La generosidad restrictiva de España: en 2018 solo aceptó 1 de cada 4 solicitudes de asilo

«Una auténtica invasión que pretende sustituirnos», «están destruyendo muchos barrios y pueblos», «los inmigrantes tienen derecho a todo…», son los discursos que la extrema derecha de nuestro país viene predicando desde hace meses con un único objetivo: parar la inmigración. De esta forma, Santiago Abascal, líder de Vox, y los suyos quieren «un muro infranqueable en Ceuta y Melilla» o el «cierre de mezquitas fundamentalistas» porque, en su opinión y en su realidad paralela, estamos sufriendo una ocupación que puede crear «confrontación social».

Una «invasión» de 2.895 personas, y a los datos me remito, que fueron las que recibieron protección internacional en España en 2018, esto es, sólo 1 de 4 solicitudes de asilo se han resuelto favorablemente en nuestro país, frente a las 8.980 desfavorables (76%) .»Una tasa muy por debajo de los principales países europeos y que deja a la vista que nuestra generosidad aún sigue siendo muy restrictiva», se lamenta Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), en una rueda de prensa para presentar el Informe de Asilo 2018.

«Queremos desmontar cualquier discurso perverso que asegura que España es un coladero para miles de personas»

Además, de esas resoluciones sólo 575 obtuvieron el estatuto de refugiado, es decir, menos del 5% de las peticiones resueltas. «Estamos bajando el porcentaje de resoluciones favorables con respecto a años anteriores», ha señalado Galán, que ha precisado que en 2017 se aceptaron 1 de cada 3 solicitudes de asilo presentadas, el 35% del total. «Con esto queremos desmontar cualquier discurso perverso de algunos representantes políticos que aseguran que España es un coladero para miles de personas«. En este sentido, Faviere insiste en que España es un «país de entrada pero no de permanencia».

CEAR asegura que en 2018, aunque se registró un nuevo récord de solicitantes de asilo admitidos a trámite, 54.065, esto apenas supone el 0,1% del total de la población. En 2017 los solicitantes de asilo fueron 31.120; en 2016, 15.755 y en 2015, 14.881. Además, la ONG también destaca que, al mismo tiempo, se ha incrementado «enormemente» el número de expedientes pendientes por resolver: 78.710. “Desde CEAR reclamamos medidas para solventar este atasco en el sistema de asilo que se lleva acumulando en los últimos años. Esta situación pone en evidencia la necesidad de mayores medios materiales y humanos para garantizar tanto el acceso al procedimiento como su resolución”, ha denunciado Estrella Galán, directora de la organización.

Venezuela, Colombia y Siria, principales países de origen 

La situación económica, política y social de Venezuela ha vuelto a situarlo como el primer país de origen de los solicitantes, con más de 19.280 peticiones, seguido de Colombia (8.650), Siria (2.775) y Honduras (2.410). Sin embargo, la venezolana fue una de las nacionalidades con más porcentaje de peticiones de asilo denegadas, con 30 resoluciones favorables y 1.495 rechazadas. “Confiamos que se aplique la propuesta anunciada por el Gobierno de conceder el permiso por razones humanitarias a buena parte de estas personas, pero también debe ser aplicable a las provenientes de otros países que lo requieran”, ha subrayado Galán.

En cuanto a Colombia, a pesar de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, el número de inmigrantes procedentes del país latinoamericano sigue aumentando. Esto, en palabras, de la directora de CEAR, se debe «a que los grupos paramilitares se han organizado de otra manera y la matanza continúa. Hay una falsa concordancia entre el Estado y la realidad que estamos observando en las cifras de asilo». Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en el año 2016 se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y se han informado 454 casos, según cifras de Naciones Unidas.

Jessica Cisneros: «En Nicaragua el Gobierno está cometiendo crímenes de lesa humanidad»

La activista y solicitante de asilo de Nicaragua Jessica Cisneros, de 26 años, es una de las 78.710 personas que tienen su solicitud pendiente de resolución. En la sede de CEAR, Cisneros relata la «represión institucional» a la que está sometida su país, donde desde el pasado 18 de abril, al menos 561 personas han sido «asesinadas por el Gobierno de Daniel Ortega», y  4.578 han resultado heridas, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). «En Nicaragua se ha demostrado que el Gobierno está cometiendo crímenes de lesa humanidad«, cuenta emocionada la activista latinoamericana fundadora del Movimiento Cívico de Juventudes (MCJ), que relata cómo «en las manifestaciones nos reciben con plomo» y cómo en las cárceles «violan a las mujeres encarceladas acusadas de terrorismo».

Además, Jessica Cisneros denuncia que al menos 11 instituciones de Derechos Humanos han sido ilegalizadas en su país y se han cerrado varios medios de comunicación, el último El Confidencial,  y encarcelado a sus directores por terrorismo. «En Nicaragua se está viviendo un Estado de terror y de sitio porque no se puede caminar por las calles porque te pueden secuestrar. Ayer la Policía Nacional y grupos paramilitares secuestraron a más de tres jóvenes», relata, y agrega: «Hay más de 1.000 chicos desaparecidos, muchos aparecen en estas cárceles de tortura».

Ahora, esta joven activista que salió del país como parte de la Caravana Informativa de Solidaridad Internacional con Nicaragua con la que ha visitado más de diez países a nivel europeo, espera junto a 1.380 nicaragüenses más que el Gobierno español resuelva su situación legal en nuestro país. Y es que Cisneros lo tiene claro: «Si vuelvo a mi país acabaré en la cárcel o posiblemente muerta. Aún sigo recibiendo amenazadas».