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El juez rechaza las peticiones de prisión de las familias de los militares ahogados en Córdoba

El juzgado se ha pronunciado de esta manera tras haber escuchado este pasado lunes a las partes del procedimiento judicial

El juez rechaza las peticiones de prisión de las familias de los militares ahogados en Córdoba

Militares acordonando el lugar donde acontecieron los hechos | Rafael Madero - Europa Press

El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla ha desestimado finalmente las medidas cautelares de prisión provisional solicitadas para varios mandos por las familias del soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar, en el marco de la investigación de la muerte de ambos durante unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano (Córdoba), como ha avanzado Diario Córdoba y ha confirmado el abogado Luis Romero, que representa a los padres del soldado Carlos León.

El juzgado se ha pronunciado de esta manera tras haber escuchado este pasado lunes a las partes del procedimiento judicial, en una sesión en la que la representación de la familia del soldado sevillano confirmaba su petición de cárcel provisional para el capitán investigado en el caso, mientras la representación de la familia del cabo cordobés habría ratificado su solicitud de prisión provisional para el capitán y además para el sargento y el teniente también investigados, toda vez que la Fiscalía se oponía a tales peticiones provisionales de cárcel.

Según la acusación particular que ejerce la familia del soldado sevillano fallecido, de los hechos serían responsables el general de la Brigada X Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra, dos coroneles, tanto el que aprobó las maniobras como el que estaba al mando aquel día; el teniente coronel, el comandante, el capitán, dos tenientes y el sargento, unos como autores y otros como cooperadores necesarios.

Sin medidas de seguridad

Y es que en la maniobra, le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano «sin contar con las más elementales medidas de seguridad adecuadas para la práctica, asumiendo» los citados mandos militares «el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas», según el letradi Luis Romero.

«Eran plenamente consciente de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el Capitán no quiso. En esta línea, llama la atención lo manifestado por un soldado, refiriendo que el capitán dijo: ‘Me suda la polla todo, todo el mundo para adentro’», detalla el relato de esta acusación particular. Al hilo, señala los testimonios que «refieren que algunos soldados tragaron mucha agua y se desmayaron, quedaron inconscientes y perdiendo el conocimiento, y otros llegaron a sufrir hipotermia, dañando la integridad física de muchos de los participantes» en el ejercicio.

No quiso «aplazar la práctica»

Para el letrado, pesa «la imputación objetiva en el presente supuesto, pues el capitán se hallaba en posición de garante, habiendo podido evitar el fatal resultado de dos muertes mediante la acción que le era exigible y ha omitido, en este caso, asegurarse de disponer de las medidas de seguridad adecuadas; y en caso de que no se tuvieran, haber aplazado la práctica, algo que fue propuesto por muchos de los soldados».

Además, añade que el coronel que aprobó la maniobra sabía que la misma no estaba incluida en el Plan de Instrucción Básico de un soldado de infantería. «Las demás figuras referidas forman parte de la cadena de mandos responsables y transmiten las órdenes del coronel, personas que deberían haber supervisado que todo fuera correcto y estuviera legalmente establecido, algo que tampoco se hizo».

En ese sentido, advierte de que el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla «tiene competencia para conocer de los hechos delictivos cometidos hasta el capitán en el escalafón militar del Ejército de Tierra», pero en este caso «también son responsables los oficiales que van por arriba» en la cadena de mando.

No era «una línea de vida»

Y de nuevo, la acusación particular insiste en que la supuesta «línea de vida» instalada en el lago «no era tal, sino que simplemente era una cuerda guía, que además parece ser que fue soltada por las personas que se encontraban en la orilla, obedeciendo la orden del capitán». Todo, ello, en un marco en el que «no había ningún socorrista ni equipos de salvamento (tales como flotadores salvavidas, etc.) ni personal para ello al lado del lago supervisando la práctica de la maniobra de vadeo»; así como tampoco había «ambulancia ni personal sanitario o facultativos de emergencia».

Esta acusación particular avisa además de que la mochila del soldado Carlos León Rico «pesaba casi 12 kilos», siendo este peso junto al fusil, el casco, las botas militares, la uniformidad militar con chaqueta y pantalón un peso demasiado elevado para la práctica de vadeo. A

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