La 'rebelión' de ocho vocales del Poder Judicial contra la amnistía divide a los juristas

La rebelión de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la amnistía a los encausados del procés divide a los juristas. El presidente interino, Vicente Guilarte, ha convocado el próximo lunes un pleno para debatir una declaración institucional propuesta por la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cinco años. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE denuncian que se trata de «una injerencia» porque supone politizar la institución. Otros apoyan la decisión si no se entra a valorar el fondo del asunto y solo tiene un efecto simbólico.

Ocho de los 10 vocales del CGPJ propuestos por el PP han solicitado un pleno para tratar una declaración institucional contra una eventual ley de amnistía. En su opinión, aprobarla «supone denigrar y convertir» el Estado de derecho «en objeto de mercadeo», ya que la medida se lleva a cabo para que un aspirante a presidente del Gobierno «pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas».

Los miembros del órgano de gobierno de los jueces han sido especialmente duros en el texto, donde expresan su «intensa preocupación y desolación». Consideran que la medida de gracia supondrá «la degradación del Estado de derecho en España». En opinión de estos ocho vocales, la aplicación de la ley de amnistía supondría «impedir la acción de curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiéndolas en papel mojado».

CGPJ caducado

A pesar de que el bloque conservador cuenta con mayoría en el CGPJ (continúan 17 de los 20 vocales iniciales), no está claro que la declaración institucional salga adelante. Si lo hace, no será por unanimidad. El ala progresista ha expresado su rechazo tanto a la petición de un pleno extraordinario, concedido por Guilarte, como con el texto propuesto.

Un vocal progresista consultado por este diario reconoce que sus compañeros deben eximirse de mostrar su opinión en asuntos políticos, especialmente si no guardan relación con sus competencias. En esa misma dirección se han explicado públicamente algunos de los más prestigiosos juristas, como Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, que estuvo en las últimas quinielas para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

«El CGPJ no tiene competencias para pronunciarse sobre una proposición de ley. Al hacerlo, es el Consejo el que se está saltando la Constitución. Los que más invocan el Estado de derecho son los primeros en saltárselo. Son solo ocho sinvergüenzas con mandato caducado hace cinco años», escribió Urías en la red social Equis.

El PSOE ha anunciado una proposición de ley para conceder una amnistía que deje sin efecto los delitos cometidos por los independentistas durante el procés. El artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que deben someterse a informe del CGPJ los anteproyectos de ley que tienen que ver con determinadas cuestiones, principalmente las relacionadas con la organización y el funcionamiento judicial.

«Una confrontación partidista»

El CGPJ puede realizar informes sobre las propuestas del Gobierno, pero nunca sobre las del Poder Legislativo. Sus conclusiones son preceptivas, pero no vinculantes. «Las proposiciones de ley son actos del Parlamento. El Poder Judicial no se debe inmiscuir. Lo que proponen es una cosa intermedia, un fraude de ley. Como no pueden realizar un informe, proponen una declaración institucional con el mismo contenido», explica Urías a THE OBJECTIVE.

Juezas y Jueces para la Democracia también defiende esa tesis. «Los ocho vocales del CGPJ designados por el PP saben que no tienen competencia para informar sobre proyectos o proposiciones de ley, pero no les importa embarrar a la judicatura en la confrontación partidista», denunció la asociación en Equis. Su portavoz adjunto, Edmundo Rodríguez Achutegui, explica que la ley establece las competencias del órgano de gobierno de los jueces y que la mayoría conservadora estaría vulnerándola.

«Afecta a la imagen de imparcialidad e independencia del CGPJ. Lo que hacen es bajar al barro de la confrontación política, hacen partidismo. Es un error mayúsculo», insiste Rodríguez Achutegui. En su opinión, los ocho vocales carecen de legitimidad. Les pide que dimitan y permita renovar el Consejo. Una puerta que también les ha señalado la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien los vocales «no son los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad».

Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea, discrepa de sus compañeros. En su opinión, el CGPJ tiene competencias «difusas» y estaría legitimado para realizar una declaración institucional sobre cualquier cuestión siempre que no entre en el fondo. «Las declaraciones institucionales no son extrañas. No se ajustan a las funciones regladas, pero son habituales», insiste Fontán.

Declaraciones institucionales

En los últimos años se han realizado varias, como aquella de enero de 2020 para enmendar la plana al entonces vicepresidente Pablo Iglesias, que afirmó en televisión que la justicia española había resultado humillada por los tribunales europeos. La declaración fue aprobada por unanimidad de los vocales del CGPJ. Meses más tarde se mostraron en contra de la reforma del órgano de gobierno de los jueces que tramitaban PSOE y Podemos en el Congreso.

«Este tipo de declaraciones debería abstenerse de hacer valoraciones respecto al contenido de la ley. Si no se mete de lleno en eso, que sería un error, están totalmente legitimados y no sería algo extraño», insiste Fontán, sobrino-nieto del primer presidente del Senado tras la restauración democrática. En su opinión, la declaración institucional que plantan los ocho vocales conservadores del CGPJ debería tener solo «un efecto simbólico». Eso sí, reconoce que el texto no tendrá ningún recorrido.

Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, afirma que los ocho vocales tienen competencia tanto para convocar el pleno como para mostrar su disconformidad con una eventual ley de amnistía. En su opinión, debería tramitarse a través de un proyecto de ley, pasar por el Ministerio de Justicia y superar los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CGPJ. E insiste: «Hacerlo a través de una proposición de ley es un fraude de ley porque supone perder la garantía que suponen esos informes».