Junts pide dinero a sus candidatos para poder pagar la campaña electoral del 23-J
El partido atraviesa una mala situación financiera y tiene todavía pendiente el pago de facturas del 28-M
Acto de inicio de campaña de Junts. | Europa Press
Junts per Catalunya afronta las elecciones generales del 23 de julio en plena desmovilización independentista. La derrota de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha restado al partido capacidad de atraer a sus votantes a las urnas, al sumar una nueva derrota judicial. Asimismo, la pérdida de los derechos electorales frente al PDeCAT les ha quitado músculo financiero. En esta coyuntura, Junts ha pedido a sus candidatos donaciones y préstamos para poder financiar la campaña electoral.
En su página web explican cómo hacer donaciones o préstamos de 1.500, 3.000 o 10.000 euros que se devolverán «con la subvención prevista de cada partido, que se recibe en función de sus resultados electorales». Si bien en los comicios autonómicos de 2021 ya tuvieron que recurrir a este método -y a recoger firmas porque el PDeCAT ostentaba los derechos electorales tras la ruptura de la coalición-, sus opciones de lograr un buen resultado en estas elecciones parecen más lejanas y necesitan movilizar el máximo de recursos -económicos y humanos- posibles.
Según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió, Junts quedaría relegada como cuarta fuerza, con 5-7 escaños, por detrás del PSC, ERC y los comunes. Además, Puigdemont y la presidenta del partido, Laura Borràs, son de los dirigentes peor valorados. Mientras el expresidente catalán obtiene un nota media de 4, la expresidenta del Parlament logra una nota media del 3,7. A esto se le suma una campaña de sectores del independentismo, y que va adquiriendo mayor fuerza, que pide abstenerse el próximo 23 de julio como forma de castigar a los partidos independentistas por no haber avanzado en la agenda rupturista.
Facturas sin pagar
Con todo, se ha originado una especie de tormenta perfecta que amenaza a las arcas de la formación: «No pasamos por un buen momento. Quedan facturas por pagar de carteles y actos de las elecciones municipales», explican desde el partido a THE OBJECTIVE. De hecho, el planteamiento de esta campaña es mucho más austero y con menos material, añaden las fuentes consultadas.
La candidata de Junts por Barcelona al Congreso, Míriam Nogueras, lo fía todo a su proyección mediática, a la ascendencia que todavía tiene Puigdemont sobre el partido y a la posibilidad -que ya se vio en los comicios del pasado 28 de mayo- de recuperar terreno frente a ERC por la apuesta de diálogo con el Estado de los de Oriol Junqueras. Pese a que sus anteriores socios del PDeCAT han tomado impulso con la coalición Espai-CiU, que lidera el joven Roger Montañola, en Junts están convencidos de que la batalla en el espacio del nacionalismo se dirimirá entre ellos y ERC.
Préstamos con un interés del 4%
El plazo para devolver los préstamos es de un año, que coincide con el «plazo suficiente para recibir la subvención electoral». Los préstamos son de un interés del 4%, que fija el Euríbor, más un punto porcentual que se abona cuando vence el contrato. Estos intereses tributan como renta de ahorro, con una retención de origen del 19% y no gozan de deducción fiscal.
La Agencia Tributaria de Cataluña es la encargada de gestionar estos préstamos, que «figurarán correctamente registrados a la contabilidad del partido», concluyen.
«Insultos a Puigdemont»
Junts per Catalunya ha diseñado una campaña electoral basada en criticar los pactos de ERC con el PSOE. Sin comprar las tesis de los republicanos de que un gobierno de PSOE y Podemos es mejor que uno de PP y Vox. A este respecto, Nogueras no ha dudado en criticar que PP y PSOE «llevan décadas trabajando muy fuerte para parar» a Cataluña.
La candidata de Junts también sostuvo en un mitin en Vic (Barcelona) que el mandato de Pedro Sánchez había consistido en «insultar al presidente Puigdemont» y celebrar las sentencias en su contra. Algunos interpretaron estas palabras como un intento de rentabilizar la derrota ante el TGUE para movilizar a su electorado. Pero lo cierto es que el calendario político y judicial ha ido, esta vez, en contra de los intereses de Junts, que todavía no se han recuperado económicamente de la campaña del 28-M.
