Cortinas de humo contra el Estado de derecho: en defensa de la UDEF y la neutralidad policial

Asistimos en los últimos días a un espectáculo tan viejo como peligroso para la salud de nuestras instituciones democráticas: el intento de desacreditar al mensajero judicial cuando los mensajes resultan incómodos o comprometedores.

Las graves acusaciones vertidas por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del denominado caso Plus Ultra, responsabilizando directamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de supuestas filtraciones e investigaciones prospectivas, exigen una respuesta firme, nítida y desprovista de cualquier tibieza institucional.

Como presidente del sindicato mayoritario en las escalas de mando de la Policía Nacional, no puedo ni debo asistir en silencio al uso de nuestra corporación como un escudo o una coartada mediática. Acusar formalmente a una unidad de élite de orquestar filtraciones para dañar una reputación política es una temeridad que carece de base objetiva y que solo busca un objetivo jurídico evidente: desviar la atención sobre el fondo del asunto e intentar forzar una nulidad general de la causa sobre la base de un supuesto vicio de origen.

Conviene recordar a la opinión pública un dato objetivo que la estrategia de defensa prefiere omitir convenientemente. El origen de las filtraciones está siendo objeto de investigación judicial y, mientras no exista una resolución que lo determine, resulta irresponsable atribuirlas a la UDEF sin prueba alguna.

Pretender que la autoría de esta difusión recae sobre los investigadores de la UDEF, quienes guardaron un celoso y escrupuloso secreto durante meses de pesquisas directas, no solo es una difamación intolerable; se trata de una acusación muy grave que, a día de hoy, carece de respaldo objetivo.

La UDEF no actúa por impulsos políticos ni por filias personales. Es una unidad técnica de prestigio internacional, cuyos hombres y mujeres trabajan bajo la estricta dirección de las autoridades judiciales y de la Fiscalía. Los mandos policiales que coordinan estas investigaciones operan con un rigor metodológico intachable y bajo un régimen de neutralidad absoluta que es la mayor garantía de nuestro Estado de derecho.

Si en el transcurso de una investigación penal ordenada por un magistrado, los agentes de la policía judicial hallan indicios delictivos, comunicaciones, agendas o documentos comprometedores, su obligación ineludible es plasmarlos en un informe con absoluto rigor técnico y dar traslado inmediato al juzgado instructor. Hacer nuestro trabajo con eficacia no es perseguir a nadie; es cumplir fielmente con el mandato constitucional.

En este contexto de presiones externas, resulta fundamental valorar la labor del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez Calama viene demostrando una profesionalidad ejemplar, una absoluta independencia y una firme determinación para preservar el secreto de las actuaciones.

Ha impulsado las actuaciones necesarias para salvaguardar la integridad de la investigación y ha acordado la deducción de testimonio para esclarecer judicialmente el origen de las filtraciones. Corresponde a la autoridad judicial dirigir el procedimiento y velar por las garantías del proceso, mientras la policía judicial actúa bajo su dirección funcional, con pleno sometimiento a la legalidad.

El legítimo derecho a la defensa es un pilar sagrado de nuestro ordenamiento jurídico, pero este debe ejercerse en las sedes judiciales, aportando argumentos técnicos y pruebas que desmientan los indicios, y no socavando el prestigio de los servidores públicos en los titulares de prensa. Los ataques infundados contra los cuerpos policiales y los jueces instructores solo consiguen erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Ni la UDEF, ni los mandos que asumen la responsabilidad de las investigaciones, ni la judicatura van a dar un solo paso atrás por muchas presiones mediáticas o estrategias de distracción que se desplieguen. Desde el Sindicato Profesional de Policía exigimos un respeto escrupuloso para el uniforme, para las escalas de mando que vertebran nuestra seguridad y para todos los policías que, desde la discreción y el anonimato cotidiano, luchan contra la delincuencia económica y la corrupción. La salud de nuestra democracia depende, en gran medida, de que dejemos trabajar a la justicia y a la policía sin interferencias ni ruidos interesados.