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El consumo legal de marihuana crece exponencialmente en Uruguay

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Foto: Matilde Campodonico | AFP PHOTO/Archivo

Más de 23.000 personas están apuntadas en los registros oficiales para adquirir hasta 40 gramos mensuales en una docena de farmacias, lo que supone un incremento de unas 18.000 personas desde que se legalizó la venta de cannabis en farmacias el pasado 19 de julio. El número de personas registradas para comprar marihuana producida bajo control del Estado y vendida en farmacias en Uruguay podría quintuplicarse en nueve meses, según el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Una ley de 2013 sobre la regulación de la marihuana y sus derivados permite tres formas de acceso a la droga para uso recreativo en Uruguay: el cultivo doméstico o autocultivo con hasta seis plantas por hogar, el cultivo cooperativo en “clubes de membresía” con hasta 99 plantas por club y la compra en farmacias de paquetes sellados de cinco gramos con un valor de 1,40 dólares el gramo, informa AFP.

Además de las farmacias, donde compran consumidores registrados, existen unos 8.400 cultivadores y 90 clubes que están autorizados para producir cannabis destinado al consumo propio. Los consumidores cuentan con cuatro variedades del producto a su disposición. El gobierno, liderado por Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierdas que preside Javier Miranda, busca una alternativa adicional a la venta en farmacias para aumentar los centros de distribución y los flujos de venta. Con esta estrategia, Frente Amplio intenta minimizar el impacto de los traficantes ilegales de esta droga.

Desde que comenzó la venta legal de la droga, los bancos de Uruguay se han negado a poseer cuentas de empresas que comercian con el producto, pese a que está elaborado bajo control del Estado y en el marco de la ley de 2013. Las regulaciones que existen en Estados Unidos plantean problemas a los bancos de Uruguay si sus intermediarios comercian con cannabis.

El artículo 3 de la ley tiene como objetivo “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico”, además de “atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado”.