Un informe cuestiona a los consejeros de la SEPI en el Ibex por falta de independencia
Pone en duda los méritos de los cargos seleccionados por la empresa pública que gestiona las inversiones estatales
Arcadi España, ministro de Hacienda.
La Fundación Hay Derecho acaba de publicar el informe Dedómetro —edición SEPI 2026—, un análisis que bucea en el mérito, la capacidad y la independencia de los consejeros designados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en empresas privadas participadas por el Estado. Varias de ellas se encuentran en el Ibex 35, como Telefónica, Indra, Enagás y Redeia.
El informe, consultado por THE OBJECTIVE para la elaboración de esta información, pone en entredicho los méritos e independencia de los cargos seleccionados por la empresa pública, cuyo máximo responsable es el ministro de Hacienda, Arcadi España, y dedicada a gestionar las inversiones estatales en otras corporaciones.
«La principal conclusión del estudio es clara: los consejeros designados por la SEPI registran un suspenso global en términos de mérito, capacidad e independencia, lo que pone de relieve debilidades estructurales en el modelo de nombramientos en empresas de alta relevancia estratégica», refleja en un comunicado la Fundación Hay Derecho.
Para la elaboración de este informe, esta organización ha evaluado a los consejeros a través de una metodología propia basada en criterios objetivos cruzados con estándares internacionales recomendados por la OCDE, y aspectos como la formación, la experiencia en gobierno corporativo, la gestión, el conocimiento sectorial y la independencia política de los perfiles.
El informe pone la lupa en empresas de especial relevancia para el interés general, como Redeia (Red Eléctrica), Indra, Telefónica y Talgo. Se trata de corporaciones con una gran responsabilidad en infraestructuras críticas en sectores como la energía, la defensa y las telecomunicaciones.
«Examinamos nombramientos que afectan directamente al buen funcionamiento de empresas con gran interés público en sus manos», señala Safira Cantos, directora general de Hay Derecho. «Son empresas privadas, pero con participación significativa del Estado, y su gobernanza es una cuestión que nos afecta a todos».
Los casos de Murtra y Escribano
El estudio pone el acento en que la calidad de los órganos de gobierno no es una cuestión únicamente interna de las compañías, sino un factor clave para prevenir conflictos de interés, reforzar la confianza y garantizar una gestión adecuada de recursos estratégicos y de empresas importantes para el interés público. Una aseveración que enlaza directamente con la actualidad de Indra, en la que Ángel Escribano abandonó la presidencia de la tecnológica pública por conflicto de interés tras tratar de comprar desde la firma pública la empresa que él mismo fundó.
De hecho, el informe identifica un problema sistémico, como es la constante coexistencia de perfiles técnicos con otros de trayectoria predominantemente política o político-administrativa, lo que revela la posibilidad de factores que influyen en el nombramiento ajenos a los principios de mérito y capacidad. «Si el Estado decide participar en una empresa, debe hacerlo como un propietario profesional, activo, transparente y responsable», subraya Arenas. «Y eso empieza por determinar, con rigor, quién se sienta en el consejo de administración».
El informe también hace referencia al nombramiento de Marc Murtra como presidente de Telefónica, un hombre muy cercano al PSC —y por tanto al Gobierno— que inmediatamente antes de su aterrizaje en el operador había sido presidente no ejecutivo precisamente de Indra, lo que pone de relieve la «endogamia» institucional a la hora de seleccionar perfiles para los puestos de dirección.
Hay Derecho también destaca los nombramientos de consejeros que forman parte a su vez de los consejos de administración de las sociedades participadas.
«No es infrecuente que responsables de la SEPI —especialmente en áreas vinculadas a la gestión de participaciones— asuman simultáneamente cargos como consejeros en dichas sociedades. A título ilustrativo, pueden citarse casos como el de Mercedes Real Rodrigálvarez, directora de participadas de la SEPI y consejera en Redeia y Enresa, o el de Mercedes Paniagua García, que tras ejercer como subdirectora de participadas pasó a integrarse en el consejo de Epicom».
Y concluye que «asimismo, esta práctica se ha extendido también a niveles superiores de la organización, como en el caso de antiguos presidentes del holding o del actual vicepresidente, Bartolomé Lora, consejero en Enagás».