Caos en la política migratoria española

Asaltos en legaciones diplomáticas, largas colas y colapso en muchos ayuntamientos y centros de entidades sociales; improvisación y desconocimiento real del número de inmigrantes irregulares que se verán afectados por el proceso de regularización extraordinario abierto por el Gobierno el pasado mes de abril y que finaliza el próximo 30 de junio. Ese es el resultado provisional de esta iniciativa, que ha generado graves repercusiones e incógnitas sin resolver a muchos niveles.

La primera cuestión que debemos abordar es que se desconoce con exactitud el número de inmigrantes irregulares que se verán afectados por esta regularización. Si bien el real decreto cuantifica esta cifra en 500.000, la realidad es que será sensiblemente superior, como vienen advirtiendo solventes centros de análisis como Funcas, que señala que un mínimo de 800.000 inmigrantes podrán ser regularizados, sin contar todavía los que posteriormente puedan reagruparse familiarmente. Informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional calculan que los beneficiarios serán finalmente entre un millón y 1,35 millones de inmigrantes, e incluso el Ministerio de Sanidad calculó 1,2 millones. Apenas un mes después de haberse iniciado el proceso, más de 550.000 inmigrantes irregulares han presentado ya su solicitud, por lo que se puede afirmar que las previsiones del Gobierno van a estar muy alejadas de la realidad.

A esta disparidad en las cifras, que refleja la sensación de improvisación y falta de rigor en esta iniciativa, hay que añadir, además, que, al no presentar una memoria económica, no existe una mínima evaluación del impacto real que tendrá en unos servicios públicos ya tensionados en áreas tan sensibles como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estos servicios deben gestionarlos las comunidades autónomas, por tener transferidas las competencias, y desconocen completamente la magnitud de la situación a la que deberán hacer frente. De hecho, ya empiezan a notarla después de que hace unos meses se aprobara la universalización de la asistencia sanitaria independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren los beneficiarios, que podrán acceder a toda la cartera de servicios con una mera declaración responsable, y no solo a las urgencias a las que podían acudir quienes se encontraban en situación irregular.

Una situación similar tienen que afrontar también los ayuntamientos con alta concentración de inmigrantes irregulares, por las dificultades para tramitar las solicitudes, haciendo especial hincapié en el certificado de vulnerabilidad exigido para aquellos que no tengan hijos a cargo o no puedan acreditar una relación laboral. En la mayoría de las ocasiones, no se puede acreditar una situación de vulnerabilidad si no ha existido previamente una intervención de los servicios sociales de los consistorios para certificarla. Ante este escenario sobrevenido, y como ejemplo de la palmaria improvisación con que se está realizando la tramitación de la regularización, se permitió que las ONG pudieran otorgar dicho certificado, potenciando un mercado negro con un sistema informal de intermediación que canaliza solicitudes a cambio de dinero y donde las mafias encuentran un gran caldo de cultivo. Todo ello está motivado por la incapacidad de la Administración para absorber la demanda generada por el anuncio del proceso abierto de regularización. Además, es previsible que la mayoría de los inmigrantes opten por la regularización alegando situación de vulnerabilidad, y no a través del arraigo laboral o de una oferta de empleo.

Para sumarse a este desorden, el propio decreto establece que cualquier orden de devolución o expulsión en trámite o ya acordada será archivada o revocada cuando el afectado acredite que lleva más de cinco meses en España y que carece de antecedentes penales en su país de origen, convirtiéndose de facto en una condonación para aquellos que podían ser expulsados.

Otro factor que pone de manifiesto la falta de rigor con que se está llevando esta regularización es la decisión gubernamental de declarar secreto todo el procedimiento, lo que impide conocer las instrucciones que se fijan para validar la documentación presentada. Esta circunstancia ya despierta muchas dudas sobre el modo en que se permite presentar y dar validez a documentos tan sensibles para la seguridad como los antecedentes penales, siendo suficiente una mera declaración responsable para acreditar la falta de estos si el interesado no puede presentar el certificado expedido por su país de origen. A ello se suma el agravante de que no serán las Fuerzas de Seguridad las que determinen si representan una amenaza para la seguridad pública, sino los funcionarios del Ministerio de Inclusión Social, en una labor que excede claramente sus conocimientos. Todo ello, a pesar de la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada el pasado mes de abril, que dispone que la existencia de antecedentes en los informes policiales no supondrá por sí misma y de forma automática causa de denegación de la autorización de residencia.

En este contexto hay que sumar las flagrantes contradicciones entre el discurso oficial de no regularizar a los inmigrantes irregulares que puedan suponer un peligro para la seguridad pública y las decisiones que se están adoptando, como la anteriormente citada de la declaración responsable. Y, con mayor énfasis todavía de esta manifiesta incoherencia, las directrices remitidas por el Ministerio del Interior a los centros penitenciarios para que faciliten el proceso de regularización a los presos extranjeros, franqueando la puerta para que los inmigrantes irregulares privados de libertad puedan ser regularizados. Se obvia así que, si han ingresado en prisión, es porque han cometido un delito grave y se pretende evitar su fuga o reiteración, además de suponer un peligro para la seguridad pública. Con esta medida se benefician de un procedimiento administrativo para su regularización, premiando así el haber delinquido, mientras los principales sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil ya han advertido de los despropósitos con los que se está procediendo en su tramitación y de los riesgos que supone para la seguridad.

A este escenario hay que sumar que la inmigración ya es una de las principales preocupaciones de los españoles, como vienen reflejando las últimas encuestas, y está actualmente en el centro del debate político con ocasión de la formación de gobiernos autonómicos y del concepto de prioridad nacional para establecer los criterios en la concesión de ayudas y beneficios sociales. El Ejecutivo central ha aprovechado este debate para criticarlo y tildarlo de discriminatorio y racista, alentando a sus terminales mediáticas a repetir este mensaje para instalarlo en la opinión pública, en una postura muy alejada del sentir de gran parte de la sociedad, que ve con frustración cómo no puede acceder a determinadas prestaciones y respalda que se establezcan criterios más objetivos para su concesión, como puede ser haber cotizado un mínimo de años y tener arraigo en la comunidad donde se reside.

Otro mensaje lanzado por el Gobierno para justificar esta regularización masiva, en el sentido de que la inmigración será uno de los principales garantes de nuestro sistema de pensiones, queda desvirtuado por informes de entidades con mayor rigor en el análisis, como la AIReF, que señala que los efectos sobre las cotizaciones sociales tendrán un impacto mínimo al tratarse de bases de cotización muy bajas en sectores como la hostelería o el servicio doméstico, además de una mayor exposición al desempleo.

A este contexto en clave nacional hay que añadir el aislamiento de España en la Unión Europea, al posicionarse en contra del cambio de orientación comunitario que se está produciendo en materia migratoria, como testimonian el Pacto de Migración y Asilo y el Reglamento de Retornos recientemente aprobado. Ambos endurecen el tratamiento para abordar el fenómeno de la inmigración irregular, otorgando una base legal común para crear centros de deportación extracomunitarios donde se internaría a los solicitantes de asilo mientras se tramita su expediente, que en la gran mayoría de los casos es rechazado, y donde también podrían ingresar aquellos inmigrantes pendientes de ejecutar una orden de expulsión.

Ambos instrumentos normativos tuvieron el respaldo mayoritario de los países comunitarios, con la excepción de España, que argumentó dudas jurídicas y económicas sobre los centros de retorno aprobados y sobre la repercusión que podrían tener en las relaciones bilaterales con países de origen de la inmigración irregular. Esta postura está realmente motivada por los equilibrios que tiene que hacer el Gobierno para no contrariar a sus socios de legislatura, que lo mantienen en el poder con respiración asistida.

Además, esta regularización masiva ha despertado recelos en el seno comunitario, ya que España, como frontera sur de la UE, debe implementar una gestión eficaz frente al fenómeno de la inmigración irregular. De lo contrario, las fronteras internas europeas se restablecerán y el propio sistema Schengen se pondrá en entredicho, como ya está ocurriendo en algunos países como Alemania, que ha reforzado los controles en sus fronteras para evitar la entrada de inmigrantes irregulares. Allí, el endurecimiento de su política migratoria ya es una demanda de la mayoría del arco parlamentario alemán, y no solo de los partidos tachados de ultraderechistas. En Francia, recientemente, su ministro de Justicia ha planteado suspender la inmigración legal durante tres años porque el país está al límite de sus capacidades de integración y asimilación.

En este tenor, el comisario europeo de Interior ha manifestado la importancia de ser rigurosos a la hora de comprobar que los beneficiarios acogidos a este procedimiento no representan una amenaza para la seguridad, porque la regularización masiva abierta en España tiene una dimensión externa y unos efectos que no pueden ignorarse en el resto de Europa.

Los acuerdos alcanzados recientemente por el conjunto de los países de la Unión Europea, y que suponen un giro radical en el tratamiento del fenómeno migratorio, tratan de contener la hemorragia de una inmigración descontrolada en muchos países europeos, asociada en muchas ocasiones a un aumento de la inseguridad, a la formación de guetos en muchos barrios de las periferias de las grandes ciudades y a una tensión creciente sobre los servicios públicos y asistenciales. Las nuevas disposiciones aprobadas establecen normas específicas para agilizar la expulsión de las personas que suponen una amenaza para la seguridad e intentan revertir los porcentajes de expulsión, que en el conjunto de la Unión Europea no alcanzan ni una tercera parte, llegando al 27,5% el año pasado. España es el tercer país con menos expulsiones ejecutadas, apenas un 10,6%.

En definitiva, el proceso de regularización extraordinario abierto es un reflejo del fracaso de la política migratoria y no presenta un acompañamiento claro en materia de empleo e integración, lo que provocará falsas expectativas y frustración, además del indudable efecto llamada que ya está produciendo. Todo ello, en un momento en el que España lidera ya el aumento de inmigrantes antes de este proceso de regularización, con un crecimiento de 700.000 personas en 2025 hasta llegar a los 9,5 millones de extranjeros, y que en 25 años supondrá que la mitad de la población en España sea de origen extranjero.

Es evidente el cambio social profundo al que se enfrenta nuestro país, a lo que se añade el invierno demográfico que padece Europa y que hace necesaria la inmigración a nuestro continente de una manera legal, segura y ordenada, alejada del simplismo y la demagogia que rápidamente califican de racista y xenófoba cualquier propuesta dirigida a un control eficaz de nuestras fronteras y a no premiar a quien entra de manera irregular. Para responder a estos graves desafíos a los que se enfrenta Europa, las instituciones comunitarias ya han aprobado nuevas normas ante las que, incomprensiblemente, España ha sido la voz discordante.

La cuestión primordial es dimensionar el fenómeno migratorio para poder integrar a quienes llegan sin quebrar la necesaria cohesión social, porque una ayuda sin límites desborda nuestras capacidades de acogida, tensiona los servicios públicos y perjudica a las capas menos favorecidas de la sociedad, abonando el terreno para que surja el populismo con sus recetas fáciles para problemas complejos.

Países presentados como ejemplo de integración y pretendidamente multiculturales tienen hoy en la periferia de muchas de sus ciudades distritos segregados y comunidades donde se viven graves conflictos de orden público y convivencia, motivados en gran parte porque sus sistemas de valores están enfrentados a los del país que los acoge. En estas sociedades priman la plena igualdad ante la ley de hombres y mujeres y la separación entre la religión y el Estado, entre otros principios básicos y nucleares, lo que viene a demostrar que el tipo de inmigración de carácter islamista presenta graves dificultades para su verdadera integración, que no se resuelven con políticas laxas y buenistas, sino con límites claros y exigencia de pleno acatamiento a los principios y valores comunes que vertebran las sociedades europeas.

España, que no es ajena a estos riesgos que ya han prendido en varios países europeos por entornos islamistas, debe bascular hacia una inmigración bien gestionada y planificada procedente de países latinoamericanos, con los que nos vinculan una lengua común y una historia y tradiciones compartidas.

Luis de Mergelina es analista del Instituto para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria