El grupo parlamentario EH Bildu ha llegado, este martes, a un acuerdo con el Gobierno para prorrogar las medidas recogidas en el llamado «escudo social», que incluye la suspensión de los desahucios, de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos vulnerables y el aplazamiento de temporal del pago del alquiler, hasta que estas medidas se conviertan en «permanentes».
EH Bildu ha explicado en un comunicado que el Gobierno se ha comprometido a mantener «mientras sea necesario» las medidas en materia de vivienda y suministros básicos, que expiran el próximo 31 de octubre, hasta que se desarrollen «otros mecanismos de carácter permanente». La iniciativa se aprobará este jueves gracias a una enmienda transaccional pactada con el PSOE y Unidas Podemos.
Durante su defensa de la iniciativa, el portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, ha señalado que España acabó 2020 con una tasa de pobreza del 21%, pero que desde 1995 esta tasa nunca ha bajado del 18%, incluso en los años más boyantes de crecimiento. Algo que, ha argumentado, implica que un mayor crecimiento «no acarrea más bienestar», que son necesarias medidas de protección permanentes y que el sistema de protección es «incompleto e insuficiente».
Asimismo, señala que, con la pandemia, los datos anticipan «una sociedad más desigual»: «El ascensor social, si existe, es solo para bajar», ha lamentado. El Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros la nueva prórroga del decreto con las medidas del «escudo social»y remitir, a los órganos consultivos, el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, según ha confirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez y recoge EFE.
Optimismo en el Ejecutivo
Sonia Guerra, del PSOE, ha subrayado el compromiso del Gobierno para garantizar la protección a los hogares vulnerables, y ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado ya contemplan un suministro mínimo vital, el fomento del bono social.
Por parte de Unidas Podemos, Pilar Garrido ha reconocido la insuficiencia del ‘escudo social’ pero ha reivindicado la necesidad de prorrogar sus medidas «mientras sea necesario» y avanzar en la garantía de derechos y su permanencia, a través de leyes como la futura Ley de Vivienda.
Ciudadanos critica el «asistencialismo»
A favor de esta medida se han posicionado Esquerra Republicana y el BNG, mientras que PNV ha recordado su abstención al prorrogar estas medidas, por entender que vulneran la competencia autonómica en protección social y su diputado, Iñigo Barandiaran, ha acusado a Bildu de cuestionar esta capacidad e intentar «revertir» la misma por parte del País Vasco.
Genís Boadella, del PDeCAT, ha apostado, más que por medidas de protección, por «generar riqueza» que acaben con esas situaciones, al considerar que hay grupos que necesitan la existencia de pobreza, mientras que Sara Giménez (Cs) ha censurado la aplicación de «medidas puntuales para solucionar problemas estructurales», criticando que «el asistencianismo» no rompe estas causas y demandando planes específicos a la hora de diseñar políticas de empleo o vivienda.
ETA aparece en el debate
Por otra parte, el PP, Vox y UPN, han concentrado la mayor parte de sus intervenciones para hablar de ETA, y asociar a EH-Bildu a la banda terrorista que hace diez años anunció el abandono de las armas. Y es que, según ha criticado la popular María Soledad Cruz, que ha iniciado su intervención recordando a la víctima Irene Villa, la moción es un pretexto «para blanquear a quienes siguen con los homenajes» a esta banda terrorista.
Por su parte, Carlos García Adandero, de UPN, ha ido más lejos al exigir a los diputados de Bildu de «arrepentirse de formar parte» de la banda y al Gobierno de «legitimar el terror». Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso y encargado de presidir la Cámara en ese debate, ha llamado la atención a Adanero para pedirle que se ciñera a la cuestión, justificando después el diputado navarro su intervención en que la moción respondía a un «blanqueamiento mutuo», del Gobierno y EH-Bildu.
