Zapatero evita contestar a la Fiscalía dentro de su plan para anular la causa

José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por el enrocamiento como línea de defensa. Según confirman a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas de toda solvencia, el expresidente del Gobierno ha ejecutado una calculada maniobra al acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de la fiscal anticorrupción, Elena Lorente. La orden, dictada de forma tajante por su letrado, el penalista Víctor Moreno Catena, busca evitar una convalidación tácita de las pesquisas y levantar un muro procesal que impida al Ministerio Público y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional seguir hurgando en la causa.

La coartada esgrimida por el equipo jurídico del expresidente para justificar este desplante a la Fiscalía se centra en el origen de las pruebas. La defensa sostiene que el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, «se hizo sin orden judicial». Al negarse a responder a la Fiscalía, Zapatero evita deliberadamente entrar a debatir sobre el contenido de los mensajes incriminatorios y fía toda su suerte a que la Audiencia Nacional compre su teoría del «fruto del árbol envenenado» para tumbar el procedimiento por la vía rápida.

Este principio procesal establece que cualquier prueba obtenida de forma ilícita carece de validez legal. Zapatero solicitó hace unos días a Calama que reclame a Estados Unidos más información sobre el origen, la obtención y la cadena de custodia del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, cuyo volcado resultó determinante para su imputación en el caso Plus Ultra. Su abogado cuestiona en el escrito, al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, las garantías procesales del material intervenido por las autoridades estadounidenses en 2021. La justicia ha anulado al menos en dos casos pruebas obtenidas por dicha agencia.

Tumbar el indicio para evitar el fondo

El escrito remitido por Moreno Catena al juzgado evidencia que la prioridad del expresidente no es aclarar los hechos, sino desactivar la validez legal del material que lo acorrala. El abogado exige al juez instructor que no se limite a aceptar formalmente los documentos remitidos desde el extranjero y reclama una auditoría quirúrgica sobre cómo se obtuvo ese indicio.

Bajo la capa protectora del derecho de defensa, el entorno de Zapatero califica de «absolutamente necesario» que el juzgado verifique si las conversaciones interceptadas a Reyes, que sirven de base a los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Policía Nacional, «cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud».

El objetivo de la defensa es sembrar la duda sobre la cadena de custodia para argumentar que el expresidente se encuentra ante un «palmario vicio de indefensión». Una estrategia habitual en los tribunales cuando el fondo de los indicios resulta difícil de rebatir con argumentos políticos.

En su intento de deslegitimar la causa, la defensa de Zapatero ha decidido elevar el tiro y poner bajo sospecha los métodos de cooperación internacional de las agencias del orden de Estados Unidos. En el durísimo escrito remitido al juez, Moreno Catena insta a Calama a fiscalizar de arriba abajo la actuación de la Homeland Security Investigations (HSI), la oficina de seguridad nacional americana que ejecutó la extracción telefónica.

Sin medidas cautelares

Zapatero exige ahora que el juez de la Audiencia Nacional reclame de forma inmediata «la concreta resolución judicial o, en su caso, la orden o autorización administrativa que amparó la incautación» del terminal de Reyes. La hoja de ruta del expresidente pasa por encontrar cualquier fisura técnica, por mínima que sea, en el trasvase de la información desde los ordenadores de Washington a las dependencias de la UDEF en Madrid. Para ello, Moreno Catena insiste en que se aporten todos los mecanismos de verificación (actas, desprecintos y firmas de los funcionarios actuantes) que acrediten cómo se preservó la información y cómo se custodió el material sensible.

El foco se traslada así de la presunta trama de favores políticos a una guerra de manuales de procedimiento, actas policiales y fechas de remisión diplomática. El escrito de la defensa exige de manera minuciosa que se desvele «la forma y fecha de la remisión de esta información a la policía española», así como las comunicaciones previas mantenidas entre los dos países.

El expresidente del Gobierno busca forzar al juez a que exija a Washington las «autorizaciones del órgano de EEUU que haya permitido que se manden estas conversaciones a la policía española y su alcance». Una ofensiva de máximos con la que el expresidente pretende desactivar el peso de las pruebas en su contra, confiando su futuro judicial a un defecto de forma que archive una causa que amenaza con desgastar definitivamente su cotizada influencia política.

Por ello, esta es la verdadera razón por la que el penalista Moreno Catena ha impuesto un riguroso voto de silencio a su cliente frente al Ministerio Fiscal. La consigna es clara: no contestar a una sola pregunta hasta que el instructor se pronuncie sobre el incidente de nulidad. Para la defensa, someterse al interrogatorio de la fiscalía equivaldría a «validar» de facto una investigación que consideran viciada de origen y radicalmente nula.

Los indicios siguen intactos

La extrema prudencia con la que el magistrado está manejando los tiempos y las medidas restrictivas contra Zapatero no responde al azar ni a la debilidad de la causa. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el instructor es plenamente consciente del tablero político en el que se mueve. Cualquier medida cautelar que el expresidente pueda interpretar como una «vulneración de sus derechos fundamentales» se convertiría de inmediato en el salvoconducto perfecto para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, hoy presidido por su amigo personal y ex fiscal general del Estado durante su mandato: Cándido Conde-Pumpido.

Para evitar que el órgano de garantías actúe como un «paracaídas» político que tumbe la instrucción por un defecto de forma, el juez Calama ha blindado legalmente sus decisiones mediante un auto de una rigurosidad exhaustiva. El magistrado recuerda en su resolución que la adopción de medidas cautelares personales exige siempre un juicio «especialmente riguroso», ya que implican una restricción anticipada de derechos. Para ello, argumenta, deben concurrir obligatoriamente y de forma conjunta dos elementos: el fumus boni iuris (indicios fundados de criminalidad) y el periculum in mora (un riesgo procesal real y acreditado).

Pese a esquivar de momento las medidas más drásticas para no dar alas a la estrategia de victimización del expresidente, el instructor es demoledor en su análisis del fondo del asunto. El magistrado desmonta la estrategia de silencio de Zapatero y subraya de forma tajante que su declaración no ha logrado desvirtuar en absoluto los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación.

Para el juez Calama, la existencia del fumus boni iuris es incontestable y emana de un arsenal de pruebas recabadas en los registros autorizados el pasado 9 de noviembre. El cerco judicial sobre el expresidente se sostiene, según el auto, sobre tres pilares principales: la ruta del dinero de Plus Ultra (la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de Zapatero que guardan relación directa con los fondos públicos concedidos por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra); sociedades pantalla y el botín de joyas hallado en la oficina de Ferraz.