Consecuencias empobrecedoras de la regularización masiva de ilegales
«Tomando sus propios datos, solo uno de cada cuatro regularizados trabaja. Intuyo que son menos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La ministra Elma Saiz tuiteó estos días: «Quienes llegan a nuestro país trabajan, cuidan y sostienen sectores esenciales de nuestra economía y nuestros servicios públicos». El Ministerio que dirige, de Inclusión y Seguridad Social, publicó un vídeo en el que un joven explica que, desde 2022, el Gobierno ya ha regularizado a más de 750.000 personas con la figura del «arraigo»; el joven añade que 197.000 personas «con arraigo en vigor» están dadas de alta en la Seguridad Social.
Tomando sus propios datos, solo uno de cada cuatro regularizados trabaja (197/750). Intuyo que son menos, porque una parte de esos 197.000 dados de alta puede haber obtenido el arraigo antes de 2022. Como en tantos otros casos, entonces, el Gobierno miente. El tuit de la ministra Saiz, para ser cierto, debería haber dicho: «Menos de uno de cada cuatro de quienes llegan a nuestro país violando la ley trabaja». El Gobierno, lejos de priorizar el cumplimiento de la ley, busca fórmulas para beneficiar al que la viola.
Además, el vídeo del Ministerio olvida mencionar que en marzo último había casi 350.000 parados registrados de origen extranjero, a los que se añadían unos 115.000 fijos discontinuos inactivos y otros 200.000 parados extranjeros de grupos que la Seguridad Social cuenta por separado. En total, más de 660.000 inmigrantes en situación regular están desocupados. Lo que refuerza la mentira descarada de decir «quienes llegan a nuestro país trabajan».
Con 660.000 inmigrantes desocupados, el sanchismo-leninismo se lanza a regularizar un número indeterminado (¿un millón?) de personas en situación ilegal, a las que ni siquiera se les exige un contrato de trabajo. Por el contrario, el formulario más común en este nuevo proceso es el de la «declaración de vulnerabilidad», gracias a la que se accede a muchos beneficios y ayudas. La regularización masiva de inmigrantes ilegales no tiene nada que ver con la economía, como quiere hacernos creer la ministra Saiz. Tiene que ver con la intención descarada de alterar, con el tiempo, el censo electoral para perpetuar a las izquierdas en el poder.
El impacto sobre la economía es empobrecedor. Los servicios públicos tendrán que atender a más gente, para lo que se necesitarán más recursos. Asimismo, el Gobierno tendrá que pagar esos beneficios y ayudas a todos los que se declaren «vulnerables». Es imposible que los impuestos y cotizaciones que paguen los regularizados que trabajen alcancen para generar esos recursos extra (porque, según los datos oficiales, solo uno de cada cuatro, o menos, trabaja). Entonces, esos recursos se extraerán de la gente que trabaja, lo que mantendrá la presión tributaria en sus niveles actuales (máximo histórico) o incluso más altos.
De por sí, una presión tributaria alta y/o creciente es empobrecedora porque uno dispone de una porción baja y/o declinante del fruto del propio trabajo. Desde un punto de vista macroeconómico implica, además, pasar recursos del ahorro al consumo, lo que debilita la posibilidad de financiar nuevas inversiones. Más fácil: traspasar recursos del ahorro al consumo por una decisión política es pan para hoy y hambre para mañana (algo, por otra parte, típicamente socialista).
El mismo aluvión de inmigrantes promovido por el gobierno colapsa todo tipo de infraestructuras. Por eso, el Ministerio de Transportes ultima un plan de gasto (el Gobierno no invierte, sino que gasta, porque no calcula pérdidas y ganancias) de 40.000 millones de euros. ¿De dónde saldrá el dinero? Siempre de los mismos: los que trabajan en el sector privado.
Agotada la efectividad del «cordón sanitario» que inventó el imputado Zapatero (izquierdas + separatistas > derechas), la regularización masiva e inconsulta decidida por Pedro Sánchez al margen del Congreso es el plan para dar a las izquierdas una ventaja electoral sostenida en el mediano y largo plazo.
Lo que quiero destacar es que, además de su carácter inmoral y antidemocrático, es un proceso fuertemente empobrecedor. Es imprescindible que la primera medida del próximo gobierno sea dejar sin efecto la regularización sanchista y priorizar el control de nuestras fronteras.