71 veces dolidos y rabiosos

«Yo también estoy dolido, permitidme, estoy rabioso». Estas palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pronunciadas durante el acto de jura de bandera de los alumnos de la 131.ª promoción de guardias civiles en Baeza (Jaén), desataron uno de los mayores abucheos y pitadas que se recuerdan a un miembro del Gobierno de España. Marlaska intentaba unirse, con esa frase, al dolor por la muerte de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha en la costa de Huelva. La mayoría de los invitados al acto no le creyó. No olvidan que han sido ocho años de un Grande-Marlaska que, según este relato, ha maltratado sistemáticamente a la Benemérita. Ocho años de menosprecios, hipocresía y cobardía.

Cobarde fue no acudir al funeral de los dos guardias civiles el sábado 9 de mayo por la mañana. Dice y repite ahora Marlaska que la lucha contra el narcotráfico es su máxima prioridad. Pero no parece que el respeto a los guardias fallecidos lo fuera. Prefirió quedarse en Madrid esa mañana de sábado y volar ya por la tarde al puerto de Granadilla, en Tenerife (España), para estar presente en el operativo montado por el brote de hantavirus en el crucero Hondius. Hasta ocho ruedas de prensa montó el Gobierno para mayor gloria televisiva de Mónica García, Ángel Víctor Torres y del propio Fernando Grande-Marlaska. Era un escenario más apacible y tranquilo.

Tuvo miedo de ir al funeral de Huelva. Tampoco lo hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, como si la Guardia Civil ya no fuera un instituto armado con doble dependencia de Interior, pero también de Defensa. Nadie del máximo nivel del Gobierno. Por supuesto que al presidente Pedro Sánchez nunca se le espera en actos que supongan algún tipo de homenaje, reconocimiento o apoyo político a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Marlaska creyó que en Baeza podría quedar bien delante de las familias de los jóvenes guardias civiles manifestando su «dolor y rabia». Tenía una nueva ocasión este jueves de mantener un poco de dignidad y presidir, como en los años previos, la jura de bandera de la 172.ª promoción de agentes en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en Madrid. Ambiente todavía más castrense, al ser el colegio de los hijos de los propios guardias civiles. Ni con esas. No se arriesgó. El miedo al abucheo le pudo y prefirió irse con su número dos, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y toda la plana mayor de la Policía Nacional a la toma de posesión del nuevo jefe superior de Baleares.

Además de cobarde, Marlaska es hipócrita. Por la mañana, en Baeza, aseguraba, con la voz todavía temblando por los abucheos, que la lucha contra el narcotráfico era su máxima prioridad. Por la tarde, no hacía nada para evitar que la Mesa del Congreso volviera a ampliar el plazo de presentación de enmiendas de una proposición de ley del PP que pide que se reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo.

71 veces se ha repetido este acto de filibusterismo e indignidad parlamentaria. 71 veces en las que los votos del PSOE y de Sumar deciden ampliar el plazo de enmiendas para evitar que se vote la proposición de ley en el Pleno. 71 veces en las que el Gobierno y sus socios de extrema izquierda consideran que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional ni los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera son profesiones de riesgo. Sí se les reconoce, y justamente, a los bomberos, a los miembros de la Ertzaintza, a los de las policías locales, a los de los Mossos d’Esquadra y a los de la Policía Foral de Navarra. Profesiones de riesgo, sin ninguna duda. Como también lo son la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Por eso es entendible el dolor y hasta la rabia que sufren los agraviados tras dos años de maniobras torticeras de la Mesa del Congreso, que, con la complicidad inmoral de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han ampliado hasta en 71 ocasiones el plazo de enmiendas para bloquearlo. Malas artes en el embarrado del proceso legislativo que ahora les salpica por la crisis de los guardias civiles muertos y el patinazo de María Jesús Montero al calificar esas muertes de «accidentes laborales».

Intentan explicar este nuevo bloqueo recordando que hace unos días los principales sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil llegaron a un acuerdo con Interior para abrir una mesa técnica y crear un calendario de reuniones hasta el mes de septiembre. ¿Una maniobra de dilación más? Seguramente. Dos años de dolor y rabia de miles de agentes de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad que ven cómo ellos no pueden acceder a ese coeficiente reductor de la edad de jubilación que les concedería el reconocimiento de la evidente, indiscutible y apabullante peligrosidad de su trabajo.

Tan peligrosa que, en estos años de Grande-Marlaska al frente de Interior, el crecimiento del narcotráfico es total. En territorios por los que circulan casi impunemente. Ya no es solo la zona del Estrecho. Huelva, el Guadalquivir y zonas de Almería y Málaga son terreno habitual desde hace tiempo para estas bandas. Y el Gobierno no se plantea declararlas zonas de especial singularidad. ¿No tiene recursos o no quiere destinar más recursos? ¿Es de verdad la lucha contra el narcotráfico una prioridad?

Coincide la polémica con la publicación de un informe del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, en el que reconoce que ahora hay más de 600 narcolanchas operando en el Estrecho. En el informe se advierte de algo que la Guardia Civil lleva años avisando. Los narcos han perdido el miedo a la autoridad, se muestran más agresivos contra los agentes y exhiben armamento de guerra. Moncloa reconoce la peligrosidad de una lucha contra el narco, pero tampoco toma medidas para hacerle frente. Narcos con fusiles ametralladores iguales a los que se pueden ver en la guerra de Ucrania y que no temen ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional porque saben que están maniatadas en medios, recursos y protocolos de Interior, que les llega a prohibir hasta el uso legítimo de las armas. Nuestros guardias tienen prohibido disparar a los motores de las narcolanchas, como es práctica habitual en casi todos los países. Incluso la lentitud burocrática impide a nuestros agentes usar las lanchas veloces que hayan sido incautadas a los narcos.

Vivimos en los últimos años un derrumbe de las capacidades materiales, jurídicas y morales de nuestras fuerzas de seguridad. El responsable por inacción, desidia o ineficacia dice que la lucha contra el narco es su máxima prioridad. Pero fue él quien se cargó en 2022 a OCON Sur, la única unidad de élite en la lucha contra el narco que hemos tenido y que funcionaba tan bien que frenó mucho el narcotráfico desde Marruecos. Lo cerró sin explicaciones razonables.

Grande-Marlaska, el de la prioridad máxima contra el narcotráfico, es el mismo que no va a los funerales de sus guardias muertos, que sigue sin reconocer ningún plus de peligrosidad a los suyos ni los dota de medios y recursos para esa lucha tan desigual. Una lucha contra el narco en la que el Estado se mantiene solo por la heroicidad y el sentido del deber de nuestros guardias y policías. Aunque estén 71 veces dolidos y rabiosos.