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El TSJC pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre el decreto del Govern contra el 25% de castellano

La Justicia catalana emplaza al Ministerio Público a presentar en un periodo de 10 días sus alegaciones sobre la constitucionalidad de la norma educativa

El TSJC pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre el decreto del Govern contra el 25% de castellano

Josep González i Cambray, consejero de Educación de Cataluña. | EP

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emplazado a Fiscalía y a las partes implicadas en el caso sobre el 25% de castellano en las escuelas a presentar sus alegaciones sobre la «constitucionalidad» del decreto educativo que presentó el Govern para tratar de esquivar la sentencia que obliga a impartir este porcentaje de horas lectivas en la lengua de más de la mitad de los catalanes.

En el auto remitido por la Justicia catalana fijan un periodo común e improrrogable «de 10 días» para que «puedan alegar lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta, respecto del Decreto Ley 6/22 y de la Ley 8/22, por posible vulneración de los artículos 3, 9.3, 24.1, 27, 86 117 y 118 de la Constitución española».

El Govern agotó el periodo fijado por el mismo tribunal para aplicar de forma voluntaria la sentencia sin hacer cambios en sus planes educativos. Una vez entrados en el periodo de ejecución forzosa de la sentencia, el Ejecutivo autonómico esperó hasta el último día de dicho periodo, el 31 de mayo, para presentar ante la justicia el decreto educativo aprobado en el Parlament para que se determinara «la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia dictada en estos autos, suscitándose dudas de inconstitucionalidad respecto de los citados textos con fuerza de ley».

El TSJC emplaza al Ministerio Público a presentar sus alegaciones después de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) instara al tribunal a plantear ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. Pese a que el TSJC no considera que debe frenarse la ejecución de la sentencia -solicitada por la AEB ante la pasividad de la Abogacía del Estado de iniciar un incidente de ejecución-, ha remitido ahora, como parte del procedimiento habitual, este requerimiento a las partes.

Incompatibilidad del decreto con la sentencia

En su escrito, la entidad presidida por Ana Losada consideró en su escrito que el decreto de la Generalitat «no imposibilita legalmente la ejecución de la sentencia» porque no afecta a ninguna de las normas que manejó el TSJC para fundamentar dicha sentencia, y los proyectos lingüísticos de los centros, que sí constan en el texto, no pueden cambiar el régimen jurídico.

La entrada en vigor del nuevo decreto fue posterior a la sentencia en firme y ya en fase de ejecución. El TSJC constata que la nueva ley contradice la sentencia del 25% y ante las dudas sobre su constitucionalidad pide a las partes que se pronuncien al respeto. El Govern, en cambio, presentó la nueva ley ante el tribunal como instrumento para dar por cumplida la sentencia.

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