La UCO apunta a que la cátedra de Begoña Gómez amañó y falseó contratos públicos
La investigación señala ofertas «simuladas», adjudicaciones «premeditadas» y prácticas para dar apariencia de legalidad
Ilustración de Alejandra Svriz.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid utilizó ofertas «simuladas» y expedientes destinados a «dar apariencia de legalidad» a servicios previamente acordados con Deloitte. El informe remitido al juez concluye además que las adjudicaciones «estaban premeditadas« y que las condiciones de contratación se «amoldaron» a la consultora, limitando la concurrencia del resto de licitadores.
El atestado, fechado el 21 de mayo de 2026 y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, analiza la actividad de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM y el desarrollo de la plataforma tecnológica Transforma TSC. La investigación judicial se sigue por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.
La Guardia Civil sitúa a Begoña Gómez en el centro de la operativa investigada y el informe la define como «principal responsable» del proyecto y sostiene que participó activamente en el desarrollo, seguimiento y difusión de la plataforma creada desde la cátedra universitaria.
La cátedra de Begoña Gómez
La parte más sensible del informe afecta a los contratos utilizados para financiar el desarrollo de la plataforma. La UCO sostiene que los expedientes empleados para adjudicar los servicios «se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación».
Los investigadores afirman que las adjudicaciones «no solo estaban premeditadas», sino que algunas empresas comenzaron a trabajar antes incluso de la formalización de los contratos. Según el atestado, las condiciones técnicas y económicas exigidas en los expedientes ajustaron a condiciones previamente definidas entre las compañías y la propia cátedra dirigida por Gómez, incluido el precio final de los servicios. El informe sostiene que «se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores».
La investigación pone el foco en los contratos vinculados al desarrollo de la plataforma Transforma TSC, cuyo coste directo para la Universidad Complutense ascendió a 108.765,79 euros. La UCO añade además que entidades colaboradoras realizaron trabajos valorados económicamente entre 225.000 y 253.000 euros.
Informe de la UCO
La Guardia Civil recuerda en el informe que la Universidad Complutense actuaba como Administración pública y que la contratación desarrollada desde la cátedra estaba sometida a la Ley de Contratos del Sector Público. El documento incorpora además la declaración judicial de la interventora de la UCM, quien afirmó que las aportaciones privadas de patrocinadores pasaban a tener consideración de fondos públicos una vez integradas en la Universidad.
La cátedra recibió 176.000 euros procedentes de entidades colaboradoras como Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Telefónica o Human Age Institute, de los que 158.400 euros terminaron integrados en el fondo propio universitario.
La investigación también cuestiona la contratación de Making Science Group, empresa encargada del desarrollo técnico del backend de la plataforma. La UCO sostiene que el servicio se contrató «sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo», pese a que el importe exigía legalmente hacerlo. El pago terminó autorizándose posteriormente para evitar un «enriquecimiento injusto» de la Universidad tras haberse ejecutado ya el trabajo.
La asesora de Moncloa
El informe incorpora además el papel de Cristina Álvarez, asesora adscrita al Gabinete de Presidencia del Gobierno y asistente de Begoña Gómez. Según la Guardia Civil, participó en comunicaciones y gestiones burocráticas relacionadas con el desarrollo de la plataforma y con la tramitación administrativa de los contratos investigados.
La UCO apunta el posible aprovechamiento privado de la plataforma desarrollada desde la universidad pública. El atestado señala que los gastos vinculados al registro del dominio y de la marca Transforma TSC fueron sufragados con fondos personales de Begoña Gómez y relaciona esos movimientos con la posterior creación de la sociedad privada Transforma TSC, administrada por la propia Gómez. Los investigadores destacan la «analogía» entre esa sociedad privada y la plataforma tecnológica desarrollada desde la Complutense, subrayando además que no constan acuerdos formalizados con la Universidad sobre esa utilización.
El informe recoge igualmente tensiones internas dentro de la propia Universidad Complutense sobre el destino final de la herramienta tecnológica. En una reunión de la Comisión Mixta celebrada en octubre de 2024, responsables universitarios aseguraron que no constaba oficialmente la entrega del software ni la cesión de los dominios asociados al proyecto. Durante esa reunión, el codirector de la cátedra llegó a afirmar que «no existe un software».