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Economía

Estados Unidos permitirá demandar a empresas extranjeras con negocios en Cuba

España considera que «la aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al Derecho Internacional»

Estados Unidos permitirá demandar a empresas extranjeras con negocios en Cuba

Estados Unidos activará en mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios, informa AFP. Así lo ha comunicado el propio Gobierno de Donald Trump[contexto id=»381723″]. «Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio», ha advertido a la prensa el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en un encuentro en el que ha fijado el 2 de mayo como la fecha de entrada en vigor del artículo.

Tras la declaración, Cuba ha vuelto a manifestar su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, ha repudiado «enérgicamente» el anuncio del funcionario estadounidense en Twitter: «Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará», escribió en la red social.

La subsecretaria del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones. Y aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burton, de 1996.

Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá han manifestado este miércoles su disgusto por la activación del artículo en una declaración conjunta, y han prometido «proteger los intereses» de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En una carta a Pompeo anterior al anuncio, el bloque había advertido de que la activación del artículo podría generar represalias. Más tarde, junto a Canadá, calificó la decisión de «lamentable», y advirtió sobre la «espiral innecesaria de acciones legales» que podría derivar de ella.

En concreto, la sección de la norma estadounidense permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.

España «rechaza» la decisión

El Gobierno de España ha rechazado la decisión de Estados Unidos. Mediante un comunicado del Ministerio de Exteriores, «el Gobierno de España considera que la aplicación del Título III no contribuye a nuestro objetivo común de seguir promoviendo la democracia, la apertura política y los derechos humanos en Cuba».

El Ejecutivo cree que «disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la Isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana». Para el gabinete dirigido por Josep Borrell, «la aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al Derecho Internacional y dará lugar a una espiral de demandas y contra-demandas que enturbiarán la relación económica transatlántica sin que de ello se desprenda ventaja o avance alguno, ni para los demandantes estadounidenses ni para la población cubana en su conjunto».

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