retraso en la interlocución, la falta de información y la gestión improvisada han configurado un despliegue que ha recaído, una vez más, en la capacidad de respuesta de la plantilla». En este sentido, se interesan por conocer «cuáles son las razones, según la Dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura como máximo responsable, que explican la falta de planificación previa, la insuficiente información y el retraso en la interlocución con la plantilla y sus representantes sindicales en la implementación del proceso de regularización en Correos».

Falta de previsión

El tercer foco de interés se centra en «la ampliación y refuerzo de plantilla», ya que, según sus informaciones, «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de deficiencias concretas que afectan de manera directa a la organización del trabajo, a la calidad del servicio público y a las condiciones laborales de la plantilla». Unas deficiencias que «no son puntuales ni aisladas, sino que responden a un patrón común de falta de previsión, insuficiencia de medios y gestión improvisada».

El despliegue del proceso se ha abordado «sin un dimensionamiento real de las necesidades de personal, al margen de que se ha optado por un número ‘seguro’ —reducido— de oficinas, lo que evidencia el reconocimiento implícito de la cúpula directiva de no haber preparado la estrategia necesaria para afrontar el proceso con garantías». Con ello, «el derecho de las personas regularizables se ha debilitado y también nuestra oportunidad de demostrar nuestras capacidades».

La empresa «no ha concretado un plan de refuerzos suficiente y ha rechazado propuestas sindicales orientadas a incrementar de manera significativa los efectivos (entre el 30% y el 40%), pese al evidente impacto del proceso en la carga de trabajo». Y el Grupo Popular afirma que «las únicas medidas apuntadas se limitan, en su caso, a contrataciones precarias y de corta duración (contratos eventuales de 3 horas para cubrir la franja de 14:30 a 15:30 en el turno de mañana, en lugar de haber solicitado una ampliación de horario hasta las 19:00 o 20:30 como en Seguridad Social y Extranjería), claramente insuficientes para afrontar un proceso de estas características, lo que supone trasladar la presión organizativa a la plantilla existente».

Por otra parte, «se están detrayendo recursos de apoyo de oficinas no afectadas por la regularización para reforzar aquellas que sí lo están, debilitando así la prestación del servicio habitual al resto de la ciudadanía. Incluso en las propias oficinas afectadas, al no reforzar de manera suficiente la plantilla para abordar un proceso que requiere entre 20 y 30 minutos por solicitud, se está ordenando dejar de prestar servicios que no sean de regularización». La empresa, en pleno plan de ajustes, «ha primado el ajuste de costes sobre la prestación del derecho con solvencia y sin sobrecargas» y quieren saber si «tiene previsto la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura a la cabeza, impulsar un refuerzo de plantilla en las oficinas de Correos que participan en el proceso de regularización de inmigrantes que permita atender la nueva carga de trabajo sin deteriorar la prestación del resto de servicios».

Formación del personal

El cuarto punto de atención es la formación del personal. El Grupo Popular apunta a que «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de deficiencias concretas entre ellas las relativas a la formación del personal de esas oficinas» Así el calendario formativo «no guarda coherencia con el inicio del servicio» y «la formación se estructura en varios cursos que, lejos de haber sido planificados con la antelación suficiente, se solapan con el propio inicio de la actividad: el curso ‘SIEG Iniciación’, previsto del 16 al 27 de abril, comienza tarde y finaliza después del inicio de la atención presencial, que arranca el día 20; el curso ‘Mercurio: operativa trámites extranjería’ comienza el propio día 20, sin fecha clara de finalización; y la habilitación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), requisito esencial para la operativa, ni siquiera consta con claridad que se esté impartiendo en tiempo y forma».

El PP señala que «todo ello implica que parte de la plantilla va a tener que empezar a tramitar solicitudes sin haber completado la formación necesaria», y que, en paralelo, «la habilitación de herramientas clave como los certificados digitales de empleado público se realizan en el último momento, pese a tratarse de un requisito conocido y transversal para este y otros SIEG, lo que evidencia nuevamente la falta de planificación». Asimismo, los populares aseguran que «se han detectado situaciones en las que se solicita al personal la realización de formación complementaria o de adaptación al puesto fuera de su jornada laboral, sin planificación ni encaje organizativo claro».

En definitiva, «no estamos ante una formación insuficiente por falta de tiempo, sino ante una formación mal diseñada, mal ejecutada y claramente alejada de los estándares mínimos exigibles en un proceso de esta complejidad» y que «esta situación no solo genera inseguridad en la plantilla, sino que incrementa el riesgo de errores en la tramitación y compromete la calidad del servicio prestado a la ciudadanía». Así preguntan «cómo valora la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura a la cabeza, el pésimo diseño y la ejecución de la formación impartida al personal de Correos en el proceso de regularización de inmigrantes y qué medidas va a adoptar para garantizar una formación adecuada a la complejidad del procedimiento en el tiempo que queda hasta el día 27, fin del plazo formativo».

La quinta cuestión son las «deficiencias en medios técnico». El Grupo Popular subraya que Correos presenta un conjunto de deficiencias concretas entre ellas las relativas a los medios técnicos disponibles que no resultan adecuados para garantizar el correcto desarrollo del proceso y que «se han identificado carencias en equipos como escáneres e impresoras, así como problemas de conectividad y funcionamiento en los sistemas utilizados para la tramitación, lo que dificulta la operativa diaria y aumenta el riesgo de errores». A su juicio, «la falta de anticipación en el refuerzo tecnológico y material es evidente» y «la habilitación de certificados electrónicos para este proceso se ha producido de forma precipitada, en muchos casos coincidiendo con el propio inicio del servicio o incluso con el proceso ya en marcha».

Asimismo, siguen denunciando, «la utilización de herramientas como la plataforma Mercurio, como ya se ha señalado, presenta una complejidad técnica elevada para personal no especializado y no ha venido acompañada ni de la formación ni del soporte técnico necesarios». Además, «se han detectado errores en las instrucciones facilitadas, que inducen a utilizar vías de acceso o procedimientos incorrectos —como el uso de accesos por representación que no se corresponden con el funcionamiento real del sistema—, lo que puede provocar incidencias en la tramitación».

Ello le lleva a afirmar que «no solo se ha llegado tarde en la dotación de medios técnicos, sino que estos se han puesto en funcionamiento sin la preparación ni la claridad necesarias, situando nuevamente a la plantilla en un escenario de trabajo a ciegas en un procedimiento de alta complejidad técnica y administrativa». La pregunta se concreta en si Correor tiene previsto «adoptar medidas urgentes para garantizar la dotación adecuada de medios técnicos en las 371 oficinas de Correos que participan en el proceso de regularización de inmigrantes, corrigiendo las deficiencias detectadas en equipos, conectividad y sistemas de tramitación».

Problemas con la cita previa

Como sexta cuestión abordan los problemas en el sistema de cita previa. Los populares parten deel convencimiento de que «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de disfunciones relevantes y una de ellas es la relativa al sistema de cita previa y la operativa de atención que afectan tanto al acceso de la ciudadanía al servicio como a la organización del trabajo en las oficinas».

En primer lugar, señalan que «la puesta en marcha del sistema se ha producido sin un funcionamiento plenamente operativo desde el inicio», ya que «a primera hora del día 16 de abril, en la mayoría de las oficinas designadas no se ofrecían citas disponibles, que se fueron incorporando de manera progresiva a lo largo de la jornada, lo que evidencia una falta de preparación técnica en el arranque del sistema». Asimismo, en aquellas oficinas en las que sí se habilitaban citas, estas se concentraban en franjas muy concretas —principalmente a primera hora de la mañana—, limitando de facto la capacidad de acceso de las personas solicitantes y generando desequilibrios en la distribución de la carga de trabajo», lo que «evidencia así que Correos no tenía preparado ni el sistema ni a los profesionales».

El Grupo Popular apunta a que «l sistema presenta, además, limitaciones estructurales en su acceso« y que «la solicitud de cita requiere el uso de mecanismos de identificación digital como Cl@ve PIN, lo que supone una barrera significativa para una parte importante del colectivo al que va dirigido el proceso, dificultando el acceso en condiciones de igualdad». A ello se suman «dudas operativas relevantes que no han sido adecuadamente resueltas por la empresa: la posibilidad de gestionar varias solicitudes en una misma cita —en teoría no, pero el sistema no lo impide—, la falta de claridad en los criterios de asignación de turnos o la ausencia de instrucciones homogéneas sobre cómo actuar ante situaciones no previstas».

Estas deficiencias, aseguran en el PP, «trasladan incertidumbre tanto a la ciudadanía como a la plantilla, que debe gestionar las consecuencias de un sistema de cita previa que no ha sido suficientemente definido ni explicado». Por ello, interpelan sobre «qué actuaciones tiene previsto impulsar la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura a la cabeza, para corregir los problemas detectados en el sistema de cita previa y en la operativa de atención en las oficinas de Correos, que están afectando tanto al acceso de la ciudadanía como a la organización del trabajo».

Finalmente, se interesan por las «deficiencias y errores del manual o guía de procedimiento». Señalan que «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de dificultades técnicas y prácticas muy relevantes». La gestión de solicitudes a través de Mercurio «no puede considerarse un procedimiento sencillo para personal no especializado, pues se trata de una herramienta compleja, con distintos itinerarios de acceso, múltiples supuestos administrativos y exigencias de cumplimentación que requieren experiencia previa, seguridad en la identificación documental y un conocimiento suficiente del procedimiento». A su juicio, «esta realidad contrasta con la escasa preparación previa facilitada por la empresa».

Todo ello incrementa , según la versión del PP, «la inseguridad operativa de la plantilla y el riesgo de incidencias en la tramitación, en un procedimiento que, por su naturaleza, exige un alto grado de precisión técnica y jurídica que no se está garantizando en las condiciones actuales». Además, consideran «preocupante la existencia de errores relevantes en el propio manual o guía de procedimiento distribuido por la empresa».

Información confusa

Lejos de ofrecer «una herramienta clara, segura y pedagógica para una actuación de esta complejidad, la guía presenta redacciones confusas, sistemática desordenada y, lo que es más grave, referencias incorrectas o contradictorias respecto de los requisitos y supuestos de acceso al proceso de regularización». Entre los errores detectados, «debido en algunos casos a que venían recogidos en los borradores previos al Real Decreto definitivo, cabe destacar algunos ejemplos especialmente significativos: «Se está trasladando una información confusa —derivada de la explicación en la guía y en los canales informativos— que puede llevar a pensar que hay ‘un año’ para solicitar, cuando el Real Decreto fija el plazo hasta el 30 de junio, es decir, poco más de dos meses y medio», explican.

En realidad, «se está mezclando el plazo para presentar la solicitud con la duración de la autorización, que sí es de un año» y consideran que «esto no es un matiz técnico: es un error de base que puede dejar fuera a personas por desinformación». A ello se suma que «profesionales con experiencia acreditada en la gestión de extranjería han advertido expresamente sobre estos fallos, señalando que se trata de errores fácilmente identificables para cualquier especialista, lo que refuerza la idea de que la guía no ha sido suficientemente revisada antes de su distribución». La última pregunta va dirigida a conocer «qué medidas prevé adoptar la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para corregir las carencias del programa Mercurio y las deficiencias detectadas en el manual o guía de procedimiento que afectan a la correcta tramitación del proceso de regularización de inmigrantes».