Un libro revela las causas de la caída de BPA: ni «cloacas» del Estado ni «Operación Cataluña»

Mucho se ha especulado sobre las causas que llevaron a la caída de la Banca Privada de Andorra (BPA). En Cataluña, en los últimos tiempos, se ha impuesto la tesis de que fueron una suerte de víctimas de la llamada Operación Cataluña que habría pergeñado el Gobierno de Mariano Rajoy en su presunta «guerra sucia» contra el independentismo durante los años del procés. Pero las primeras resoluciones judiciales, como en su momento el Departamento Antifraude de los Estados Unidos (FinCen), acreditan que fue un caso de «blanqueo de capitales» a gran escala. Sin vínculos con la coyuntura política. 

El nuevo libro La caída de Banca Privada d’Andorra: los emails delatores, escrito por el periodista Ricard Poy y el informático José Luís Pérez, también conocido por llevar la cuenta La Mano Negra en la red social X, reproduce parte de esos «mails delatores» que se recogieron en la auditoría elaborada por Price Waterhouse Cooper (PwC) por petición de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), del Principado de Andorra, y que forman parte de la macrocausa judicial que afecta a los propietarios y directivos del BPA.

La obra en cuestión ha sido autoeditada fuera de Andorra por las dificultades de encontrar una casa editorial que quisiera publicar un libro crítico con la familia propietaria del extinto BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco. «Se tuvo que imprimir en Madrid y a escondidas. Lo bueno es que los protagonistas son ellos mismos, los que relatan las operativas ilícitas e ilegales desde 2004; no hay opiniones, lo cuentan ellos», explica uno de sus autores, José Luis Pérez, en conversación con THE OBJECTIVE.

Correos internos

La caída de Banca Privada d’Andorra: los emails delatores muestra, a través de los correos internos entre los gestores y los directivos, la trayectoria de la entidad desde sus inicios —con la captación de clientes en el exterior— hasta su destrucción. Los autores señalarían que los mails revelaron también que BPA nunca tuvo «la intención de convertirse en un banco corrupto» y que todo fue «mucho más humano» al cometer «el error de querer captar capitales en plazas de alto riesgo». 

En 2001, el BPA era el banco más pequeño de Andorra y su vía de crecimiento pasó por conseguir capital extranjero. Para sortear el escollo de no tener licencia bancaria y poder operar en Uruguay, Argentina y México, crearon «una trama de sucursales encubiertas» para obtener clientes y enviar los fondos a cuentas de Andorra.

«Para arreglar el problema A (captar en unos territorios donde no podían captarlo porque no tenían licencia de actividad financiera), crearon el problema B (cómo llevarlo); para arreglar el B, crearon el C (cómo dar apariencia de legalidad a las transferencias por las sospechas de los bancos corresponsales) y el D (implantación de sociedades pantalla, creación de documentación falsa…)», abundan.

Uno de los correos —que figura en el libro— donde se da fe de «prácticas, a todas luces, ilícitas» es el de Alfredo Español, director de Asesoría Legal de Negocios Internacional del BPA. Español solicita al responsable del departamento legal del BPA que pida a los empleados que cesen en el envío de correos donde se detallan estas prácticas desde países de América Latina donde captan fondos: «Te agradeceré pidas a nuestros colegas allí desplazados que no vuelvan a enviarte, ni a ti ni a nadie, correos de este estilo en los que se describa su propuesta para que el banco acepte realizar actividades, a todas luces, ilegales. El grado de descripción es de premio…».

Primera condena

La justicia tiene sus tiempos. De la decena de causas abiertas sobre el BPA, el año pasado se produjo la primera condena contra Joan Pau Miquel, ex consejero delegado de la entidad, a quien, junto a otros 15 empleados, se le impuso una pena de siete años de prisión por un delito de blanqueo de capitales con un único cliente. Miquel ha recurrido esta sentencia.

Se trata de la primera sentencia desde que en 2015 el FinCen estadounidense acusara al BPA de utilizar dinero del crimen organizado de Rusia, China y Venezuela, y la entidad pasara a ser intervenida en Andorra y España. El Tribunal de Corts andorrano corroboró que la entidad participó en una trama organizada que facilitó el blanqueo de 70 millones de euros del grupo chino Gao Ping entre 2007 y 2011.

El ‘caso Venezuela’

Además de esta primera resolución judicial, hay otros dos casos vinculados al BPA en los que se han producido ya los autos de procesamiento: el caso Landsreet y el caso PDVSA. Este último afecta a los jerarcas chavistas que estaban al frente de Petróleos de Venezuela por un presunto blanqueo de capitales.

En el libro relatan cómo algunos de las primeras espadas del régimen que en aquel entonces lideraba Hugo Chávez expoliaron cerca de 1.500 millones de dólares a Petróleos de Venezuela. «Un grupo dirigido en la sombra por el número dos del régimen y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, se encargó de la trama. Ramírez, que también era el presidente de la petrolera, puso a su primo hermano Diego Salazar al frente. Lo acompañaban hombres de confianza como su antiguo número dos en el Ministerio, Nervis Villalobos. Los sobornados, en este caso los directivos de Petróleos de Venezuela que debían aprobar las concesiones, también tenían cuentas en BPA a nombre de sociedades panameñas». 

En el año 2018, la Justicia andorrana procesó a 28 personas, entre venezolanos y gestores y directivos de BPA, por integrar esta presunta red de lavado de dinero y sobornos a cambio de contratos. «Se desviaron 2.000 millones de dólares de la empresa petrolera venezolana PDVSA entre 2007 y 2012», abunda el libro. En la actualidad se encuentran en espera de que se celebre el juicio tras confirmarse su procesamiento. Entre los acusados están nueve personas de Andorra, incluido el CEO de BPA, Joan Pau Miquel, cinco de España y 14 venezolanos, incluso los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado y Luis Carlos de León Pérez, exfuncionario de una empresa estatal de electricidad en Caracas. 

El libro explica cómo la jueza puso en primer lugar de las acusaciones a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, quien fue presidente de PDVSA entre 2004 y 2013 y colaborador cercano del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Salazar está preso en Venezuela junto con otros acusados y Ramírez, con orden de búsqueda y captura internacional, se halla escondido en Italia, que se ha negado a extraditarlo. 

JP Morgan, el primero en actuar

El primer banco intermediario que reportó al FinCen de Estados Unidos «las sospechas sobre prácticas irregulares» fue JP Morgan. Este banco renunció a seguir operando con BPA por los «indicios de operativas irregulares y/o ilícitas el 1 de octubre de 2010». Le seguirían cinco más, entre ellos, Société Générale. 

El libro pone a disposición de los lectores fragmentos de cientos de correos electrónicos escritos por sus gerentes y directivos comentando sus dudas por el tipo de actividad desplegada por el banco. Uno de los detalles más significativos es que dicha documentación precede a la nota de aviso que el FinCen envió alertando de las actividades del banco. El independentismo catalán ha intentado hacer creer que lo que motivó dicha nota fue la lucha de «las cloacas» del Estado español contra la causa secesionista. Pero los «mails delatores» se remontan a una década atrás.