Un año más, la ausencia política de Ciudadanos y el Partido Popular (PP), ha marcado la tradicional ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova, con motivo de la Diada, el día nacional de Cataluña, una jornada que sin duda está caracterizada este año por los actos políticos y la consulta del referéndum convocada para el 1 de octubre.
Lo acontecido en el parlamento catalán la pasada semana es uno de los episodios que encajan en la advertencia de María Zambrano: “Para comprender la historia en su totalidad hay que admitir lo increíble, hay que constatar lo absurdo y registrarlo”.
La pluralidad es un hecho indiscutible en las sociedades contemporáneas, pero el pluralismo no. Puede, de hecho, darse el caso de que una sociedad sea plural sin ser pluralista.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este domingo que su ejecutivo ya tiene todo preparado para el referéndum del 1 de octubre, pese a haber sido declarado ilegal por los tribunales españoles. “El Gobierno ya lo tiene todo a punto para que el domingo 1 de octubre los catalanes y las catalanas puedan ir a votar como han hecho siempre, con plena normalidad, porque en las urnas caben todos.
Agentes de la Guardia Civil han abandonado esta tarde la sede del semanario El Vallenc tras practicar un registro que se ha alargado durante “más de cinco horas”, llevándose “documentación y un ordenador”, ha informado el propio medio, cuyo director Francesc Fàbregas había sido llamado a declarar en las dependencias del cuartel de la comandancia del instituto armado en Tarragona.
Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera han coincidido este sábado en expresar públicamente su apoyo a los alcaldes de municipios catalanes que han descartado colaborar en la celebración del referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno de la Generalitat el 1 de octubre, declarado ilegal por la administración de justicia
El Ayuntamiento de Barcelona rechaza el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre con el que el Parlament pretende independizar a Cataluña del resto de España, al anunciar que no cederá espacios para su realización.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta. Esas son algunas de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Superior de Cataluña en la querella que ha presentado contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su ejecutivo, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión. La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha formalizado este viernes ante el TSJC, que se reúne esta tarde para decidir la aceptación de las querellas.
Méndez de Vigo: “Los Mossos no son la policía de los secesionistas y el Gobierno no tiene ninguna duda de que cumplirán la ley”. Lo ha dicho el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este viernes por la tarde en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sus declaraciones hacen referencia al papel de la policía catalana en el referéndum independentista convocado para el 1 de octubre y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaron este jueves una carta a todos los alcaldes de Cataluña para instarles a ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación. Más de 500 ya han respondido firmando el documento y dando su apoyo a una iniciativa, que de llevarse a cabo, incurrirá en un delito, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional tras la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley del Referéndum en Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que “no suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros ni un tribunal desprestigiado”. Tras el anuncio del Tribunal Constitucional la suspensión de la ley del Referéndum, que se ha hecho oficial este viernes con la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), ha declarado que “después de tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia”.
No es ningún secreto que la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, hace años que se ha convertido en un día de estrategias políticas enfrentadas entre los defensores de la independencia de Cataluña y los llamados constitucionalistas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la ley del Referéndum en Cataluña, por lo que la convocatoria del 1 de octubre ha quedado oficialmente suspendida.
La imagen más significativa del pleno fue probablemente la de una señora diputada retirando las banderas españolas que los populares habían dejado en su retirada. La señora diputada no era independentista, sino de Cataluña Sí Que Es Pot, la coalición electoral que integra a Podemos. Y con su gesto dio una buena muestra del papel que su partido, o su coalición, ha tenido y sigue teniendo en el proceso independentista. Ella es capaz de retirar la bandera española y dejar la catalana, pero sólo en ausencia de los afectados. Nunca jamás se le ocurriría arrancársela de las manos a un diputado unionista, pero si se van se crece.
Horas después de la entrevista que mantuvieron el presidente del Gobierno con el líder del PSOE, Albert Rivera, cabeza del partido Ciudadanos, también se ha reunido con Mariano Rajoy para mostrar su apoyo ante el desafío soberanista.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves tras el Consejo de Ministros extraordinario que, tras recibir el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, ha dado instrucciones a la abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del Referéndum aprobada el miércoles en el Parlament.
La Fiscalía General ha anunciado este jueves la presentación de dos querellas criminales, una contra los miembros de la Mesa del Parlament que el miércoles tramitaron los proyectos de ley de desconexión, y otra contra el Gobierno de la Generalitat por firmar el decreto de convocatoria de la Ley del Referéndum aprobada en un tenso pleno del que se ausentaron los grupos constitucionalistas en el momento de la votación.
Tras una intensa sesión plenaria, el Parlament de Cataluña ha aprobado la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, con las que pretende establecer un marco jurídico para la celebración de un referéndum secesionista y la eventual separación de la Comunidad Autónoma. Lo ha hecho después de que la Mesa del Parlament decidiera incluir en la orden del día el trámite de ambos textos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo ha pedido ya al Tribunal Constitucional que declare nulos los acuerdos del Parlament de Cataluña, que este miércoles ha admitido a trámite la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, que prevén el establecimiento de un marco legal para la celebración de un referéndum independentista y la eventual secesión de la región del conjunto de España. La vicepresidenta ha tachado la sesión del Parlament de “abochornante espectáculo” y de “patada a la democracia, patada a los catalanes y patada a la decencia política”.
Todos podemos convenir que el problema con el independentismo en Cataluña tiene su origen en un conflicto histórico de carácter territorial. Es algo objetivo. Así se ha entendido creo hasta hoy: pero después de presenciar el debate en el Parlament, con el objeto de discutir e intentar aprobar una Ley de Referéndum que permita hacer una consulta secesionista, creo que muchos ya no compartirán esta interpretación de forma completa. Habrá que introducir nuevas variables. De hecho, las batallas que hasta hoy tenía por ejemplo el PSOE sobre el número de naciones que constituyen España o el consenso para empezar a discutir en la Comisión Constitucional de las Cortes el futuro del Estado autonómico, suenan ya como acontecimientos de un pasado lejano.
Desde la mañana de este miércoles, el Parlament debate la posible aprobación de dos leyes decisivas para la independencia de Cataluña: la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica.
El Tribunal de Cuentas ha impulsado este miércoles un procedimiento contra cuatro exdirigentes catalanes, que podría terminar con el pago de más de 5 millones de euros por la consulta independentista no vinculante celebrada en 2014 y declarada ilegal, informa AFP. El caso aparece a dos meses y medio del referéndum secesionista que el ejecutivo nacionalista de Cataluña quiere celebrar el 1 de octubre, y al que el Gobierno español se opone de plano por considerarlo anticonstitucional. Los concernidos son el expresidente regional Artur Mas (2010-2016) y tres integrantes de su equipo: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exresponsable de Educación Irene Rigau y el exportavoz Francesc Homs. El Tribunal les exige el pago de 5,12 millones de euros por los gastos que originó el referéndum a las arcas públicas y los amenaza con embargarles sus bienes hasta cubrir esa cantidad si no la abonan antes del 25 de septiembre, informan varios medios.
Durante la presentación del Año Judicial, 2017/2018, que ha presidido el rey Felipe VI, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, han hecho una clara defensa de la Constitución y la legalidad, frente al independentismo catalán. La presentación se ha celebrado en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, en la víspera de que arranque un pleno del Parlamento de Catalunya que podría aprobar la proposición de ley del referéndum, paso previo a una inmediata convocatoria del mismo por el Govern de la Generalitat.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado el despliegue de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para la independencia que espera lograr luego del referéndum del 1 de octubre.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha querido enviar este viernes un mensaje de “tranquilizar” a la ciudadanía y ha reiterado que “no habrá el 1 de octubre un referéndum de secesión”. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha desacreditado la llamada Ley de Transitoriedad catalana diciendo que es un texto “descalificado por juristas de toda índole” y que no ofrece “ningún tipo de garantías”. Con todo, ha dicho también que el Gobierno “ha previsto todos los escenarios posibles” y que “tiene estudiadas las respuestas y actuará en consecuencia”.
Quieren tener la nacionalidad catalana y española, pero los españoles no pueden tener la nacionalidad española y catalana. Así es como los indepes van trazando el camino absurdo de la Ley del embudo: lo ancho para ellos, lo estrecho para uno.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través de un chat vía Facebook Live ha respondido varias preguntas que le hicieron los ciudadanos. El dirigente se conectó aproximadamente a las 16H y aseguró, entre otras cosas, que si Cataluña logra su independencia deberá tener un ejército propio.
El amanecer del 2 de octubre será caótico. El día anterior se habrá celebrado un referéndum independentista ganado por abrumadora mayoría por el “sí” o no se habrá celebrado por razones que van desde la retirada de las urnas por parte de los mossos d’esquadra hasta vayan ustedes a saber qué.
Junts pel Sí (JxS), coalición que gobierna Cataluña, y los independentistas radicales de la CUP, que apoyan al ejecutivo en el parlamento regional, han presentado en el Parlament la llamada ‘Ley de Transitoriedad Nacional’. Esa norma es la principal de las leyes que regularían el marco legal para la “desconexión” de España en el caso de que ganara el “sí” en el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, al que se opone el Gobierno español y el Tribunal Constitucional. Estaba previsto que se conociera a finales de julio pero su presentación se aplazó al haber discrepancias en el calendario de aprobación.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a Puigdemont que acabe con sus planes de ruptura. “Me gustaría que algunos renunciaran a sus planes rupturistas. Si no lo hacen, el Gobierno defenderá la legalidad y la soberanía nacional”, ha dicho Rajoy durante el acto de inauguración del curso político, en Pontevedra.
La Mesa del Parlament de este miércoles no ha modificado su orden del día y no ha incluido la admisión a trámite de la ley del referéndum, que avala la votación del 1 de octubre, pese a que Junts pel Sí y la CUP registraron la proposición de ley el pasado 31 de julio.
La central nuclear suiza de Beznau, la más vieja del mundo, ha vuelto a entrar en funcionamiento este lunes tras una interrupción de tres días debido a un problema técnico, según ha anunciado Axpo, el grupo energético que la administra. “Los trabajos de reparación de un cable de 220 kilovatios de un transformador situado en la parte no nuclear de las instalaciones” han terminado, tal y como ha informado la sociedad en un comunicado.
Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea, ha explicado que la campaña unitaria comenzará oficialmente el 15 de septiembre, cuatro días después de la Diada.
Hace unos días el periodista Juan Cruz llamó a unos conocidos artistas catalanes y les preguntó por la cosa esa del Procés. Todos estaban en contra con sus matices a cuestas en un reportaje que publicó El País. Curiosamente, salieron analistas criticando que los que hablaban lo hacían tarde e incluso mal. Coincidían, cosas del oasis, el maestro Arcadi Espada y el director de la edición local de El Mundo, Àlex Salmon.
El gobierno catalán, a través de su consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha presentado este sábado una denuncia contra los guardias civiles que han llevado a cabo en los últimos días los interrogatorios a altos cargos del ejecutivo autonómico, ha informado la Generalitat en un comunicado.
La polémica reforma del Reglamento aprobada el miércoles por el Parlamento catalán tras un tenso debate que permite la aprobación de las leyes mediante lectura única, no sólo tiene en frente a los partidos de la oposición que votaron en contra de la propuesta de Junts pel Sí y la CUP; el Consejo de Estado, reunido de urgencia este jueves, ha emitido un dictamen en el que motiva que se recurra al Tribunal Constitucional la citada reforma que da luz verde a la aprobación de leyes para una desconexión express de Cataluña porque facilita el referéndum independentista.
Con 72 votos a favor y 63 en contra, el pleno del Parlamento catalán ha aprobado este miércoles una polémica reforma del Reglamento presentada por Junts pel Sí y la CUP que permitirá sacar adelante leyes express. Para los grupos de la oposición, se trata de una propuesta “antidemocrática” dirigida a permitir la aprobación de leyes de ‘desconexión’ de Cataluña y una ley de referéndum en lectura única.
La opción de una Cataluña independiente continúa perdiendo adeptos, según se desprende del último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) catalán, publicado este viernes, en el que el 49,4% de los encuestados no quiere que Cataluña se convierta en un estado independiente, frente al 41,1% que sí quiere. En el anterior barómetro publicado en marzo, el 48,5% de los ciudadanos estaba en contra de la independencia frente al 44,3%.
El Gobierno ha acordado imponer a la Generalitat de Cataluña un control semanal del gasto para impedir el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Si Cataluña destina fondos económicos de forma directa o indirecta al procedimiento refrendario se le cortará la financiación que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así lo ha confirmado este viernes el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros.
El Tribunal de Cuentas ha emitido un auto que abre el procedimiento para exigir al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los ‘exconsellers’ que participaron en la logística de la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, el pago de los más de cinco millones de euros que costó dicha consulta, según ha avanzado el diario El Mundo. Artur Mas ya ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta independentista de 2014. Homs fue condenado por el mismo hecho a un año y un mes de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
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