El sector energético sospecha que la CNMC reforzará el sistema para evitar apagones
Red Eléctrica duplicaría las subastas del mecanismo que evita sobretensiones en la red a través del lado de la demanda
Torres eléctricas en Ronda. | Jon Nazca (Reuters)
El sector energético sospecha que el próximo movimiento en el servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD, por sus siglas) será reducir el tiempo de las subastas que se hacen hoy cada seis meses a solo tres meses. Este mecanismo —que está concebido para que el lado de la demanda ayude, en momentos de sobretensión del sistema, a reducir su consumo ante una escasez de oferta de generación eléctrica— ha sido objeto de continuos cambios desde su concepción en 2022.
Este sistema, que tiene como objetivo último evitar un apagón, se usó por primera vez en septiembre de 2023, como adelantó THE OBJECTIVE. Por entonces, la subasta para participar en este mecanismo, por el que las fábricas cobran a cambio de interrumpir su actividad durante unas horas, se hacía anualmente. Sin embargo, esta herramienta no tuvo ningún tipo de efecto cuando realmente hubo un apagón eléctrico en España (el 28 de abril de 2025) porque la sobretensión fue por el lado de la oferta.
El pasado 11 de noviembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio las primeras pistas al sector sobre sus intenciones, que fueron contadas por este periódico meses antes, el 23 de abril, cinco días antes de que tuviera lugar el apagón en España. «Se reduce el periodo de contratación de 12 a seis meses y se prevé la posibilidad de efectuar subastas de más corto plazo, previa publicación, en su caso, de un calendario anual indicativo de subastas».
De hecho, en la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE) que modifica el procedimiento de operación eléctrica 7.5, se abrió la puerta hacia esta dirección: «El periodo de prestación del servicio de respuesta de la demanda se reduce a seis meses —en el contexto de la obligatoriedad del artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/943— sin perjuicio de que el operador del sistema pueda modificar el número de subastas a realizar en el año, previa comunicación y autorización de la CNMC».
Poco uso hasta ahora
Este mecanismo, que tiene como objetivo dar flexibilidad al sistema, ha sido señalado en varias ocasiones por este medio por su falta de uso. Así, el pasado 11 de diciembre, este periódico publicó que «la medida estrella del Gobierno para evitar apagones cumplía un año sin utilizarse». Sin embargo, con la llegada de nuevos proyectos por el lado de la demanda, llamados a consumir mucha energía, se espera que tenga un papel relevante con el paso de los años.
No obstante, el pasado 28 de enero, Red Eléctrica volvió a usarlo en hasta dos ocasiones (a las 8:01 y 8:16 de la mañana), activándose una potencia de 865 megavatios en el primer servicio y 860 megavatios en el segundo. El operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, indicó que la continuidad del suministro «no se había visto en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación —que se ha aplicado durante aproximadamente dos horas, que establece la normativa— garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se han visto reducidos los recursos disponibles en el sistema».
Por otro lado, el pasado lunes, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, insistió en que la operación reforzada en que se opera desde el apagón del 28 de abril de 2025 se mantendrá mientras que «no estén seguros al 100%» de que todos los actores del sistema eléctrico cumplen con su obligación de controlar la tensión. Este esquema, centrado en el lado de la oferta, implica la programación de generación síncrona —como ciclos combinados o hidráulica— para garantizar la estabilidad del sistema.
Según señaló la CNMC hace unos meses, «el servicio de respuesta activa de la demanda permite a los consumidores, entre ellos la industria, proporcionar su capacidad de bajar el consumo cuando el operador del sistema eléctrico lo necesita para garantizar la seguridad del suministro; es un servicio voluntario y retribuido; fomenta que los consumidores participen en el mercado mayorista, elemento necesario en la transición energética; permite incrementar la integración de energías limpias y combatir episodios de precios elevados y, por último, da la opción a los consumidores de menor tamaño a participar en el servicio de manera agregada y aumentar la competencia en su provisión».