Bruselas da el aprobado definitivo al tope del gas y se aplicará desde el próximo martes
La Comisión Europea calcula que el mecanismo tendrán un coste total de 8.400 millones, de los cuales a España le tocará pagar 6.300 y Portugal, 2.100
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. | Europa Press
La Comisión Europea (CE) ha aprobado definitivamente este miércoles la conocida como ‘excepción ibérica’, por la cual España y Portugal podrán topar el precio del gas que se usa para la generación eléctrica de manera temporal y extraordinaria con el fin de frenar la subida de precios de la luz.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario estima que la medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, tendrá un coste total de 8.400 millones de euros, de los cuales 6.300 millones corresponderán a España y 2.100 millones, a Portugal.
En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará este jueves una Orden de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que especificará la fecha de aplicación del mecanismo, que será a partir del próximo martes, 14 de junio, y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente.
«El mecanismo se realiza debido a la escasa interconexión que padece la península con el resto de Europa, lo que supone una desventaja para su integración en el mercado europeo», subraya el departamento de Ribera. La aprobación del ejecutivo europeo culmina el giro que ha dado la Unión Europea (UE) con respecto a intervenir el precio del mercado eléctrico. La propia vicepresidenta tercera ha dicho en rueda de prensa posterior a conocerse la noticia que Bruselas ha respaldado «íntegramente» el mecanismo en los términos que fue remitido por los equipos técnicos de ambos gobiernos.
El tope al gas llega casi dos meses después de acordarse
Ribera ha dicho esta mañana en que el visto bueno definitivo de Bruselas a la ‘excepción ibérica’ se esperaba de manera «inminente», antes de finales de la próxima semana. La vicepresidenta tercera ha señalado que estaba previsto que llegase antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio.
Hay que recordar que España y Portugal acordaron con la CE establecer un tope al precio del gas el 26 de abril, aunque fue en el Consejo Europeo de finales de marzo cuando consiguieron lo que se ha denominado la ‘excepción ibérica’. De esta manera, el mecanismo se activará casi dos meses después del anuncio del acuerdo.
La intención del Ejecutivo español era llevar el mecanismo al Consejo de Ministros del 3 de mayo y que todos los consumidores con tarifa regulada (PVPC) —más de diez millones— se vieran beneficiados de manera inmediata de una rebaja en su recibo eléctrico. Pese a que las palabras de Ribera aseguraban que estaba todo prácticamente listo para que el tope al gas estuviera funcionando desde principios de mayo, la CE replicó a España y Portugal que todavía no había adoptado ninguna decisión formal sobre la propuesta, sino que solamente había emitido una valoración preliminar del borrador que había recibido por parte de los dos gobiernos.
Posteriormente, aprobó vía Real Decreto-ley el límite al precio del gas sin tener el visto bueno definitivo de la Comisión, que acaba de recibir. Por otra parte, Ribera ha defendido la bonificación de 20 céntimos por litro de carburantes para los consumidores que se aplica desde el pasado mes de abril, con «independencia» de que el Gobierno pueda plantearse en el medio plazo «concentrar el esfuerzo en las familias con niveles de renta más inferiores y que más necesitan apoyo».
Transición Ecológica ha comunicado que la decisión se ha tomado «tras un trabajo muy intenso, dada la complejidad de la medida» y que esta «marca un hito en las relaciones entre España, Portugal y las instituciones comunitarias».
El tope al gas no puede extenderse más de mayo de 2023 y establece un precio de referencia del gas de 40 euros/MWh durante seis meses, que se incrementa en cinco euros/MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros/MWh para que haya una convergencia a la normalidad, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh —como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa—.
En este sentido, se aplicará un precio a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado, que son las que queman gas para producir electricidad. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que recibirán una compensación económica y que son las comercializadoras que acuden a comprar electricidad al mercado mayorista las que tendrán que responder.
No obstante, estas lo trasladarán a sus clientes finales, que son los acogidos al mercado regulado o PVPC. También deberán subvencionar la compensación los consumidores directos en mercado, que son aquellos que compran en el pool para su propio consumo.
«Beneficio positivo» para los usuarios
Los clientes del mercado libre —unos 17 millones—, todos aquellos que pactan un precio fijo con su eléctrica, lo notarán conforme les toque renovación de sus contratos durante el año que estará en vigor el mecanismo. La paradoja que se produce así es que —a la arga— serán los mismos clientes que se beneficiarán de la rebaja en la factura de la luz quienes deberán sufragar este sistema.
Desde el departamento que dirige Teresa Ribera aseguran que, aunque tengan que pagar parte de la compensación, el beneficio neto para los usuarios será siempre positivo. En concreto, Ribera calcula que los consumidores verán rebajada su factura entre un 15% y un 20%. El Real Decreto-ley, que se somete este jueves a la votación del Congreso de los Diputados, incluye una cláusula para que «los gobiernos actúen» en caso de que el mecanismo no funcione como se espera.
Bruselas ha impuesto como condición a España que modifique la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. Se combinará así la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que la nueva tarifa regulada empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.
