Marlasca, infradotador bajo mínimos

Hay que ver a Fernando Grande —y Marlasca por parte de madre— ayer, en el acto de jura de bandera de la última promoción de guardias civiles que se desarrolló en la Academia de la Guardia Civil de Baeza.

Actuó y aun sobreactuó en una demostración algo exagerada de empatía, cuando dijo: «Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia… Nada, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Yo también estoy dolido, estoy rabioso…». Al tiempo que tal decía, un estruendo de pitadas y abucheos le cortó el discurso hasta el punto de que la megafonía tuvo que llamar al orden a los asistentes.

Además de la impostación, había algo muy perverso en las palabras del ministro, al mezclar y confundir los sentimientos personales con las responsabilidades del cargo. Y no es la primera vez que le pasa. El 7 de julio de 2019 se celebraba el Día del Orgullo Gay, donde fueron corridos los asistentes de Ciudadanos. Marlasca declaró «ilusorio» pensar que no iba «a tener consecuencias» pactar con quien «trata de limitar los derechos humanos», en referencia al apoyo de Vox a la coalición de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Inés Arrimadas lo acusó de «alimentar el odio contra los votantes de Ciudadanos», probablemente con razón. Lo que es cierto con toda certidumbre es que la expresión del ministro debía más a su condición de militante gay que a su responsabilidad ministerial de garantizar la libertad de expresión y manifestación de Ciudadanos, incluso para asistir a la manifestación por el Orgullo.

Pero volvamos al presente. El martes pasado, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, aseguró que el Ejecutivo no iba a dar «ni un paso atrás» en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de «quienes cada día arriesgan su vida» en ella. Cada vez que un portavoz socialista dice algo, no queda más remedio que preguntarse por el significado que para él, ella en este caso, tienen las palabras que pronuncia.

Los pasos atrás ya los han dado. Por ejemplo, el desmantelamiento de la unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico, OCON-Sur, creada en 2018, formada por 150 agentes de la Benemérita, disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana, especializados en la lucha contra el narcotráfico en el litoral andaluz.

Durante sus cuatro años de funcionamiento, esta unidad registró 10.000 detenciones de narcotraficantes y aprehendió 1.400 toneladas de droga. Al cabo de ese cuatrienio, fue desmantelada por Fernando Grande Marlasca.

Cuatro guardias civiles asesinados después —la protección de los que cada día arriesgan su vida, decía la ministra portavoz—, el Gobierno —PSOE + Sumar— sigue sin reconocer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesiones de riesgo. Ayer por última vez. Y van 71.

El Partido Popular estuvo en su sitio al anunciar el lunes pasado un plan de choque contra el narcotráfico en Andalucía, con penas de cárcel más severas, más medios para la Guardia Civil y la recuperación de la unidad especializada y desmantelada, OCON-Sur. La Memoria de la Fiscalía General del Estado dejaba constancia en 2022 de que, a pesar de que las incautaciones de droga en la provincia de Cádiz siguen siendo altas en relación con Andalucía, las intervenciones de hachís cayeron casi a la mitad.

Siguiendo el patrón oratorio de su jefe, Marlasca ya ha asegurado que no tiene intención de dimitir y se ha dirigido a los narcotraficantes para asegurar que sus crímenes no quedarán impunes. Otro error: a los narcotraficantes no hay que dirigirles mensajes distintos del «quedan ustedes detenidos» de rigor, formulado por los guardias en el momento de ponerles los grilletes.

Les faltan medios y les faltan efectivos. Según los datos de Jucil, solo en la provincia de Cádiz hay un déficit de 503 guardias civiles. «La Guardia Civil está envejeciendo y necesitamos un recambio generacional».

Más protección para los que arriesgan sus vidas, que diría Elma Sáiz: el Ministerio del Interior ha negado el protocolo para que los agentes que luchan contra el tráfico de drogas disparen contra los motores de las narcolanchas que descargan toneladas de estupefacientes en las costas andaluzas.

Un informe del Tribunal de Cuentas alertaba sobre el hecho de que el 83% de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han agotado su vida útil. El diagnóstico del Tribunal es apabullante sobre la infradotación estructural de las inversiones del Ministerio. Con Marlasca, Interior destina menos recursos a la renovación de los equipos de la Guardia Civil que hace 17 años. Marlasca, el infradotador, está él mismo bajo mínimos.