Interior premiará con una medalla pensionada al comisario de la polémica del test de ortografía
Interior ha propuesto condecorar al comisario Cirilo Durán con la medalla de plata. Una distinción vitalicia que lleva aparejada una subida del 15% de la pensión
El comisario jubilado Cirilo Durán. | TO
La Dirección General de la Policía ha propuesto este miércoles condecorar a seis comisarios principales jubilados con la medalla de plata al mérito policial, que lleva aparejada una subida del 15% de la pensión, esto es, como mínimo 250 euros más al mes, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Entre los posibles distinguidos a petición del Ministerio del Interior, destaca Cirilo Durán, exjefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. El mando que estuvo al frente de este departamento, encargado de los procesos selectivos del Cuerpo, cuando estalló la polémica por la prueba de ortografía que hace un año tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que dejó fuera del proceso a miles de aspirantes.
Tres meses después de ser designado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, en noviembre de 2019, la división que dirigía este comisario fue la encargada de elaborar el examen de ortografía de las oposiciones a Policía que terminó en los tribunales por establecer como incorrectas cuatro palabras que no lo eran frente al criterio de la Real Academia de la Lengua (RAE). Un escándalo que se tradujo en cientos de recursos de opositores —finalmente estimados— en los juzgados y por el que el Ministerio del Interior decidió retirar esta prueba de manera indefinida en los exámenes de acceso en febrero de 2022.
En la reunión que ha mantenido con los sindicatos policiales, la Dirección General también ha propuesto para la concesión de la medalla de plata a Gonzalo Espino, ex jefe superior de la Policía Nacional en Baleares; Pedro Luis Melinda, ex responsable de la Comisaría General de la Policía Científica; Juan José Campesino, ex jefe superior de la Policía Nacional de Castilla y León; Alfonso Navarro, ex jefe superior de la Policía Nacional de la Región de Murcia y Julio Casal; ex jefe de la División de Económica de la Policía Nacional.
Jupol impugnará las medallas
El encuentro entre miembros del departamento dirigido por Francisco Pardo y representantes de organizaciones sindicales, que han propuesto otros nombres, se enmarca, según indican fuentes policiales, dentro de un proceso que culminará el próximo mes de septiembre, cuando el Ministerio del Interior, salvo cambios, haga públicas las distinciones vitalicias en la Orden del Mérito Policial. «El Ministerio propone a sus candidatos y los sindicatos a los suyos, pero la última palabra siempre la tiene la Administración», señalan las mismas fuentes.
En cualquier caso, el sindicato mayoritario de Policía, Jupol, ya ha avanzado que recurrirá la concesión de las medallas en los tribunales porque, a su juicio, «no se rige por la normativa vigente ni cumple con los requisitos marcados en la misma para la concesión de este tipo de galardones. Esta organización denuncia que se trata de «una actuación administrativa tomada a capricho y conveniencia, de manera arbitraria y solo basándose en el deseo de la Administración, lo cual es absolutamente impropio de un Estado Social y Democrático de Derecho».
Miles de afectados
El polémico examen de ortografía impidió acceder a la Policía a cerca de 4.000 aspirantes en 2019. Tres años después, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM estimó el recurso de los afectados, organizados bajo la plataforma Justicia 36, y ordenó al Ministerio del Interior corregir la prueba. Un pronunciamiento judicial que abrió la puerta a que otros afectados, no solo en esta promoción sino también en posteriores en las que la prueba de ortografía también se tornó polémica—también bajo el mando del comisario Cirilo Durán—, recuperasen la oportunidad perdida de acceder a la Escala Básica de la Policía Nacional.
La prueba constaba de cien ítems y tenía como objeto conocer los conocimientos de ortografía de los aspirantes tomando como base el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de la Real Academia Española (RAE). Debían indicar si se trataba de una palabra escrita de forma correcta o incorrecta. Los aspirantes disponían de ocho minutos para completarlo y los errores penalizaban.
Tras los resultados, los opositores vieron claro que cuatro palabras inducían al error (LGTBI, ciberataque, prominente y reditar), pues aunque estaban marcadas como incorrectas, en realidad, eran correctas. Y así lo avalaron después ante el tribunal examinador con un informe de la RAE. Un documento que fue ignorado por la Policía Nacional, pero que el TSJM consideró totalmente válido. Es más, en la sentencia, el tribunal calificó de «inadmisible» considerar esas palabras como incorrectas, cuando no lo eran.
