Crecen las alertas por frutas de Egipto y Turquía que no cumplen los mínimos de la UE

Entre los años 2020 y 2022 hubo 1.189 alertas por entradas en la Unión Europea de frutas y verduras procedentes de Turquía y Egipto con materias no autorizadas o por superar los límites máximos de otras sustancias sí permitidas, según los datos recopilados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. 

En concreto Turquía, ha tenido 1.072 alertas en los tres últimos años. En 2020 tuvo 267 y la cifra subió a 424 en 2021. Por su parte, Egipto tuvo 13 alertas en la UE en 2020 y 60 en 2021 por la entrada de producciones con materias activas no autorizadas o por rebasar los límites máximos autorizados. Estos dos países, sobre todo Turquía, han acaparado los Sistemas europeos de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) en estos tres años, señalan desde Unión de Uniones. 

Una situación que los agricultores llevan tiempo denunciando pero que en estos últimos años preocupa aún más debido a que, cuando se aumenta el porcentaje de productos agrícolas analizados, se detectan más sustancias de este tipo, «lo que quiere decir que eso no ha disuadido a Egipto y a Turquía de hacer las cosas así», lamenta Carles Peris, responsable de cítricos de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en una conversación con THE OBJECTIVE. 

Además, no solo ha crecido el número de alertas, sino que también lo han hecho las exportaciones a la Unión Europea por parte de estos dos países, con 30,6 millones de kilos procedentes de Turquía y 89 millones desde Egipto en 2021, con una facturación de 245 y 81 millones de euros, respectivamente, lo que supone que están entrando más productos sin controlar que probablemente cuenten con este tipo de sustancias prohibidas. 

Un perjuicio para los agricultores y para el consumidor 

El primer problema que esto supone, denuncian los agricultores, es que las normas europeas sobre productos fitosanitarios elevan notablemente los costes de producción, lo que provoca que los productos que entran en la Unión Europea desde países terceros tienen un coste muy inferior a los que se producen aquí.

«Esto te hace perder competitividad porque ya partes de una base de que tienes la normativa más estricta a nivel mundial para producir de forma sostenible y segura de cara al consumidor, y eso es más caro», explica Peris. «Nosotros usamos pesticidas que ya están muy evolucionados, que son muy seguros para el medioambiente, para la seguridad humana, entonces claro, son muy específicos y muy caros», añade. Por eso, insiste en que «si no se equilibran los estándares de producción, siempre vamos a salir perdiendo».

En el mismo sentido se pronuncian desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): «Produciendo lo mismo, no podemos competir con los costes de producción de Marruecos, o de Egipto, o de Túnez, es evidente que no», dice Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, en declaraciones a este periódico.

«Hay muchos productos que se aplican en países terceros que aquí están prohibidos y que luego no son recogidos por las pruebas que se hacen y la verdad que hacen un gran perjuicio, sobre todo a los agricultores, porque se vende por debajo de costes de producción y a nosotros nos hunde el precio», añade Iglesias, que señala también que «por supuesto, estamos creando un problema sanitario de terribles consecuencias».

Y es que el problema de estas frutas y hortalizas con pesticidas y sustancias no autorizadas no es solo el daño que hacen al negocio de la agricultura local, sino las consecuencias que pueden tener en la salud de los consumidores, puesto que muchos de ellos son prohibidos precisamente por este motivo. «Están poniendo en riesgo su salud», alerta Iglesias. 

Por eso, Peris considera que «en estas cosas el consumidor está de nuestra parte, porque al final cuando va a un lineal europeo lo que le gustaría es que elija lo que elija, todo estuviera con los mismos estándares de calidad, no que puedas tener en un lineal el mismo producto con dos estándares diferentes». 

«El consumidor tiene que tener muy claro que los productos que consume, es decir, tenemos que darle la garantía de que los productos que consume van a ser inocuos para su salud. Y desde luego, si no se hacen esos controles, no se puede garantizar eso», añade Iglesias. 

Más controles y cláusulas espejo, entre las medidas solicitadas 

En vista de esta situación, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha enviado un informe al ministro de Agricultura y a la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea para que se adopten «medidas urgentes ante la gravedad de las importaciones procedentes de Turquía y Egipto con altos niveles de alertas y sus posibles repercusiones en la salud humana de la  ciudadanía europea». 

Entre las medidas que solicitan está el aumento de los controles al 30% de las mandarinas que se importen desde Turquía y las naranjas de Egipto, así como que la prórroga de las medidas de control sea de un año y no de seis meses como ahora. 

Además, para que esto haga presión y los países cumplan con lo establecido, solicitan que si se detecta un incremento del 5% de las alertas en algún producto, se cierren las importaciones desde ese país. 

Además, insisten en la importancia de las cláusulas espejo, es decir, que «los productos importados de países terceros cumplan con los mismos requisitos fitosanitarios, ambientales, de seguridad y éticos que están regulados para las producciones europeas».

«Aparte de que nosotros pidamos la suspensión de las importaciones porque no están dando garantías de hacerlo bien, la única fórmula real para poder mejorar en ese sentido es trabajar en origen, es decir, si quieres venir al bloque europeo, tienes que adecuar tus producciones a los estándares europeos, o adquirir los compromisos que adquieren nuestros productores de reducción de pesticidas», defiende Peris. «Si no corregimos eso, difícilmente nosotros somos competitivos en el mercado europeo».