Sánchez quiere blindar la campaña electoral con más ayudas y concesiones de Bruselas

El Gobierno está muy cerca de atar una completa y robusta batería de ayudas y concesiones que le permitirán tener el perfecto blindaje económico durante el año electoral que acaba de comenzar y en el que busca la reelección de Pedro Sánchez en diciembre. Y todo con el plácet de la Unión Europea y con la justificación de la guerra de Ucrania. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este lunes que el Ejecutivo pedirá a Bruselas la prórroga de la ‘excepción ibérica’ al menos hasta finales del año 2024.

De esta manera, se busca mantener el plazo de aplicación del mecanismo ibérico que limita el precio del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad a una media anual de 48 euros el megavatio y que expira en mayo de este año. Esta sería la guinda del pastel para que el Gobierno español tenga manos libres y pueda ejecutar una política expansiva para intentar aplacar los efectos más nocivos de la crisis económica en España y así proteger sus intereses electorales.

En este caso, la justificación son los efectos de la guerra de Ucrania y el desbarajuste en los mercados y economías mundiales que este conflicto está generando, excusa similar a la prórroga de otras medidas excepcionales como la del escudo antiopas. Indirectamente, el Ejecutivo español reconoce al menos otros dos años más de crisis económica y para ello solicita una nueva concesión a Bruselas que esté en vigor durante todo 2023, al igual que la suspensión de las reglas fiscales, el marco temporal de ayudas de Estado o el ya citado decreto para controlar empresas de sectores estratégicos.

Control de la inflación

Si Bruselas aprueba esta extensión de la excepción ibérica, Sánchez se asegura también el control del mercado eléctrico al menos hasta diciembre de este año y evita el descontento social ante una eventual escalada de los precios de la energía y de una factura de la luz disparada. Desde que se aprobó este mecanismo en mayo del año pasado, los precios se han contenido de manera sustancial impulsando también a la baja la inflación general, que en verano estaba en el 10,8% y que en diciembre cerró en el 5,8%.

Mantener la inflación controlada y los precios bajos (casi una tercera parte del que experimentan otras economías como Francia o Alemania sin este mecanismo) es clave para Sánchez en época electoral y con un año de campaña y de ralentización económica por delante. Por esa razón, el Ejecutivo vuelve a jugar todas sus fichas al aval y a nuevas concesiones de Bruselas que desde el comienzo de la covid se han convertido en el sostén económico del presidente Pedro Sánchez.

Gracias a estas concesiones de la Unión Europea, el Gobierno pudo activar en la pandemia los Erte que minimizaron el paro, tuvo el aval para aprobar importantes paquetes de ayudas a personas y empresas y está recibiendo desde el año pasado los fondos Next Generation para transformar la economía española. Unas ayudas que se han ido renovando tras la irrupción de la guerra de Ucrania en febrero del año pasado y que, en su gran mayoría, Sánchez se ha asegurado al menos hasta que expire su actual mandato en diciembre de este año.

Ayudas de Estado

La primera gran concesión se produjo en mayo del año pasado cuando Bruselas anunció que mantenían suspendidas las reglas fiscales un año más, hasta principios de 2024. La justificación fue la gran incertidumbre económica y la fuerte desaceleración del crecimiento provocada por la invasión rusa de Ucrania. La medida afectó a todo el continente, pero España es uno de los países que más riesgo tiene de vulnerar estas reglas.

La Comisión Europea suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en marzo de 2020, para dar margen a los países de la UE para luchar contra las consecuencias económicas de covid, por lo que su prolongación hasta finales de 2023 ha permitido que durante toda su legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez no haya tenido que mantener un valor máximo de referencia para el déficit público (3% del PIB) y la deuda pública (60% del PIB).

A finales de octubre del año pasado, la Comisión Europea aprobó la modificación del Marco Temporal de Crisis de las ayudas estatales, mediante la cual se permite a los Estados miembros continuar haciendo uso de la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales para dar apoyo a la economía en el contexto de la guerra de Ucrania. De esta manera, se prorrogaron todas las medidas establecidas en este marco temporal hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que en la práctica da manos libres a Sánchez para aprobar cualquier tipo de ayuda a empresas o personas durante este periodo.

Plácet de Pedro Sánchez

En el caso del decreto antiopas, la Comisión Europea ha actuado por omisión más que por acción. A finales del año pasado, el Ejecutivo prorrogó hasta finales de 2024 el mecanismo que le permite controlar la entrada de inversores de la Unión Europea a empresas españolas estratégicas en sectores clave como los medios de comunicación, la energía, las telecomunicaciones o las infraestructuras críticas.

Con este decreto cualquier interesado en adquirir más de un 10% de estas compañías deberá siempre contar con el plácet de Pedro Sánchez. Una situación que en el papel contraviene el libre flujo de inversiones en territorio comunitario, pero ante el que Bruselas se ha puesto de perfil y no ha presentado resistencia.

Todo esto sin contar con los fondos europeos Next Generation. Este mes el Gobierno quiere presentar la adenda al Plan de Recuperación en la que se pedirá que se prorroguen algunos compromisos contraídos hace dos años. Hasta la fecha, Bruselas ha defendido la ejecución de España de estos fondos, pese a que hay algunas reformas -como la segunda parte de las pensiones- que no se han cumplido en plazo y que otras como el mecanismo de control de estos recursos tampoco se implementaron en las fechas prometidas.